Galicia lleva casi dos décadas sometida a un proceso de envejecimiento y pérdida de población que se ha acelerado durante los últimos trece años de gobiernos del Partido Popular, cuyas políticas para frenar esa sangría, según la oposición, han sido inexistentes o inoperantes. Alberto Núñez Feijóo deja una Galicia en proceso de vaciado, especialmente en las zonas interiores, incluidas algunas ciudades y villas medianas.

Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad ha perdido en los últimos once años una población de más de 102.000 personas. Es decir, más que todas las que habitan en la ciudad de Santiago, su capital.

El porcentaje de gallegos y gallegas mayores de 65 años supera en más de diez puntos al de jóvenes menores de veinte, y, el índice de envejecimiento, que mide la proporción entre ese primer tramo de edad y el de menores de dieciséis, alcanza el 207,32%. Es el segundo más alto de toda España, sólo por detrás de Asturias, 78 puntos por encima de la media nacional (129).

Galicia alcanzó su cifra récord de habitantes -cerca de 2,8 millones- en el 2010, un año después de que Feijóo llegara a la presidencia de la Xunta, y desde entonces ha ido cayendo a un ritmo de 10.000 personas al año, con picos de hasta 16.000 menos en un sólo ejercicio. Sería absurdo atribuir a esa coincidendia un carácter causal, pero la oposición cree que el Gobierno gallego no ha hecho nada desde entonces para revertir el problema.

Durante la campaña electoral del 2009, Feijóo aseguró que la crisis demográfica era una de sus mayores preocupaciones y prometió medidas para atajarla. Trece años después, éstas han consistido en la creación de un Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, creado en el año 2016 y que a día de hoy ni siquiera cuenta con página web, y una Ley de Impulso Demográfico aprobada el año pasado que según Feijóo suponía una verdadera estrategia "transversal y a largo plazo", pero que según la oposición era y es papel mojado.

Olalla Rodil, diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), recuerda que el Observatorio de Dinamización Demográfica presentó en julio del 2018 un informe sobre las perspectivas demográficas de Galicia que recogía "un buen diagnóstico de la situación". Pero, a su juicio, la nueva ley no ha dado continuidad a ese trabajo porque no afronta la resolución de los problemas estructurales detectados y se queda "en un compendio de buenas intenciones y políticas natalistas fracasadas".

"Está bien que se contemple la gratuidad de la educación de cero a tres años porque garantiza el derecho de los niños a la educación y el de sus progenitores a la conciliación, pero no va a servir para que nazcan más niños", dice la diputada, quien alerta también de la escasa utilidad de las ayudas fiscales a la maternidad: "Nadie se plantea tener hijos mirando la declaración de la renta".

Además, Rodil lamenta que la nueva legislación no tenga en cuenta factores como la incidencia de la emigración, una realidad que en Galicia lleva lastrando el crecimiento de la población desde finales del siglo XIX, y que se haya institucionalizado "como algo negativo". "El aumento de la esperanza de vida es una conquista social enorme, y lo que tenemos que lograr es garantizar el bienestar y los derechos de quienes llegan a esas edades", apunta.

Para Marina Ortega, diputada autonómica del PSOE, la Ley de Impulso Demográfico "es una norma vacía de contenido, repleta de expresiones como hay que apostar por, tenemos que encaminarnos a... Pero sin ninguna medida concreta ni compromisos financieros ".

"El día en que la aprobaron felicité al equipo de marketing de Feijóo por haber colocado tan bien la idea de que Galicia era la primera comunidad española en tener una ley como esa, cuando en realidad no dice nada", añade. "Como ejemplo del engaño, basta comprobar que los presupuestos del 2021, el año en que la aprobaron, contemplaban recortes en las inversiones destinadas a juventud y a fijar población en el rural, que son dos partidas claves para el reto demográfico".

Ortega advierte también de que no es sólo que los gobiernos de Feijóo no hayan hecho nada para evitar la sangría demográfica -más de 189.000 personas dejaron la comunidad entre el 2011 y el 2020-, sino que sus políticas han incentivado la huida de las áreas más desfavorecidas. "Están cerrando centros escolares y desmantelando hospitales, dejando sin servicios a zonas rurales donde además permiten que la banca cierre oficinas y las sustituya por cajeros automáticos", señala.

La diputada también critica que Feijóo use la situación demográfica de Galicia "como arma contra el Gobierno, si este es del PSOE, para exigir más financiación, cuando luego esos fondos no se invierten precisamente en resolver esa situación".

De los 330 municipios de Galicia, 261 han perdido población en los últimos diez años. Cerca de cuarenta, el 12% del total, ya tiene menos de mil habitantes -en el 2009 eran dieciocho-. Uno de ellos es Verea, en la comarca de Terras de Celanova, en el suroeste de Ourense, que pasó de 1.516 habitantes en el año 2000 a 1.238 en el 2010 y a 914 en el 2021.

El alcalde es José Antonio Pérez Valado, del BNG, que accedió al Gobierno local en el 2019 después de lustros de mandatos del PP. El año pasado el padrón municipal registró un aumento de inscritos por primera vez en catorce ejercicios: dos habitantes más. "Puede sonar anecdótico, pero significa que hemos empezado a contener la caída", expone.

Verea tiene más población mayor de 65 años que entre uno y 64, y 42 niños en edad escolar. El alcalde explica que el Ayuntamiento ha tomado medidas para atraer habitantes como poner en marcha vivienda social de alquiler, ayudas por alumbramiento y para material escolar y un servicio de conciliación gratuito con actividades extraescolares para que las madres y los padres que trabajan por las tardes puedan dejar allí a sus hijos.

El regidor añade que tan importante como atraer población es mantenerla, especialmente las personas mayores, que se ven casi forzadas a dejar su localidad y mudarse a un núcleo vecino más grande, como Celanova, si se quedan sin acceso a los servicios básicos que necesitan. "Los mayores de 75 años necesitan tener un acceso fácil al médico y a la farmacia. Por eso pusimos en marcha un servicio de transporte público gratuito", dice.

El alcalde, sin embargo, admite que se trata "de medidas paliativas". "Nosotros somos muy pequeños, necesitamos atraer a más población en edad de tener hijos y para es necesaria la implicación real de todas las instituciones, especialmente de la Xunta", concluye.