El sistema judicial de Croacia está en tela de juicio, después de que la mayoría conservadora en el Parlamento de Zagreb haya permitido que el primer alto funcionario del país condenado por crímenes de guerra cometidos en 1991 contra civiles serbios, Branimir Glavas, se burle y huya de la Justicia.

Glavas, ex comandante de la defensa de Osijek, general y ahora diputado en el Parlamento, fue condenado el viernes pasado a diez años de prisión por un tribunal de Zagreb en primera instancia.

Pero el acusado no compareció cuando se dictó la sentencia y ese mismo día desapareció, dejando una grabación de vídeo donde asegura que no permitirá que lo capturen y que es víctima de un montaje político.

La Policía croata ha confirmado que Glavas ha pasado a Bosnia-Herzegovina y que se encuentra en una zona meridional poblada por croatas-bosnios, mientras que los medios locales aseguran que tiene ciudadanía bosnia gracias a sus padres.

Ha recurrido al truco practicado por varios criminales condenados en Croacia: consiguen la ciudadanía bosnia y se van allí, quedando impunes, ya que la legislación de Bosnia no permite la extradición de sus ciudadanos a otro país, aunque puede juzgarlos.

Además, la mayoría de los diputados en el Parlamento decidió en 2008 quitarle la inmunidad sólo para permitir la continuación del juicio en su contra, pero manteniéndole "la parte de la inmunidad" que impide que pueda ser detenido.

Así, a pesar de la condena, Glavas no podría ser detenido en Croacia, hasta que el Parlamento decida retirarle esa inmunidad.

De esta forma, el intento de satisfacer con la aplicación de la Justicia a las víctimas y la opinión pública que condena los crímenes se ha convertido en un "circo judicial", como ya habían bautizado este proceso algunos medios previamente.

"Las estructuras políticas permitieron a Glavas burlarse de la ley y abusar de su inmunidad parlamentaria durante el proceso, y ahora le da posibilidad de nuevo de ridiculizar el Estado de derecho", comentó a Efe el periodista Drago Hedl, de Osijek.

Hedl fue el primero en revelar a la prensa, años antes de que empezara el juicio, la responsabilidad de Glavas en la "desaparición" de posiblemente decenas de civiles serbios en la ciudad croata de Osijek y ha estado repetidas veces bajo amenaza de muerte.

Gavlas es el funcionario croata de más alto rango acusado y condenado hasta ahora por crímenes de guerra contra los serbios.

Junto con cinco otros colaboradores, sentenciados a penas de prisión de entre 5 y 8 años, ha sido responsabilizado de la tortura y muerte de al menos trece civiles.

Una de las víctimas murió en medio de terribles sufrimientos, después de que fuera obligado a beber el ácido de un acumulador de automóvil, y otras fueron atadas con cuerdas y tiradas a un río.

Años después de la guerra, incluso hoy, Glavas sigue siendo el "hombre fuerte" de la Eslavonia oriental croata.

Fue el jefe regional de la conservadora Unión Democrática Croata (HDZ) fundada por el primer presidente de Croacia, Franjo Tudjman, y encabezada ahora por el primer ministro Ivo Sanader, jefe de la provincia oriental y diputado en el Parlamento nacional.

Salió en 2003 de la HDZ y formó un partido regionalista, el HDSSB, con el que en las elecciones de 2007 logró un segundo mandato parlamentario.

El juicio en su contra, iniciado en 2005, estuvo acompañado de muchas controversias.

Así, Glavas realizó varias huelgas de hambre para salir de la cárcel, lo que logró por completo durante el segundo juicio, a pesar de la gravedad de las acusaciones y la intimidación de los testigos, de modo que acudía a las sesiones del Parlamento.

El proceso tuvo que ser repetido, a causa de un error de procedimiento en el primero.

El viernes pasado, el tribunal pidió inmediatamente después de dictar la condena que el Parlamento le levantara la inmunidad, pero la comisión competente respondió que no se reuniría antes del lunes.

El rotativo "Jutarnji list" de Zagreb asegura que tiene pruebas de que la demanda llegó a tiempo al Parlamento y que, al no considerarla inmediatamente, los diputados de la HDZ encargados del caso violaron el reglamento, que prevé una respuesta inmediata a las peticiones de la Justicia.