La revisión del sistema de supervisión financiera planteada hoy por la Comisión Europea (CE) es "un punto de partida realista para acometer una reforma sustancial", según la Federación Europea de Banca (FEB).

En un comunicado, la patronal bancaria valoró el compromiso del ejecutivo comunitario por dotar a la UE de un modelo de supervisión más integrado y se mostró de acuerdo con los cambios que propone.

Bruselas plantea potenciar la supervisión a nivel macro y microeconómico, mediante la creación de un nuevo Consejo de riesgos sistémicos -que emitirá alertas y recomendaciones cuando vea la estabilidad financiera amenazada- y de tres nuevas autoridades de supervisión -para mejorar la coordinación entre los supervisores nacionales y mediar entre ellos en caso de desacuerdo-.

El secretario general de la FEB, Guido Ravoet, respaldó la puesta en marcha del Consejo para la prevención de riesgos, aunque alertó sobre las dificultades para un funcionamiento realmente efectivo de un organismo que contará con alrededor de sesenta participantes, más de la mitad con categoría de miembros y derecho a voto.

Según la propuesta de Bruselas, en el Consejo estarán el presidente y vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), los gobernadores de los 27 bancos centrales, los presidentes de las tres nuevas autoridades de supervisión, un miembro de la Comisión y, como observadores, un representante de cada supervisor nacional y el presidente del Comité Económico y Financiero de la UE.

Respecto a las nuevas autoridades comunitarias de supervisión (para banca, seguros y bolsa), Ravoet consideró que deben centrarse en fijar reglas comunes para todos los países y coordinar la recogida e intercambio de información, tanto en situación normal como en tiempos de crisis.

La única queja de la patronal bancaria tiene que ver con que no se haya tenido en cuenta a la industria, al menos para incluirlos en un rol consultivo en los nuevos organismos.

También apuntó que la propuesta de la Comisión no hace ninguna alusión a la cuestión de cómo repartir las cargas financieras entre países en caso de quiebra de una entidad transfronteriza.