No quería ponerse sentimental, pero lo ha hecho. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en un tono de lo más dramático y haciendo gala de su empatía con los que han sido desahuciados ha asegurado que 'nos podría pasar a cualquiera, incluso los que estamos aquí sentados'. Ante el asombro y la carcajada espontánea de gran parte del auditorio que ha asistido a la firma del convenio del Fondo Social de Viviendas, ha tratado una y otra vez de transmitir cómo  el Gobierno del PP también se pone en la piel de las familias que están sufriendo la crisis.  'El convenio recoge el derecho a fracasar y a hacer una inversión equivocada, a perder un sueldo, pero no a haber perdido una vida', ha afirmado con la voz a punto de quebrarse.

La número dos de Rajoy, continuando con su planeado discurso sentimental, se ha comprometido a hacer un seguimiento 'mes a mes' de la entrega de llaves del Fondo Social de Viviendas a las familias que se hayan visto afectadas por desahucios. Porque lo que más le importa, según dice, es 'ponerle nombre a esas llaves, para comprobar si son las llaves de la esperanza'.

Pese a que la vicepresidenta ha tiltado de 'importante para la acción política del Gobierno' la rúbrica del convenio, no ha acudido ningún miembro destacado de las entidades bancarias firmantes. Ni siquiera la presencia de los ministros de Economía, Fomento y Sanidad han logrado atraer la atención de los presidentes de los organismos de crédito.

El fondo estará compuesto por un total de 5.891 viviendas, cifra que la vicepresidenta ha calificado de 'no ser excesiva, aunque sí 'solidaria'. Todas ellas serán aportadas por las 33 entidades que han rubricado el acuerdo (aunque el 46% de los pisos cedidos pertenecen a Bankia, BBVA y Caixabank). El alquiler de los pisos oscilará entre los 150 y los 400 euros al mes con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. Este contrato estará vigente durante al menos dos años, con posibilidad de prorrogarlo otro más si las condiciones económicas se mantienen. Los solicitantes de estas viviendas han de ser familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus hogares después de 1 de enero de 2008. 

Por su parte, el PSOE ha pedido al Gobierno que vaya 'más allá' de la 'caridad' en la articulación de alquileres sociales para personas especialmente vulnerables y que acometa reformas profundas de la legislación vigente para evitar los 'abusos del sistema hipotecario' que, a su juicio, se han dado hasta la fecha.

Así lo ha afirmado la portavoz socialista de Vivienda en el Congreso, Leire Iglesias, quien recuerda que 'el alquiler social no es caridad sino la regulación de un derecho de los ciudadanos' por lo que es necesario crear un parque público de alquiler social para 'garantizar' el acceso a una vivienda 'a un precio acorde a las circunstancias económicas y familiares' de cada ciudadano que haya sido desahuciado por una situación de insolvencia sobrevenida.

La diputada socialista ha instado al Gobierno a habilitar una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que 'facilite el aplazamiento temporal y parcial en la obligación de pago del 50% del importe de las cuotas hipotecarias de personas en situaciones de especial vulnerabilidad', tales como desempleados, autónomos que hayan cesado su actividad económica o acrediten ingresos íntegros inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y pensionistas de viudedad por fallecimiento ocurrido una vez concertado el préstamo hipotecario.