En un proceso en el que el Banco de España exige transparencia, el supervisor dejó ayer la horquilla de necesidades de capital de las cajas abierta en 13.149 millones de euros de ayudas públicas. Desde los 2.800 hasta los 15.949 millones. Apenas hay una certeza. Esos 2.800 millones de dinero público que serán inyectados a la CAM, que significarán su nacionalización.

Las salidas para las otras ocho entidades con necesidades de reforzar su solvencia quedan, desde ayer, en un espectro de posibilidades que no facilitan las peticiones de claridad que reclaman los mercados, inversores y en estos días el FMI. En un escueto comunicado, el Banco de España anunció ayer que aprueba las estrategias de todas las cajas a las que se les había exigido un plan de recapitalización para cumplir con los requisitos de solvencia. Sin embargo, apenas ofreció detalles ni cifras, como sí ha sucedido desde que se ha iniciado el proceso de reestructuración del sector.

El Banco de España se escuda en la confidencialidad para no aportar datos

En el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez justifican este mutismo en el elemento de confidencialidad de la actividad supervisora y que no se pueden contar los detalles de cada estrategia porque esa información depende de las propias entidades. Sin embargo, en su nota sí detalló los planes solicitados por la CAM y por los que fueron sus tres socios en Banco Base. Además, desde el supervisor se recalcó que las necesidades de capital ya se conocían y no era necesario repetirlas.

Las cajas afectadas, sin embargo, fueron las primeras sorprendidas por la escasez de información de una comunicación que fue calificada, desde diferentes entidades, como 'sonrojante, plana, pobre y lo que para nada necesita este proceso'.

Sin citarlas, el Banco de España comunica que cuatro SIP (Bankia, Banca Cívica, Mare Nostrum y los ex Banco BaseCajastur, Caja Extremadura y Cantabria) captarán su capital en Bolsa o con la incorporación de inversores privados. Esta última opción será la que presentó, y así ha sido aprobada, la fusión que lidera Cajastur. El nuevo SIP, que cuenta con un core capital (valor de la entidad frente a sus activos de riesgo) del 8,4%, necesita 519 millones para alcanzar el ratio mínimo del 10%. Con esa inyección de capital privado, la nueva entidad contará con un sobrante de 600 millones que puede utilizar para entrar en otras operaciones.

El organismo se aparta de su línea de transparencia de todo el proceso

Según la nota del Banco de España, 'tanto estos grupos (los cuatro SIP) como para el resto de cajas que requieren reforzar su capital se contempla como una de las opciones la aportación de capital por parte del FROB, ya sea parcialmente o en su totalidad'. En ese cajón de sastre se introduce tanto a Caja Duero-España y Unicaja, una fusión que no necesitará supuestamente el dinero del FROB, como a Unnim, que presentó el recurso al FROB como cuarta alternativa (a la que tendrá que someterse), tras cotizar en los mercados, inversores privados y una posible unión con otra entidad o grupo de cajas.

Allí también queda encuadrada Novacaixagalicia, otra de las entidades que acabarán nacionalizadas, tras solicitar 2.622 millones al FROB. Una petición que intentarán minimizar hasta el 30 de septiembre, fecha en la que las cajas deben contar con el capital que han prometido en sus planes, con un duro plan de ajuste interno y la aportación de inversores privados. Uno de ellos puede ser la aseguradora Aviva. Su entrada obligaría a la caja gallega a pagar una indemnización de 125 millones de euros a Caser, su socio.

En cuanto a CatalunyaCaixa, su petición de 1.718 millones al FROB aún está siendo objeto de estudio entre el supervisor y la propia entidad, para diferenciar la cuantía de la que llegará como préstamo y la que tendrá representación en el Consejo. Con la caja catalana serán cuatro las entidades que con toda probabilidad tendrán que recapitalizarse con ayudas públicas.

Por otra parte, Ibercaja, una de las pocas cajas que se mantienen en solitario, acordó ayer convertirse en banco. Los trámites culminarán en septiembre. La entidad explicó que así aumenta su capacidad para acometer proyectos con los que aumentar su tamaño sin dañar su solvencia.