Dirigentes de la recién creada Unión Socialista de Trabajadores de la Construcción (USTC) de Venezuela expresaron hoy su apoyo a la nacionalización de la industria del cemento y pidieron al Gobierno que la extienda a otras áreas del sector.

"No solamente se debe nacionalizar el sector cemento, sino también el cabillero (varillas) y el del acero", dijo a los periodistas el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, Manuel Muñoz, una de las instancias de la USTC.

Marco Tulio Díaz, presidente de la Federación Nacional de la Construcción, otra de las organizaciones obreras de la USTC, también expresó su apoyo a la medida anunciada el jueves por el presidente del país, Hugo Chávez, quien aún no ha definido del todo el asunto.

Tal definición, principalmente de cuánto tiempo tomará el asunto, estará a cargo del mismo Chávez y del vicepresidente del Ejecutivo, Ramón Carrizales, anunció hoy el ministro de Industrias básicas y Minería, Rodolfo Sanz.

La medida afectará principalmente a tres cementeras, todas extranjeras: la suiza Holcim, la francesa Lafarge y la mexicana Cemex, una de las tres mayores del mundo y que en Venezuela figura como la mayor fabricante nacional de cemento, agregados (arena y grava) y hormigón.

Cemex controla el 52 por ciento de la producción venezolana de cemento, con tres plantas que producen 4,6 millones de toneladas al año y emplean a más de 3.000 personas, según datos de la empresa.

La empresa agrega que sus ventas en Venezuela representaron alrededor del tres por ciento de sus ingresos totales el año pasado.

La suiza Holcim cuenta en Venezuela con dos plantas que producen en conjunto tres millones de toneladas de cemento por año (25 por ciento del mercado nacional), en tanto que la francesa Lafarge, número tres del país, reporta una producción de 1,6 millones de toneladas (17 por ciento).

"Vamos a nacionalizar la industria del cemento. Ya basta, se llevan el cemento (al exterior por lo que) vamos a recuperar eso, vamos a hacer un avalúo y les pagamos lo que cueste" en indemnizaciones, declaró Chávez en una alocución trasmitida en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.

El mandatario se ha quejado reiteradamente que sus planes de construcción de viviendas para reducir el déficit de dos millones de unidades se ven retrasados debido a la escasez de cemento, que mayoritariamente se exporta, sostuvo.

Sanz reiteró la tesis oficial de que las principales productoras de cemento en Venezuela "exportan una gran cantidad a todo el mundo y, en algunos casos, desabastecen el mercado interno".

Justificó adicionalmente la medida con el argumento de que "la mayoría de las empresas cementeras explotan minas de caliza que son en su mayoría propiedad de la nación".

Además, destacó la existencia de un presunto "proceso de cartelización de los precios" del cemento en el país, y acusó a las empresas del sector de, supuestamente, "trabajar por debajo de su capacidad".

Aunque se trate de una decisión soberana, el Gobierno de México reprobó el anuncio y consideró que ello no respeta "la propiedad ni los derechos" de Cemex y constituye "una acción inadecuada que no respeta la propiedad ni los derechos de los mexicanos".