Poco más de tres meses después de la final de la Copa del Mundo no oímos hablar tanto de Brasil. La fiesta del fútbolha terminado y ya nadie parece preocuparse por las consecuencias sociales que se dejan atrás. Los resultados son lo que importan dicen algunos, ¿los futbolísticos o los económicos? Estos últimos no son muy claros. El Gobierno de Rouseff y los analistas no se ponen de acuerdo: los primeros hablan de mejora de la economía nacional, los segundos de estancamiento. Lo que está claro es que el beneficio económico del Mundial más caro de la historia (con un presupuesto inicial de 11 mil millones de dólares ampliamente superado) no lo olerán los ciudadanos brasileños sino más bien las grandes constructoras, las empresas multinacionales, los patrocinadores, los inversores internacionales... Y en cuanto al fútbol, Brasil perdió, también. Este es un resultado del que nadie habla: el dinero ha ganado y Brasil ha perdido.

Una de las principales consecuencias de la preparación de esta Copa del Mundo fue una drástica y violenta política de expulsiones y desplazamientos de las poblaciones más pobres y desprotegidas de todo Brasil. En Sao Paulo 70.000 familias fueron desalojadas de sus viviendas con la excusa de la realizaciónde las obrasprevistas, cerca de 40.000 en Rio de Janeiro. Para este mega-evento organizado a lo largo de 12 ciudades, la Articulación Nacional de Comités Populares opuestos a la Copa calculó que entre 150.000 y 170.000 familias fueron desalojadas en total. Lo inexacto del dato se debe a la propia opacidad del gobierno en cuanto a cifras y procedimientos. El hecho de que la gran mayoría de las expulsiones no fueran comunicadas con antelación a las personas afectadas es solo uno de los tantos atropellos cometidos en un supuesto sistema democrático. Los cortes de luz, las presiones y las amenazas fueron corrientes a lo largo del proceso tal y como lo denuncian los Comités Populares. La degradación previa y sistematizada de los barrios estratégicos para el Mundial fue una herramienta utilizada con frecuencia para forzar el consentimiento de los expulsados. Gracias a estas prácticasse construyeron numerosas infraestructuras para el turismo, la seguridad o las comunicaciones en zonas que llevaban décadas siendo olvidadas y apartadas conscientemente por parte de los poderes públicos. Estas medidas políticas han sido propias de una limpieza social orientada a lavar la cara del organizador del Mundial. También permitieron en numerosos casos dar una respuesta a una realidad urbana y social considerada problemática: las favelas. La necesidad social de tales actuaciones es ampliamente cuestionable. Las élites han ganado y el pueblo ha perdido.

Un detalle particularmente relevante y quizás incluso sorprendente del caso brasileño es que fue aclamado por su reforma jurídico-legal en materia de política urbana. Con la promulgación en 2001 de la ley conocida como 'Estatuto de la Ciudad' y la creación en 2003 del Ministerio de las Ciudades, Brasil pretendía dar respuesta y fin a años de segregación socio-espacial. El texto legal defendía una 'gestión democrática de la ciudad' otorgándole más poder a los municipios en las cuestiones urbanas, obligando a la realización de 'debates, audiencias y consultas públicas'e imponiendo'la participación obligatoria y significativa de la poblacióny de las asociaciones representativas de los diferentes sectoresde la comunidad'. Algunos hablaron incluso precipitadamente de 'derecho a la ciudad'. Pero el derecho a la ciudad es un proyecto activo de cambio de vida urbana basado en un proceso colectivo quehoy en día pasa necesariamente por el cambio total del modelo de ciudad imperante. Frente a un Brasil enzarzado en el citybranding, ese proceso de vender a sus ciudades como marcas o como productos para el mejor postor, uno se pregunta ¿dónde está el cambio de modelo de ciudad?, ¿dónde estuvieron los debates y las consultas sobre las JMJ o el Mundial? y ¿dónde se abrió la puerta a la participación ciudadana para pensar los cambios urbanos diseñados? Parece que la organización de la Copa del Mundo prevaleció sobre las garantías legales. Y todavía faltan las Olimpiadas. Ansia para algunos, temor para muchos. La globalización ha ganado y la democracia ha perdido.

Para quienes estamos en Madrid, en Barcelona o en cualquier otra ciudad española con aspiraciones a relevancia internacional, esto no debería sonarnos tan lejano. El citybranding es habitual en nuestro país: candidaturas olímpicas, Eurovegas, eventos internacionales, aeropuertos desiertos... Es parte del cotidiano de millones de personas en este país y aquí también es una potente y peligrosa herramienta de cambio urbano y social. La experiencia de Brasil debe darnos otra lección, principalmente para quienes están intentando cambiar la realidad municipal a nivel institucional como las plataformas Ganemos o Guanyem Barcelona. Y es que el advenimiento de un nuevo municipalismo pasa necesariamente por la alianza de las nuevas instituciones con las luchas presentes en la calle, así como por unos férreos mecanismos de control en manos de los ciudadanos. De nada sirven las mejores decisiones políticas si la ciudadanía no tiene en su poder ninguna manera de hacer efectivo su cumplimiento y de ser realmente partícipe de la toma de decisiones. Aprendamos de la experiencia brasileña y hagamos de nuestras ciudades unos espacios plenamente democráticos, de desarrollo humano y al servicio de sus habitantes. Ganemos la partida, ganemos nuestras ciudades.

*Valentin Clavé-Mercier, politólogo, miembro del Patio Maravillas y de Gentrisaña