El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que sólo está dispuesto a negociar fórmulas para la aplicación de la nueva Constitución en respuesta a los opositores autonomistas que pidieron un nuevo "pacto social" para revisar el texto.

"Escuché decir que quieren hacer un nuevo pacto. El pacto es la nueva Constitución aprobada por el pueblo boliviano. Si quieren nuevo pacto, va a ser pacto para aplicar la nueva Constitución", dijo Morales en un discurso en Cochabamba (centro).

Así respondió el presidente a los opositores que plantearon un pacto para revisar el texto tras el referéndum constitucional en el que, según datos oficiales preliminares y sondeos a pie de urna, el proyecto fue aprobado en el conjunto de Bolivia, pero rechazado en varias regiones gobernadas por autonomistas.

El presidente anunció que desde mañana, martes, se encerrará con los miembros de su Gabinete para estudiar las fórmulas necesarias para poder aplicar el nuevo texto constitucional.

Sin embargo, desde la región de Santa Cruz, bastión de la oposición, líderes autonomistas aseguraron que el texto es imposible de aplicar debido a la división geográfica de los resultados que, a su juicio, muestran "dos visiones de país".

En los departamentos occidentales de Bolivia, en el altiplano andino, existe un apoyo mayoritario a Morales mientras que en el oriente y sur del país, la llamada "media luna", está más arraigada la oposición al presidente.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el líder opositor Branko Marinkovic, llegó a plantear en una entrevista con el diario El Deber que el nuevo pacto del que hablan los autonomistas es una confederación boliviana.

Sobre la aplicación de la nueva Constitución, el ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, aseguró en declaraciones a Radio Erbol que más de un centenar de artículos son aplicables "de manera inmediata tras su promulgación".

Sin embargo, para Arce, la vigencia del resto de los 411 artículos que componen el texto constitucional requerirá la aprobación de leyes de desarrollo, con lo que el oficialismo se encontrará con el escollo de un Senado controlado por la oposición.

Los artículos que se aplicarán de manera inmediata son los referidos a derechos sociales, individuales, colectivos y de los pueblos.

Según Arce, estos aspectos "no necesitan de ninguna reglamentación" tal y como lo establece el artículo 109 de la nueva Carta Magna, que dice que "todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".