La Junta apela al Constitucional ante el riesgo de no recuperar el dinero de los ERE

La Junta de Andalucía sigue muy de cerca el desarrollo del juicio por la pieza política de los ERE, aunque sus abogados fueron expulsados de la bancada de la acusación particular tras solicitar el sobreseimiento del caso. El Gobierno andaluz estuvo personado durante gran parte de la instrucción, pero al final no formuló escrito de acusación contra los 22 ex altos cargos acusados de prevaricación y malversación de fondos, porque no apreció ningún delito en su proceder y, en consecuencia, pidió el archivo de la causa.

Los jueces entendieron que la Junta, que se había personado como parte perjudicada por el expolio de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales (según el cálculo de la Fiscalía), actuaba en el proceso más como defensa que como acusación.

Por tanto los letrados del Ejecutivo andaluz no están en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña se sienta frente a un banquillo con 22 ex altos cargos de la Junta, encabezados por los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Pero sí están intercediendo en el juicio desde fuera. La Junta ha elevado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) pidiendo que anule la decisión de la Audiencia de juzgar a los 22 acusados una sola vez, en el juicio que está en curso, de modo que estos no tendrán que volver a sentarse en el banquillo para responder sobre alguna de las 270 piezas separadas del caso ERE relativas a ayudas irregulares que se investigan en otros juzgados.

Según la Junta, esta decisión le “impide el ejercicio de la acción penal en su condición de víctima para reclamar el castigo” a uno de los procesados, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, responsable directo de la concesión de ayudas bajo sospecha. El Ejecutivo andaluz rechaza la teoría de que existiera una “trama criminal para delinquir” que nacía en el propio Consejo de Gobierno, confía en la inocencia de Chaves, Griñán y gran parte de los acusados, pero no de todos. Su versión acerca de dónde se concentraba el fraude de los ERE siempre se ha circunscrito a la Consejería de Empleo, exculpando al resto de departamentos salpicados (Hacienda, Economía, Innovación y Presidencia).

La pieza política de los ERE trata de desentrañar si la ex cúpula del Gobierno andaluz y del PSOE-A diseñó un sistema de pago de prejubilaciones y ayudas a empresas al margen de la legalidad, y que no estaba sujeto a fiscalización por parte de la Intervención General. Ese procedimiento específico para agilizar los pagos pone bajo sospecha la concesión de ayudas sociolaborales durante una década, entre 2000 y 2010. La Audiencia determinó que uno de los imputados (el exconsejero de Empleo Antonio Fernández) y por extensión todos los demás serían enjuiciados una sola vez, por su participación en el diseño y uso del sistema de pagos, sin necesidad de volver a juzgarles en cada una de las 270 piezas separadas.

La Junta se ha quedado fuera de la pieza política, pero no renuncia a su papel de acusación particular en el resto de causas vinculadas a los ERE, de ahí que haya pedido amparo al Constitucional para recuperar la oportunidad de defenderse. Al quedarse fuera del caso contra los 22 ex altos cargos, según algunas fuentes judiciales se corre el riesgo de no poder recuperar el dinero defraudado, porque nadie si no es la Junta puede reclamar responsabilidades civiles en el juicio, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables”, dice la norma.

La jueza del caso ERE, María Núñez Bolaños, impuso fianzas civiles millonarias a muchos de los imputados como garantía cautelar (a Griñán de 4,2 millones de euros), pero después de salir la Junta del caso, las archivó todas. Durante el juicio, los fiscales también han eludido mencionar la petición de responsabilidad civil contra los acusados en su escrito de acusación.

La Junta ha recurrido un auto de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, fechado el 8 de agosto el año pasado, que daba la razón al exconsejero Fernández en su petición de no someterse a más de un juicio relacionado con los ERE. Se fijó así el mismo criterio de juzgar una sola vez a todos los procesados por estos delitos. También recurre una providencia del 2 de octubre donde ratifica dicho criterio.

Más allá de los tecnicismos jurídicos, el recurso de amparo al Constitucional es la fórmula que ha encontrado la Junta para volver a meter cabeza en la macrocausa de los ERE, de la que ella misma se excluyó al no percibir delito, para poder acusar ahora a algunos de los ex altos cargos en otros piezas.

La fórmula que han buscado es compleja: el gabinete jurídico del Gobierno andaluz sugiere que el criterio de la Audiencia para juzgar a los 22 procesados una sola vez vulnera varios derechos fundamentales: a la tutela judicial efectiva, al derecho a la defensa y a garantías procesales y al derecho de acceso a la jurisdicción. Los letrados reclaman “la posibilidad de ejercer la acción penal en las distintas piezas resultantes de la división de la macrocausa principal”.

“Disparate procesal”

Aunque la Junta ya no forme parte de la acusación en el juicio por la pieza política de los ERE, todo este asunto ha estado muy presente en las primeras sesiones. Ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha propuesto al tribunal redefinir el objeto de la investigación, no limitarse a juzgar el procedimiento específico para la concesión de ayudas, sino incluir también las 270 piezas separadas que se incoan en otros juzgados.

Los fiscales defienden que para determinar si el sistema que la Junta diseñó para entregar ayudas era ilegal o posibilitó el fraude, es preciso examinar cómo funcionó dicho sistema pieza a pieza, y qué participación concreta tuvo cada uno de los acusados. Esta propuesta ha sido duramente denostada por las defensas. Tildada de “disparate procesal”, “extravagante” e “insólita”, los abogados de los ex altos cargos han cargado contra que los fiscales, acusándoles de “un afán acusatorio desmedido” y de querer “cambiar las reglas” del juicio sobre la marcha.

En realidad, el planteamiento que hace el gabinete jurídico de la Junta en su recurso de amparo al TC es muy similar, argumentando indefensión porque se le ha hurtado el derecho de defenderse, es decir, poder “perseguir a los responsables de los hechos investigados en la demás piezas relacionadas con la concesión de todas y cada una de las subvenciones” concedidas durante una década.

“Se veda así el acceso de la Junta a la acción penal para perseguir tales hechos y, como consecuencia, quedan los mismos impunes a pesar de que, indiciariamente, habrían provocado un enorme quebranto a la Hacienda Pública, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de la Junta”, concluye el recurso de la Junta.