La juez ha ordenado la continuación de la causa por trámites de procedimiento abreviado contra el director comercial de la cadena hotelera de Almería que, en mayo de 2013, negó presuntamente el alojamiento a un grupo de jóvenes con síndrome de Down, la directora del establecimiento donde se habrían producido los hechos y una trabajadora como supuesta 'autora directa de los hechos'.

El auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Almería da traslado a las partes personadas en la causa, en la que la Junta de Andalucía actúa como acusación particular, para que, en el plazo de diez días formulen escrito de acusación o interesen el sobreseimiento de las actuaciones, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las diligencias penales se incoaron después de que la Asociación Almeriense para Personas con Síndrome de Down (Asalsido) pusiese en conocimiento de la Fiscalía lo sucedido y, tras una investigación, ésta elevase denuncia al estimar que lo relatado podía ser constitutivo de delito por denegar a personas una prestación por razones discriminatorias en el ejercicio de una actividad profesional o empresarial.

A lo largo de la instrucción para dirimir si se incurrió en un delito del artículo 512 del Código Penal, prestaron declaración inicialmente en calidad de imputados la directora del hotel CaboGata Plaza Suites de El Toyo y el director comercial de la cadena hotelera, quien fue citado de nuevo el pasado septiembre junto a una trabajadora. Ésta última, a la vista de las diligencias practicadas en la causa y la documentación que obra en el procedimiento, podría ser la 'autora directa de los hechos'. En concreto, se hace referencia al correo electrónico con el que supuestamente se comunicó la negativa a hacer una reserva para jóvenes del colectivo en viaje de fin de curso 'alegando que no admitían grupos de personas con discapacidad psíquica'.

Según la denuncia que interpuso Asalsido, una trabajadora del centro educativo concertado Down Almería, que depende de esta asociación, solicitó a una agencia de viajes que pidiera presupuesto de alojamiento a tres hoteles cercanos a la ciudad para organizar el viaje de fin de curso.

El hotel investigado habría contestado presuntamente que no podía facilitar un presupuesto para alojar a los jóvenes y habría argumentado que no 'admitía grupos de personas con discapacidad psíquica', un extremo que fue rechazado por la dirección del establecimiento que, al hacerse público el caso, pidió 'disculpas' y afirmó que se trató de 'un malentendido'.

Asalsido sostiene por contra que contactó con la dirección del hotel para pedir explicaciones y que ésta 'se reafirmó en su postura, añadiendo que este tipo de personas podrían molestar al resto de los clientes del hotel', lo que 'ya les había ocurrido en otra ocasión'.

El caso también dio lugar a que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, abriese de oficio una investigación para conocer las actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía y depurar una eventual infracción en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Para ello, pidió información a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales a fin de determinar el alcance de las potestades de inspección y sanción desplegadas.

Por su parte, la administración autonómica, a través de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, mantiene en suspenso hasta resolución del procedimiento por vía penal un expediente sancionador al hotel por un supuesto incumplimiento de la Ley 5/2003 del 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

A este expediente, se sumarían otros dos iniciados también por la Delegación Territorial de Turismo y Comercio y por la Dirección General de Consumo para investigar las instalaciones del establecimiento, perteneciente a la cadena ZT Hotels.