Almodóvar del RíoIU fuerza el pulso a la alcaldesa de Córdoba que financia a un colegio que segrega a niñas

La dirección provincial de IU en Córdoba quiere buscar una “solución política” al conflicto generado con el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, gobernado por la coalición de izquierdas, por destinar fondos públicos a un colegio católico exclusivo de niños. El centro Torrealba, vinculado al Opus Dei, es una de las diez escuelas andaluzas que se segrega a su alumnado por sexos, contra las que IU se ha posicionado políticamente en contra en el Parlamento. Este año, sin embargo, la Asociación de Madres y Padres de alumnos (Ampa) se beneficiará de una partida presupuestaria que el Gobierno municipal destina a los colegios del pueblo, y que hasta ahora dejaba fuera al Torrealba.

IU considera que esa decisión “vulnera los principios políticos” de su formación y ha amenazado a la alcaldesa, María Sierra Luque, con la apertura de un expediente disciplinario que puede derivar en “la suspensión de los derechos como afiliada por un periodo de uno a dos años o la expulsión de IU y el cese durante el mandato de los órganos de los que fuera miembro”, según consta en los estatutos del partido.

El reglamento interno de IU califica como infracción muy grave “la actuación en contra de los acuerdos, decisiones o resoluciones expresamente adoptados por los órganos del movimiento en el marco de sus competencias con consecuencias negativas para IU” y habilitan a la dirección provincial para “adoptar la medida cautelar de suspensión temporal de los derechos como afiliados” de la alcaldesa y su equipo. En este caso, el equipo de gobierno de Almodóvar del Río (IU ostenta la mayoría absoluta) se enfrentaría a la anómala situación de tener que pasar en pleno al grupo mixto hasta que el Comité de Garantías de su partido resuelva las discrepancias.

El año pasado, IU obligó a sus tres concejales del municipio de Linares (Jaén) a pasar al grupo mixto provisionalmente durante un año por un conflicto con la financiación del grupo municipal

No es una situación excepcional: el año pasado, IU obligó a sus tres concejales del municipio de Linares (Jaén) a pasar al grupo mixto provisionalmente durante un año por un conflicto con la financiación del grupo municipal. Los ediles apelaron al comité de garantías, perdieron, y recurrieron a un juzgado Contencioso Administrativo, que finalmente resolvió a favor de la dirección política de IU confirmando la pérdida de la condición de afiliados de estos tres concejales.

Corresponde al Consejo Provincial de IU en Córdoba, máximo órgano de decisión entre asambleas, iniciar la apertura de un expediente disciplinario, tras dar audiencia a la alcaldesa. Se nombrarán instructores del proceso interno para valorar si, en efecto, la infracción a los estatutos de IU es ponderada y si la sanción propuesta es proporcional. Si es así, la alcaldesa aún puede recurrir la decisión ante la comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas de IU (a la andaluza y al federal), pero los estatutos advierten de que en caso de infracción grave, cualquier medida cautelar (como la retirada de la condición de afiliado) puede mantenerse mientras resuelve este órgano. Todo este proceso aún no se ha iniciado.

De activarse ahora, los pasos podrían dilatarse más de un mes hasta conocer el fallo del tribunal interno, algo que IU teme porque está en juego una de sus alcaldías más consolidadas en Andalucía (María Sierra lleva 16 años como alcaldesa, ha ganado tres mayorías absolutas y una simple), y la dirección no quiere desestabilizar a su partido en el municipio cordobés a poco más de un año para las municipales.

Para no llegar a ese extremo en Almodóvar del Río, la dirección provincial de IU se reunirá la semana que viene con la alcaldesa del municipio cordobés para intentar llegar a un acuerdo que hoy por hoy se antoja difícil, porque las posiciones están muy encontradas. El partido mantiene que ha sido un “grave error” que va contra su línea ideológica en defensa de la igualdad de género y exige una rectificación a la alcaldesa. La regidora, por contra, se niega rotundamente a rectificar y rechaza la “valoración precipitada” que ha hecho su partido sobre este asunto.

María Sierra sostiene que el dinero no es una subvención dirigida al colegio, ni tampoco al Ampa, sino una partida presupuestaria de la que se beneficiarán los alumnos de todos los colegios del pueblo. La polémica surge cuando el PP propone una enmienda para ampliar ese presupuesto en mil euros (pasando de 3.000 a 4.000 euros) para incluir a los niños del Torrealba entre los beneficiarios. El Ayuntamiento acepta y así, la partida presupuestaria que hasta entonces costeaba actividades a cuatro colegios del pueblo, se amplía para subvencionar actos de la escuela del Opus. “El pueblo está indignado por cómo mi partido ha gestionado esto. Si siguen adelante con el expediente, allá ellos. Yo también tengo mis armas”, advierte la regidora.

La dirección política de IU rechaza el matiz, pero pedirá a la alcaldesa que presente sus alegaciones por escrito antes de iniciar la apertura de un expediente informativo. “Por ser justos: no se trata de una gran cantidad económica, pero sí es una contradicción clara para nosotros financiar a una escuela segregadora, aunque sea indirectamente a través del Ampa”, sostiene Sebastián Pérez, secretario de Organización de IU en Córdoba. “Mi voluntad es que haya una solución política, pero antes la alcaldesa debe retractarse y reconocer el error”, apunta.

Pérez admite que es difícil corregir una partida que ya está aprobada en los Presupuestos municipales, pero le pedirá a la alcaldesa que redacte una cláusula que condicione la entrega de esas subvenciones para colegios a que no exista discriminación por raza, etnia, género o sexo, como sostiene la Ley de Educación de Andalucía (LEA). Esa ley, sin embargo, está por debajo de la Lomce, la legislación básica aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que en una disposición adicional blindó los conciertos a la educación diferenciada. Por eso la Junta ha perdido todos los recursos interpuestos en los juzgados para intentar retirar las subvenciones a las diez escuelas andaluzas que aún segregan por sexos”.

Las infracciones muy graves prescriben al año, contando desde la comisión de los hechos, es decir, diciembre del año pasado (la polémica se hizo pública un mes después).