Interior no ve ilegales unas devoluciones en caliente en Ceuta en las que hubo menores heridos graves

@JairoExtre

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MADRID.- "Durante el conjunto de la actuación no consta que los efectivos de la Guardia Civil hayan realizado actuación alguna contraviniendo la normativa vigente". Así ha respondido el Gobierno a una pregunta parlamentaria en relación a un intento masivo de saltar la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos del pasado septiembre, cuando también se produjo la devolución en caliente de más de 50 personas de origen subsahariano que fueron duramente golpeados por las fuerzas auxiliares marroquíes, como puede verse en el vídeo de El Faro de Ceuta.

En su respuesta por escrito a la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, el Gobierno explica que 85 personas permanecieron encaramadas a la valla tras el intento de cruzar y que, una vez que la situación estaba "bajo control", personal de la Cruz Roja atendió a estas personas, cinco de las cuales fueron ingresadas en el hospital ceutí por diversas lesiones sin concretar.

Medios locales informaban de que varios hospitales marroquíes recibieron a varios de los inmigrantes devueltos, y que fueron ingresados con heridas en las extremidades, "habiendo casos de gravedad", como el caso de Mohamed, de 15 años de edad, que ha perdió varios dedos de la mano al quedar enganchado en la alambrada y caer al suelo. "Hay otro caso de un adulto que tras ser devuelto por la Guardia Civil y hacerse cargo de él las fuerzas marroquíes ha sido ingresado con múltiples fracturas", recogió el Faro de Ceuta.

El Gobierno, que obvia esta parte en su respuesta, destaca también que fueron "intervenidos cuchillos de grandes dimensiones y otros elementos punzantes y cortantes" durante la operación y que otro grupo de subsaharianos internos en el CETI de Ceuta lanzó piedras a los guardias civiles, hiriendo a uno de ellos. Nada dice de la colaboración con las fuerzas de seguridad marroquíes para expulsarlos de inmediato.

La respuesta, que sigue la tónica general del Ministerio del Interior pese al cambio de ministro, llega en una nueva polémica sobre las devoluciones en caliente del pasado 1 de enero, en otro intento de salto masivo de la valla de Ceuta.

Varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, denunciaron la expulsión de decenas de personas, algunas heridas, en la que ha sido "una de las mayores expulsiones sumarias" de los últimos meses en la frontera sur, algo prohibido por el derecho internacional, recordaba la organización.

Más polémica levantaron las declaraciones posteriores a la Cadena Ser del arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, que denunció que dos inmigrantes murieron durante el operativo conjunto de las fuerzas marroquíes y la Guardia Civil, y que otro inmigrante perdió un ojo por un golpe.

Pero para el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, las expulsiones sumarias o devoluciones ilegales de inmigrantes a Marruecos, a través de las puertas de la verja fronteriza, directamente "no existen" en España, según declaró en pleno en su primera intervención como ministro.

La diputada abertzale, también ha pedido la comparecencia de Zoido en el Congreso para responder sobre los los último hechos. El martes, 85 organizaciones de toda España presentaron un escrito en la Comisión de Peticiones del Congreso en el que denuncian que la Guardia Civil entregó estas personas a las autoridades marroquíes "sin seguir los procedimientos legalmente establecidos".

"El actual ministro sigue la misma senda de su predecesor y no parece que tenga intención de respetar los Derechos Humanos de quienes, huyendo de las guerras, el hambre o la persecución, pretenden llegar a Europa. No respeta la legalidad ni los convenios ni tratados estatales, europeos e internacionales) que el Estado español ha firmado", ha asegurado Beitialarrangoitia.

La polémica respecto a estas prácticas en la frontera sur de España, en las ciudades de Ceuta y Melilla, fue atajada por el antecesor de Zoido, Jorge Fernández Díaz. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, Interior trató de cubrirse las espaldas con una modificación en la Ley de Extranjería: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

Así, los agentes de la Guardia Civil que llevaban más de diez años devolviendo a Marruecos a los inmigrantes encaramados a las vallas dejaban de violar al menos la normativa nacional. Hasta la aprobación de esa ley, el Estado estaba obligado a proporcionar a los inmigrantes asesoría jurídica, a averiguar su procedencia y a facilitar la posibilidad de solicitar asilo en España. Asociaciones y juristas niegan la legalidad de esta disposición, pero tras la norma, la devolución en caliente pasaba a denominarse "rechazo en frontera". El problema fue una línea suelta del texto: "En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte".

Precisamente, en esa normativa internacional destaca el principio de no devolución, que según CEAR, es la "prohibición impuesta a los Estados por el Derecho Internacional de expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o en el que pudiera sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes u otras graves transgresiones de sus derechos humanos fundamentales".

Varios de estos supuestos han sido constatados a lo largo de años y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes han sido denunciados y documentados por organizaciones como Médicos Sin Fronteras.

Tras el intento de salto del pasado 1 de enero, el Consejo General de la Abogacía Española condenó "las devoluciones en caliente" que, en su opinión, se efectuaron en Ceuta y ha exigido "el cese inmediato de este tipo de prácticas que conculcan derechos fundamentales". En un comunicado, calificaban de "inexplicable" que "pese a las reiteradas advertencias realizadas por el Consejo de Europa a lo largo de 2016 en relación a este tipo de prácticas, se sigan cometiendo irregularidades ya denunciadas".

"Un vez más, la Abogacía Española quiere recordar que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada", explica.