Interior excluye a Yolanda González, asesinada por el Batallón Vasco Español, del Mérito Civil para Víctimas del Terrorismo

Por su cabeza pasan flashes. Son imágenes fugaces, pero no se borran. Están ahí. Siempre están ahí. “Entonces yo tenía seis años. Era sábado a la mañana. De repente aparecieron mis tíos en casa. Les dijeron a mis padres que se sentaran, que tenían que darles una noticia sobre mi hermana”, recuerda Asier González. Más que una noticia era una pesadilla. La peor pesadilla posible. A la madrugada, mientras ellos dormían en su vivienda del barrio bilbaíno de Deusto, Yolanda había sido asesinada en Madrid, donde se había instalado para estudiar electrónica. Fue el peor despertar que un ser humano pueda imaginar.

A partir de ese maldito momento, Yolanda González se convirtió en un símbolo de la brutalidad que encarnaban los grupos paramilitares creados en plena transición. Su asesinato, producido en la noche del 1 de febrero de 1980, fue reivindicado por el Batallón Vasco Español (BVE) una de las organizaciones terroristas parapoliciales que por entonces se dedicaban a “cazar” a militantes de izquierda.

Yolanda, que tenía 19 años, era vasca y militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), se convirtió en una víctima perfecta para los asesinos.

Aquel día por la tarde, varios individuos se presentaron en el piso que alquilaba junto a su novio y una amiga en el barrio madrileño de Aluche. Yolanda estaba sola. Aquellos tipos dijeron que eran integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y no mentían del todo: uno de ellos, Juan Carlos Rodas Crespo, pertenecía a la Policía Nacional.

Primero revolvieron la casa. Luego la subieron a un coche. Fue entonces cuando empezó la fiesta de la crueldad: camino a la muerte, sus captores se divirtieron torturándola. El vehículo conducido por Emilio Hellín, un ultraderechista que militaba en Fuerza Nueva, se detuvo en el kilómetro 3 de la carretera que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias. La hicieron bajar del coche, apuntaron a su cabeza y la mataron. Los primeros dos disparos los realizó Hellín, mientras que su compañero Ignacio Abad Velázquez, también militante de Fuerza Nueva, se encargó de rematarla. Luego se marcharon.

Su cadáver fue descubierto a la mañana siguiente por dos trabajadores. “Era sábado, así que mis padres estaban en casa. Fue entonces cuando aparecieron mis tíos, que se acababan de enterar lo que había ocurrido…”, relata Asier. El asesinato de su hermana fue reivindicado poco después por el BVE en un comunicado enviado a la agencia EFE. En aquel texto, los terroristas acusaban a Yolanda de formar parte de un comando de ETA (algo absolutamente falso) “del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos de ideología trotskista y maoísta, donde se amparan sus actividades. Por una España grande, libre y única. ¡Arriba España!”, escribieron los asesinos.

Condenas y reconocimientos

En 1982, la Audiencia Nacional condenó a Hellín y Abad a 43 y 28 años de cárcel respectivamente, mientras que los otros cuatro ultras que participaron en el secuestro recibieron penas de entre tres meses y seis años de cárcel. La más baja recayó en el policía que formaba parte del comando del BVE por su “colaboración con la justicia”.

“Mis padres tuvieron que luchar mucho. Aquel juicio, en plena transición, fue muy duro”, recuerda Asier. Por ejemplo, los jueces que condenaron a los asesinos del BVE rechazaron imputarles los delitos de asociación ilícita e integración en banda armada.

Varios años después, Yolanda fue reconocida por el Estado como víctima del terrorismo, y así figura a día de hoy en el listado oficial del Ministerio de Interior. Sin embargo, su nombre no aparece en la otra gran base de datos que maneja el Gobierno del PP: según ha podido confirmar Público, Yolanda González fue excluida de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, una condecoración creada por el gobierno de José María Aznar en 1999. Actualmente, esta distinción se rige por la Ley Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al término de su mandato.

El Ministerio del Interior explica en su página web que la Gran Cruz del Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo se concede a título póstumo “a los fallecidos en actos terroristas”. Tal distinción debe producirse “mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del Interior”. Además, se establece que los familiares directos de los fallecidos en acciones terroristas recibirán una insignia honorífica. El último distinguido fue Ignacio Echeverría, el joven que murió en el atentado yihadista del pasado mes de junio en Londres.

En ese listado aparecen las distinciones otorgadas desde el año 2000. Entre los primeros homenajeados estuvo el torturador franquista Melitón Manzanas, muerto en un atentado cometido por ETA en 1968. Tras hacerse público ese reconocimiento, las formaciones políticas PNV e IU y la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans recurrieron a los tribunales para reclamar su retirada. En cada uno de esos casos, el Tribunal Supremo rechazó tales peticiones y mantuvo el premio póstumo otorgado a Manzanas.

Sin embargo, ni Yolanda González ni sus hermanos o padres han recibido este reconocimiento oficial. Lo mismo ocurre con las restantes 80 personas asesinadas por el BVE, los GAL y otros grupos similares que actuaron en el marco de la guerra sucia: para el Estado, ninguna de ellas es merecedora del reconocimiento civil como víctimas del terrorismo.

Al ser consultado por este periódico, el hermano de Yolanda afirmó que en el ámbito gubernamental “sigue anclados en una clasificación” de víctimas “de primera y segunda categoría”. “A nivel institucional no les quedó más remedio que incluir a otras víctimas, pero las que el gobierno siempre considera como víctimas del terrorismo son las de ETA”, señaló.

Asier González tiene un ejemplo cercano sobre lo que denominó como “doble rasero” de quienes “utilizan las víctimas del terrorismo como bandera para hacer política”: el pasado miércoles 31, el equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento de Alcorcón se negó a apoyar una propuesta del PSOE para hacer un minuto de silencio en homenaje a Yolanda, coincidiendo con la víspera del 38 aniversario de su asesinato en ese municipio. “No tengo palabras”, afirmó su familiar.

Formador de policías

Hace cuatro años, los familiares de la joven bilbaína sufrieron otro golpe: según publicó entonces el diario El País, Emilio Hellín se dedicaba a dar cursos de formación a miembros de la Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil. Posteriormente, en noviembre del año pasado, conocieron por otras informaciones periodísticas que el asesino de Yolanda había sido contratado como perito judicial por el abogado de una de las acusadas en el denominado caso Taula, relativo a las prácticas corruptas de cargos públicos del PP en Valencia.

Así, entre golpes y más golpes, los familiares y amigos de Yolanda se han encargado de mantener viva su memoria. Coincidiendo con el 38 aniversario de su asesinato, este domingo se realizará un nuevo homenaje en la plazuela del barrio bilbaíno de Deusto que lleva su nombre desde 2016. Asier, su hermano pequeño, volverá a estar allí para recordarla.