El Gobierno ha acordado hoy retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid pero ha decidido mantenerlo en el apartado de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas en lo referente al personal estatutario fijo de la sanidad público.

A finales de marzo pasado el Ejecutivo central presentó ante el TC un recurso contra la ley de cajas de la Comunidad de Madrid, por considerar que suponía una "flagrante vulneración" de la norma básica estatal al implicar "una conformación radicalmente distinta" de la Asamblea de Caja Madrid.

Sin embargo, la Comunidad ha modificado esa norma con posterioridad y ahora el Gobierno no ve "criterios contrarios" a la legislación estatal, por lo que ha optado por retirar el recurso, ha dicho ante la prensa la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.

Sin embargo, lo mantiene en el caso del artículo 12 de esa Ley de la Comunidad, referido a la nueva regulación del personal fijo que trabaja en instituciones o centros sanitarios, por considerar que "vulnera la norma básica estatal", según De la Vega.

En su momento el Gobierno había optado por recurrir los artículos 28 y 12 de la Ley madrileña de Medidas Fiscales y Administrativa que, en el primer caso, aludía al régimen de elección de los consejeros de Caja Madrid.

En concreto, el Ejecutivo entendía que era inconstitucional la modificación de la representación de los consejeros generales por el sector de las corporaciones municipales y el de los impositores, al tiempo que denunciaba que va en contra de la regulación estatal de "las normas básicas" sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA).

Sin embargo, en junio pasado las autoridades autonómicas madrileñas han modificado la norma inicial, de manera que ahora el texto "coincide con las exigencias de la legislación básica y es respetuoso con la proporcionalidad" (en la elección de consejeros), que fue el hecho por el que se recurrió al TC, según De la Vega.

La vicepresidenta ha calificado de "buen avance" esa decisión de Gobierno regional madrileño y ha anunciado la retirada del recurso ante el Tribunal.