"El accidente de Santiago no es un accidente de la Alta Velocidad". Con esta premisa, repetida en los últimos días por responsables de Adif y Renfe, España intenta tranquilizar al extranjero con respecto a la fiabilidad de sus vías férreas. Poco más de una semana después del descarrilamiento del Alvia Madrid-Ferrol, y con la investigación sobre sus causas aún en marcha, el objetivo ahora es que los consorcios en los que participan las empresas españolas públicas y privadas puedan seguir optando a las licitaciones de construcción de ferrocarriles en el extranjero. Y todo ello sin ser penalizados por las normativas de los mismos, que exigen a las empresas no haber registrado accidentes mortales en los últimos cinco años.

Para ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha movilizado a tres de sus trece ministerios para que, junto a las empresas contratistas de la Alta Velocidad Española (AVE), transmitan un mensaje de calma al exterior, según han confirmado fuentes del Gobierno a este diario. Responsables del departamento de Exteriores, Economía y Fomento se reunieron el pasado lunes con miembros de la consultora de éste último ministerio, Ineco (Ingeniería y Consultoría del Transporte), así como de las empresas Talgo, Thales y Dimetronic, entre otras, con el fin de coordinar sus esfuerzos para llegar a dicho fin común. 

El principal encargado de organizar tal misión es Pablo Vázquez, director de Ineco, en quien la titular de Fomento, Ana Pastor, ha depositado su total confianza. De hecho, ante las posibles dudas de los empresarios brasileños, país en el que un consorcio integrado por varias empresas españolas opta a un contrato para construir alta velocidad ferroviaria, fue Vázquez quien medió con Bernardo Figueiredog, presidente de la Empresa de Planificación y Logística (EPL) brasileña. 

Sus gestiones hasta el momento parecen haber dado sus frutos, ya que Figueiredo afirmó ayer ante la prensa que, de ser ciertas las explicaciones dadas por Renfe hasta la fecha, "el accidente no haría inviable la participación española" en la licitación del tren que unirá Río de Janeiro y Sao Paulo y que se convertirá en el primer AVE del continente americano, informa Efe.

España competirá con Francia por la construcción, en Brasil, de la primera línea de alta velocidad americana

En ese concurso, al que -tras dudar sobre si presentarse o no- finalmente opta el consorcio formado por Adif, Renfe e Inteco (empresas públicas) y Talgo, Elecnor, Cobra (ACS), Abengoa, Indra, Thales, Bombardier y Dimetronic, no puede participar en la licitación ningún operador que haya sufrido accidentes mortales en los últimos cinco años en líneas de alta velocidad donde se superen los 250 kilómetros/hora.  Por ello, las compañías públicas españolas han insistido en que el tren accidentado es un modelo híbrido que circula en vías de distintos anchos y con diferentes velocidades máximas. En resumen: "el descarrilamiento no se ha producido en una vía de alta velocidad, no se ha producido en un tren de alta velocidad y, por lo tanto, no es aplicable a lo que entenderíamos por un accidente en un tren de alta velocidad", insistió el presidente de Renfe, Julio Gómez Pumar, poco después de la tragedia.

Ahora falta por ver si la oferta española es capaz de convencer a los brasileños, dejar atrás a sus competidores franceses y quedarse con el suculento contrato, que asciende a unos 13.000 millones de euros. El resultado se conocerá el próximo 19 de septiembre. 

No obstante, aunque Brasil fue la primera alarma en sonar, fuentes de Fomento señalan que los esfuerzos por transmitir tranquilidad de los tres citados ministerios, así como de las empresas privadas de alta velocidad, apuntan también en otras direcciones. "Trabajamos para defender una línea común y explicar a los países con los que hay concursos abiertos que el tramo del accidente no es de alta velocidad", confirman los interlocutores de Público. Kazajistán, Rusia y Estados Unidos son algunos de ellos y, aunque en Arabia Saudí ya está el contrato firmado, también se han dirigido a ellos para confirmar su confianza en el grupo hispano-saudí Al Shoula (un consorcio integrado por 12 socios españoles y 2 saudíes) adjudicatario de la construcción de la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina. 

"España cuenta con la primera red de alta velocidad de Europa y la segunda del mundo, después de China", ha presumido la propia Ana Pastor en otras ocasiones, valorando "la experiencia adquirida durante más de veinte años desde la primera línea de AVE". Y esa sensación es, precisamente, la que el Gobierno desea transmitir ahora al exterior.

En juego están contratos millonarios como el de la construcción del AVE entre Moscú y San Petersburgo (Rusia), que asciende a 14.000 millones de euros; la de la línea Astaná-Almaty, en Kazajistán; o la que unirá Sacramento con San Diego en Estados Unidos y cuya infraestructura está valoradaen 60.000 millones de euros, informa RTVE.

Por otro lado, las citadas fuentes de Fomento han asegurado a este diario que la ministra se reunió este miércoles con representantes de las compañías aseguradoras de Renfe que cubrirán las indemnizaciones a las familias de las víctimas.

Pastor acudió al encuentro con una misión clara: "presionar a Allianz y QBC para que cumplan". Según el departamento, hasta el momento es Fomento quien ha corrido con todos los gastos derivados de la tragedia. "Ahora les toca pagar a ellas", insisten.