El Gobierno ha instado a actuar a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado contra el auto del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que decretó la libertad de los piratas detenidos en Somalia, con el objetivo de que esa liberación no llegue a producirse.

Fuentes del Ejecutivo han informado a Efe de que hay una acción concertada de los Ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores y Justicia para impedir que eso llegue a ocurrir.

De esta forma, las fuentes citadas han informado de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Fiscalía General del Estado la interposición de un recurso contra el auto del juez Andreu que permitía la libertad de los detenidos en el buque Marqués de la Ensenada.

Asimismo, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para personarse en la causa mediante la presentación de un recurso que, previsiblemente, se hará efectivo mañana.

Todo ello con el objetivo de impedir que los detenidos queden en libertad y lograr que puedan ser sometidos a la jurisdicción de Kenia de acuerdo con lo previsto en el canje de cartas existente entre este país y la Unión Europea.

Se intenta que no se vacíe de contenido ese acuerdo internacional así como las operaciones en curso contra la piratería en aguas somalíes.

Para el Gobierno, no tiene sentido que, por un debate procesal, acaben siendo liberadas unas personas que han cometido un hecho delictivo, máxime cuando se actúa en aguas de Somalia en una operación de la Unión Europea.

Son catorce los detenidos que se encuentran a bordo del buque Marqués de la Ensenada que se dirige a Djibouti y cuyo futuro está pendiente de la decisión judicial.

El juez Andreu decretó el viernes la libertad de los siete piratas detenidos el miércoles (los otros siete fueron detenidos al día siguiente) ya que la Fiscalía -que un día antes pidió su ingreso en prisión- cambió de opinión y solicitó que esa medida quedara sin efecto y que los arrestados fueran entregados a Kenia.

El Ministerio Público fundamentó su nuevo criterio en el acuerdo suscrito el pasado 6 de marzo entre la UE y Kenia para entregar y juzgar en este país africano a los supuestos piratas capturados durante la "operación Atalanta".

No obstante, Andreu, quien decidió no archivar la causa -tal y como también solicitó la fiscal-, no accedió a la entrega de los piratas a Kenia.