Fomento negocia para evitar la quiebra de las autopistas radiales

La falta de conductores que eligen circular por las autopistas radiales de Madrid, las cuatro que van en paralelo a las autovías A-2, A-3, A-4 y A-5, no es el mayor problema de las concesionarias de estas vías. Sí lo es que se ha disparado el coste del suelo expropiado por las demandas judiciales de los propietarios de esos terrenos, que reclaman por ello compensaciones por casi 2.000 millones de euros. El cambio en el Ministerio de Fomento, ahora dirigido por José Blanco, ha dado alas a la complicada negociación. Fomento tiene "voluntad política" de arreglar el problema y está en conversaciones con las constructoras, dueñas de esas concesiones, para analizar "todas las soluciones posibles", según fuentes del ministerio.

"Si no se arreglan, las concesiones van a la quiebra", afirma un alto directivo de una constructora. Antes de que recalara Blanco en Fomento, las concesionarias se llegaron a reunir hace unos meses con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para exponerle la gravedad de la situación de estas autopistas. Ahora, el nuevo ministro ya ha declarado que "tiene vocación de resolver problemas heredados" y este es uno de ellos.

Entre las soluciones que piden las concesionarias, dos toman cuerpo: alargar más años el plazo de cada concesión o pedir al Estado créditos participativos con cargo a fondos patrimoniales estatales que luego devolverían. "Todas las vías están abiertas", señalan en Fomento. Todo, salvo lo que suponga una inyección directa de dinero público.

El problema se remonta a la batalla judicial que abrieron los titulares de los suelos expropiados, la mayoría particulares, contra las concesionarias de las autopistas de Madrid que se han construido en los últimos ocho años: la Radial 2 Madrid-Guadalajara (paralela a la A-2 Madrid-Barcelona); la R-3 Madrid-Arganda (paralela a la A-3 Madrid-Valencia); la R-4 Madrid-Ocaña (que desdobla la A-4 Madrid-Sevilla) y la R-5 Madrid-Navalcarnero (que duplica a la A-5 Madrid-Badajoz). También tienen el mismo problema de coste extra, aunque en mucha menor cuantía, la AP-41 Madrid-Toledo y la autopista al aeropuerto de Barajas, la M-12.

Respaldo de los jueces

En total, hay unos 2.000 millones en juego, la mayoría de las radiales, y tal como se presenta el escenario, pueden ganar las dos partes, las grandes constructoras y concesionarias afectadas (ACS, Acciona, Ferrovial, Sacyr y Abertis) y los particulares. De momento, ya han triunfado los expropiados porque han conseguido que se les pague el suelo acorde con el valor esperado en tiempos aún de burbuja inmobiliaria, como permitía la anterior Ley del Suelo. Para sorpresa de los constructores, los jueces han ido dando la razón a estos particulares hasta llegar a sentencias firmes del Tribunal Supremo, lo que obliga a pagar hasta cuatro veces más de lo presupuestado, se quejan fuentes del sector.

Las radiales no cumplen sus expectativas

Hasta el 30% menos de vehículos 

Las autopistas radiales de Madrid son el mejor ejemplo de lo que pasa cuando las infraestructuras llegan antes de que el usuario las demande. Las perspectivas de tráfico no se han cumplido y, lejos de eso, siguen a la baja, aun años después de abrirse. La falta de usuarios y la mala señalización lo explican en parte. Así, la Radial 4 –de Cintra, filial de autopistas de Ferrovial, Sacyr y Caja Castilla-La Mancha–, registró un 30% menos de vehículos en el primer trimestre, aunque hay que contar con el efecto de la Semana Santa. En 2008, la caída fue del 8,4%. Algo menos sufrieron la Radial 3 y la 5, que tienen los mismos dueños (Abertis, Sacyr, ACS y Caja Madrid) y mostraron un 21% menos de tráfico en conjunto entre enero y marzo, y un 7% menos en 2008. Mientras, la Radial 2, de ACS, Abertis, Acciona y Caja Madrid, reflejó un descenso del 18% a marzo y del 4% en 2008.

Alargar el plazo

Problema para autopistas con tope. La solución de alargar el plazo de concesión satisfaría el problema de la mayoría de las radiales. Pero en la R-4 la explotación se fijó por 61 años, hasta 2065, lo que apura el tope fijado en el contrato, según fuentes del sector.