El Gobierno de Cristina Fernández formalizó hoy con el grupo español Marsans el traspaso de Aerolíneas Argentinas al Estado con la prioridad de que recupere su valor y sin plazos para volver a privatizarla.

La mandataria argentina, que atraviesa por el momento más bajo de valoración en sus siete meses de gestión por su derrota política en el conflicto con el campo, anunció formalmente la nacionalización temporal de la compañía en un acto en la Casa Rosada.

Alrededor de 2.000 invitados, entre altos cargos del Ejecutivo y del Partido Justicialista (peronista), participaron en el acto.

Fernández describió la situación de la compañía de bandera como "grave" y recordó que se encuentra en concurso previo a una quiebra tras la gestión del grupo español Marsans.

La presidenta adelantó que enviará en breve el proyecto de nacionalización de Aerolíneas Argentinas al Congreso y llamó a los trabajadores a sumarse al "gran esfuerzo" del Estado para sacar adelante a la compañía.

"El objetivo protagonista es la puesta en valor para que la empresa vuelva a ser la que supimos tener", dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, después de ratificar con Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, dueños de Marsans, un acuerdo que se había firmado el jueves pasado.

Señaló que el Gobierno "no tiene plazos" para volver a privatizar la aerolínea de bandera, cuyo regreso al sector público debe ser aprobado por el Parlamento ya que la ley de venta de 1991 a la española Iberia veda su regreso al Estado.

Aerolíneas Argentinas "fue destruida en la década de 1980 y privatizada en los años 90: ahora se abre un plazo para que se concrete su regreso al Estado y la prioridad es su puesta en valor", remarcó De Vido a los periodistas.

El acuerdo recoge "la voluntad" de Marsans de "vender la totalidad" de las acciones de Aerolíneas Argentinas (94,41 por ciento) y su subsidiaria de vuelos domésticos Austral (97 por ciento) y fija desde hoy un plazo de 60 días para auditar la compañía y su valor con el fin de concretar la operación.

Durante el periodo de transición, la aerolínea será gestionada por una comisión formada por tres representantes del Estado argentino y dos de Marsans.

"Habrá un análisis contable y veremos cuánto es el debe y cuánto el haber", comentó el ministro de Planificación al responder sobre el valor de la aerolínea de bandera y su subsidiaria.

Una de las cláusulas del acuerdo incluye el compromiso de evaluar información "detallada" sobre los bienes y deudas de la compañía, sus contratos con terceros, además del "estado de situación" de sus convenios laborales y su organización administrativa.

El convenio prevé que Marsans y el Gobierno designen a sus respectivos auditores para determinar "el precio de compra" de los paquetes accionariales de Aerolíneas Argentinas y Austral.

"En caso de existir diferencias entre las valuaciones que se efectúen y/o no arribarse de otro modo a un acuerdo respecto de ambos paquetes accionariales, se solicitará una tercera valuación de una entidad imparcial, nacional o extranjera, de prestigio internacional (...), señala el texto.

Aerolíneas Argentinas acumula pasivos por 890 millones de dólares, de los cuales 220 millones corresponden a "deudas exigibles", informó la compañía la semana pasada, en una audiencia judicial que había sido solicitada por el Gobierno y los sindicatos.

Las autoridades informaron de que desembolsaron unos 30 millones de dólares para pagar salarios atrasados y compra de combustible, entre otros gastos, cuando se calcula que Aerolíneas y Austral afrontan pérdidas por unos 30 millones de dólares al mes.

Después de afirmar que "no hay plazos" para volver a privatizar a Aerolíneas, De Vido apuntó que "es un tema que hay que encarar con seriedad" y "con todos los sectores" involucrados en el negocio aeronáutico, además del turístico.

El ministro destacó que el Estado auxilió a la aerolínea de bandera "en un momento de alta iliquidez (falta de fondos) y emergencia".

Subrayó que "lo mismo ocurrió" con el Correo Argentino y Aguas Argentinas, cuyo control recuperó el Estado al rescindir las concesiones que tenían el Grupo Macri argentino y el francés Suez, en 2005 y 2006, respectivamente.