El currículum de Carlos Fernández Gómez es oscuro, repleto de escándalos judiciales, sospechas de estafa y fraude, detenciones y con varias quiebras empresariales a sus espaldas. Hace pocos días fue detenido como responsable de una trama que, supuestamente, defraudó casi seis millones de euros a varias cajas de ahorros. Fue el último presidente de un importante grupo inmobiliario catalán. Y, hace justo tres décadas, fue uno de los civiles detenidos en el llamado fraude de la mili, mediante el cual varias personas se lucraron emitiendo certificados médicos falsos para que jóvenes se libraran del servicio militar. A pesar de su historial, no tuvo problemas en presentarse como un empresario de éxito en la España cegada por la burbuja inmobiliaria. 

Pero, ¿quién es Carlos Fernández Gómez? Es un empresario de Sant Feliu de Codines, un pueblo a unos 20 quilómetros de Granollers -en la provincia de Barcelona-, que se enriqueció con la constructora Fergo. En 2009, la fusionó con Aisa -una importante inmobiliaria barcelonesa, que pasaba por una grave situación económica- y se convirtió en el presidente de la compañía resultante, Fergo Aisa. Lejos de reflotarla, su entrada acabó de sentenciar a la empresa, actualmente quebrada y en liquidación, con un pasivo de 300 millones de euros. Paralelamente, durante los últimos años ha ido acumulando querellas y denuncias por su particular praxis empresarial. 

El pasado 3 de diciembre, Carlos Fernández fue uno de los tres empresarios detenidos en una operación de la Guardia Civil por el presunto fraude de casi seis millones de euros a varias cajas de ahorros. En la operación se registró su casa que, según el portal Economía Digital, está a nombre de un testaferro, y en la que se encontraron numerosas obras de arte. La detención tiene el origen en la querella que en julio de 2012 presentó la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona contra los administradores de la inmobiliaria Cipsa, una filial de Fergo ya desaparecida y que tenía a Fernández como director general. 

Entre 2006 y 2007, Cipsa creó varias sociedades con cajas de ahorros para llevar a cabo operaciones inmobiliarias, básicamente compraventa de solares. Las entidades financieras aportaban el capital y Cipsa, posteriormente, emitía facturas falsas o hinchadas por trabajos no realizados con las que se consiguieron desviar 5,9 millones de euros. Según la Fiscalía, el mecanismo era en beneficio de una trama liderada por Carlos Fernández, y en la que jugaban un papel clave los otros dos detenidos: Clemente Aulet, subdirector de Cipsa, y Miguel Gamell, actualmente empresario y exdirectivo de Caixa Terrassa, una de las cinco entidades estafadas. Las otras eran Caixa Manlleu, Caixa Laietana, Caja Navarra y Caja España. A los detenidos les imputan los delitos de estafa, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, insolvencia fraudulenta y falsedad documental continuada. 

Las referencias en prensa de Carlos Fernández Gómez se concentran en los últimos cinco años, sobre todo a raíz de hacerse con la presidencia de Fergo Aisa, pero tirando de hemeroteca su nombre ya aparece en el lejano 1984. Y envuelto en un escándalo. En una información d'El Periódico de Catalunya se le presenta como un “empleado de banca residente en la Garriga [otro municipio cercano a Granollers], acusado de facilitar certificados médicos falsos a jóvenes que querían librarse de la mili”. Fernández era uno de los integrantes de la trama del llamado fraude de la mili, que llegaba a cobrar un millón de pesetas (6.000 euros) de la época por el falso certificado y, según publicó El País en aquel momento, era vox populi en la Garriga que el futuro presidente de Fergo Aisa “se dedicaba a librar gente” del entonces servicio militar obligatorio. El escándalo llevó a Fernández a la cárcel y se pasó cuatro meses -de mayo a setiembre de 1984- en la prisión Modelo de Barcelona. Nueve años más tarde, aparecen nuevas referencias de Carlos Fernández, ya convertido en empresario. Era administrador de Tarragonesa de Distribución SL, una sociedad de Granollers dedicada al comercio al por mayor de productos de alimentación y bebidas. La compañía se declaró en quiebra el 4 de marzo de aquel año y justo entonces se detuvo a Fernández Gómez, acusado de estafar con pagarés falsos a varias entidades financieras y a empresas como el grupo Spar, el grupo IFA y Centra. Según el diario El Nou 9, la estafa alcanzaba los 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros). También entonces pasó por prisión.

En 2009, ya con la burbuja del ladrillo pinchada, la crisis puso Aisa al borde de la desaparición. La salida fue la fusión con el grupo Fergo, presidido y controlado por Carlos Fernández y que contaba con dos promotoras y tres constructoras. A pesar de no consolidar los resultados, Fernández aseguraba que en ese momento su grupo facturaba 100 millones anuales. Durante los años del boom Aisa, que antes de la fusión estaba presidida por el abogado Genís Marfà, llegó a acumular una cartera de suelo para 40.000 viviendas. Antigua participada de Agrupació Mútua -que presidió el saqueador del Palau de la Música, Fèlix Millet-, en la cúpula de Aisa había representantes de la alta sociedad barcelonesa, como Enrique Masó, el penúltimo alcalde franquista de la ciudad. Carlos Fernández Gómez aterrizó con la promesa de evitar el concurso de acreedores y la quiebra de la compañía, pero su gestión fue un desastre que se puede resumir con tres ejemplos.

En 2011 el grupo hotelero menorquín Carema estaba en dificultades económicas y se alió con Fergo Aisa. El trato era que el patrimonio hotelero del grupo pasaba a la inmobiliaria, que a cambio le daba a Carema un lote de acciones de nueva emisión de la propia Fergo Aisa. Con el trato cerrado, Fernández vendió varias fincas de Carema a cambio de 10 millones de euros que, según una denuncia posterior de los responsables del grupo hotelero, sirvieron para hinchar la caja de la inmobiliaria, que no cumplió su parte de emitir nuevas acciones destinadas a Carema. Sólo nueve meses después de cerrar el acuerdo, las dos partes acordaron deshacerlo y Fernández tuvo que devolver los activos a Carema, operación que le llevó a extender varios pagarés para cubrir los gastos generados durante su gestión. Todos los pagarés fueron devueltos por falta de fondos. ¿Resultado? Una denuncia de Carema a Carlos Fernández por administración desleal. Lo acusan de un quebranto de 18 millones de euros. 

A finales de 2011, Fergo Aisa anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se había adjudicado un contrato para construir 20.000 viviendas de protección social en la ciudad colombiana de Cúcuta. Sus acciones se revalorizaron un 56,25%, pero doce días más tarde tuvo que reconocer que el contrato no estaba ni mucho menos cerrado, sino que tan sólo era un “compromiso” del futuro alcalde de la ciudad. Finalmente, la operación quedó en nada. La inmobiliaria entró en concurso de acreedores en julio de 2013 y los administradores concursales descubrieron que durante toda la presidencia de Carlos Fernández no tuvo actividad ordinaria, o sea que no vendió absolutamente nada. 

La quiebra y la liquidación de Fergo Aisa es la última etapa de la gestión del empresario de Sant Feliu de Codines. Eso sí, con un embargo preventivo para los miembros del consejo de administración de 116 millones de euros, 58 de los cuales corresponden a Carlos Fernández Gómez. En el momento de la quiebra, la deuda de la inmobiliaria era de 300 millones. A pesar de todos sus escándalos, Fernández todavía aparece a día de hoy en la dirección de decenas de sociedades. La estafa, el engaño, la especulación y el dinero fácil, símbolos del milagro español vinculado al ladrillo, tiene en él uno de sus ejemplos paradigmáticos.