Aún no eran las siete de la mañana cuando el ariete de la policía empezó a embestir la puerta del edificio. Costó que cediera. Al otro lado, decenas de activistas habían colocado puntales para impedirlo. Desde el balcón llovía harina y caían globos con pintura que bañaban por igual los coches aparcados y los cascos de los antidisturbios. El desahucio de José Manuel Moreno y de María Gómez, dos octogenarios del madrileño barrio de Carabanchel, había comenzado. El mismo día que el Gobierno anunciaba su intención prorrogar la paralización de desahucios a familias vulnerables. El día de la resaca de la lucha interna en el PP de Madrid, que gobierna la región y la ciudad donde dos ancianos vulnerables se han quedado en la calle.

Terminó pasadas las diez de la mañana, cuando el hombre, abatido y desorientado, salía a la calle tras una larga noche en vela en la que decenas de activistas y vecinos le han acompañado. Apenas ha tenido fuerza para hablar con los medios y agradecer el apoyo popular. María, explica a Público su nuera Puri, ha preferido no asistir al desenlace. Se ha quedado en casa de su hijo, "llorando toda la noche, te puedes imaginar como está", comentaba la mujer.

Esta vez no han podido evitar el desalojo, como sí hicieron hace un mes escaso. De nada ha servido que el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid esté trabajando para que el matrimonio pueda mudarse a un apartamento de emergencia para personas mayores. De nada ha servido el último informe de vulnerabilidad actualizado que los Servicios Sociales remitieron ayer al juzgado. La pareja de ancianos se ha quedado en la calle sin alternativa habitacional por el momento.

El desahucio no se ha aplazado y un enorme despliegue policial se había encargado varias horas antes de que el camino de la comisión judicial hasta el segundo izquierda del número 109 de la Vía Carpetana estuviera despejado. Ni siquiera dejaron a pasar a su hijo y a su nuera, que esperaban en la calle el desenlace. Ni siquiera pudo estar presente su abogado cuando José Manuel empezó a firmar los legajos que los funcionarios le ponían delante antes de echarle de la casa.

Los primeros furgones policiales aparecían antes de las dos de la madrugada. Un grupo de agentes de la Unidad de Intervención Policial se apostó en el portal para que nadie pudiera acercarse. Sucesivos cordones de agentes y vehículos empujaban a los congregados hacia el otro lado de la calzada. Hubo algún forcejeo, una pequeña carga, una detención. Nada fuera de lo habitual en estos casos. José Manuel se asomaba cada tanto al balcón y miraba hacia abajo, hacia un próximo futuro de arietes, porras y escudos que iba a dejarlo en la calle después de 55 años viviendo en la misma casa.

Él y su mujer llevaban décadas con un contrato de renta antigua, pero la muerte de la propietaria, el ansia de uno de los herederos y un fallo de José Manuel a la hora de pagar gastos de la comunidad crearon la tormenta perfecta. El nuevo casero aprovechó el impago de un plazo para para extinguir el contrato hace casi dos años y empezar el proceso de desahucio. El matrimonio solo debía 800 euros que no tardaron en ingresar, recordaba José Manuel a su salida. De nada sirvió, decía frustrado, al igual que todas las rentas que han abonado desde entonces. Pagaban 150 euros al mes y su pensión no le permite arrendar una casa similar a precio de mercado en una ciudad azotada por la burbuja del alquiler.

Con la puerta ya vencida y sin cristales, la Policía empezó a sacar de uno en uno a los activistas que trataban de frenar el desahucio. En los balcones asomaban los vecinos y algunos niños aún en pijama que escuchaban el alboroto sin entender qué hacía tanta policía ahí abajo. Fue un proceso largo pero efectivo. Los congregados, confinados al otro lado de la calzada, solo podía mirar impotentes como los agentes iban trayendo a sus compañeros después de identificarlos.

"No sabemos qué pasará ahora. De momento se quedarán en nuestro piso hasta ver qué solución nos dan", explicaba la nuera tras el desalojo. "No lo parece, pero el abuelo no está bien. Ha tenido varios ictus y esto le está afectado mucho", comentaba el hijo mientras José Manuel se abrazaba a un vecino del barrio en una plaza cercana. No volverán a la casa de toda una vida.

En el portal solo quedan cristales rotos y restos de pintura. "Es muy triste. Se van unos buenos vecinos, muy queridos por todos", comentaba María, que vive en el tercero de su bloque. Ella se pregunta ahora quién va a pagar los desperfectos generados por el operativo policial. Porque la vida sigue después del drama.