La CUP ha presentado la mañana de este jueves anuncio de recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para pedir la 'suspensión inmediata' de la venta de CatalunyaBanc (CX) a BBVA, operación que actualmente está pendiente de la aprobación por parte de las autoridades de la competencia.

Así lo han explicado en el Parlament el diputado de la CUP David Fernández acompañado del abogado Benet Salellas, que han criticado que la venta se cerrara por 1.187 millones de euros, si bien el Estado llegó a inyectar 12.052 millones para su saneamiento. 'Este recurso tiene como objetivo combatir la impunidad de un agujero de 12.000 millones de euros', ha dicho Fernández, que se ha negado a que la red de CatalunyaBanc pase a formar parte de un banco que, según él, tiene depósitos en paraísos fiscales, practica la corrupción y ha estafado a preferentistas.

Fernández ha dicho que la CUP hubiera presentado el recurso de haber ganado la adjudicación de la entidad catalana cualquier otra de las competidoras, ya que ninguna de las ofertas presentadas cubrían los 12.000 millones de euros de fondos públicos, y por ello considera la venta un 'regalo'.

Salellas, por su parte, ha dicho que 'esta acción judicial es fruto de la indignación de que se tiren por la borda los 12.000 millones de euros que ha costado sanear CatalunyaBanc' al aceptar una oferta que no cubre el dinero público invertido, lo que ha considerado una indecencia. Ha defendido la inconstitucionalidad de la Ley 9/2012 del 14 de noviembre de reestructuración y resolución de entidades de crédito al considerar que exime al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de los controles y fiscalizaciones a los que están sometidos todos los entes de derecho público. Ha indicado que estas pérdidas multimillonarias contravienen el interés general y suponen la violación del articulo 31.2 CE, que establece que el gasto público se debe regir por la eficacia y la equidad.

Asimismo, la CUP y el abogado Salellas defienden que la venta de CatalunyaBanc al BBVA debe ser tipificada como fraude de ley porque en el ámbito de los poderes públicos la norma es que en las subastas de bienes se adjudican por encima del precio de salida y solo excepcionalmente se acepta la adjudicación por debajo, siempre y cuando se cubra la deuda que se ejecuta. Fernández ha criticado el 'camorrismo jurídico' por el que se ha regido, a su juicio, el FROB en este proceso de adjudicación, ya que, según ha dicho, el ente no ha contestado los correos electrónicos que le han enviado ni les ha facilitado el acta de adjudicación, no teniendo más información que la nota de prensa divulgada por el propio organismo.

El diputado de la CUP ha dicho que Catalunya podría haber comprado la entidad con el objetivo de crear una banca pública catalana: 'Lo podríamos haber hecho nosotros como país, tener una red, acceder a préstamos del Banco Central Europeo y evitar especulaciones'. 'Es una auténtica oportunidad perdida para salir de la crisis de otra manera. Hubiera sido el embrión de una futura banca pública catalana, que hace falta', ha añadido Fernández.