El sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la reforma fiscal del Gobierno es 'regresiva' porque serán las clases medias las que amortiguen una vez más la rebaja a las grandes fortunas, atentando así contra el artículo 31 de la Constitución que establece cómo el sistema tributario debe aportar recursos suficientes para garantizar el estado del bienestar y cómo cada ciudadano debe contribuir con progresividad en función de su capacidad económica.

En un comunicado, Gestha asegura que la progresividad es la 'gran perjudicada' de la reforma al simplificar de siete a cinco los tramos actuales del IRPF. A su parecer, los principales beneficiarios de la reforma no sumarán más de 73.000 contribuyentes. Por el contrario, los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no se verán afectados por la rebaja fiscal propuesta por Moncloa, ya que actualmente no tributan. 'El Gobierno, al no bajar otros impuestos que soportan los ciudadanos, como el IVA o los impuestos sobre los Hidrocarburos o la Electricidad, no puede afirmar con la rotundidad que lo hace que la presión fiscal haya bajado para todos. Tampoco podemos hablar de una reforma integral del sistema fiscal sino sólo parcial', ha señalado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

De hecho, Gestha explica que la rebaja en el primer tramo de la escala del IRPF y el aumento de las cuantías de los mínimos personales y familiares afectan a todos los contribuyentes por igual, por lo que los 8,8 millones de ciudadanos que cobran entre 12.450 y 33.000 euros amortiguarán el impacto de la rebaja fiscal de las grandes fortunas, con un aumento de sus tipos de entre 0,25 y 1 punto sobre la tarifa vigente. Los Técnicos consideran que comparar los efectos de esta nueva reforma con la tributación de 2011 tiene 'trampa' y lleva a equívoco a la ciudadanía, ya que 'tapa' la mayor bajada para las rentas más altas.

Mollinedo ha criticado también que el Gobierno no haya precisado cómo se financiará la caída de ingresos y considera posible que se compense con otras fórmulas como el copago o la privatización parcial de entes públicos como AENA, que reportará unos 2.500 millones. A su parecer, y de confirmarse este último punto, se trataría de vender acciones de empresas públicas rentables para rebajar impuestos que, además, perjudican la progresividad y la suficiencia del sistema tributario.

Sobre la bajada de la tributación de rentas del capital, Gestha cree que beneficia a las mayores fortunas y afecta negativamente a la progresividad porque quien obtenga más de un millón de euros en dividendos pagará proporcionalmente igual que un trabajador o autónomo que gane 50.000 euros.

En cuanto a la rebaja de Sociedades, los técnicos dicen que sólo beneficiará a las grandes empresas que, según ha explicado, tributan a una media del 3,5%, ocasionando una pérdida recaudatoria de 26.000 millones. A su parecer, 'acercar el tipo nominal al efectivo no debería hacerse bajando tipos y la reducción de las deducciones no es suficiente para compensar la caída en la recaudación. Así, piden analizar el efecto que tiene en las compañías que facturan más de seis millones.

Finalmente, considera 'positiva' la publicación de la lista de deudores tributarios, siempre y cuando se complete con la lista de delitos fiscales y los nombres de la multinacionales que eluden impuestos. No obstante, echan en falta medidas adicionales para reducir la elevada tasa de economía sumergida en España, del 24,6% del PIB.

Por este motivo, apuesta por intensificar la lucha contra el fraude, centrando la investigación y persecución del fraude en las grandes empresas y fortunas, que son responsables del 72% de la evasión total, muy por encima de pymes, microempresas y particulares, a pesar de que solo concentran el 20% de los esfuerzos del fisco, tanto en plantilla como en recursos.

Al mismo tiempo, propone cambios impositivos para reducir la elusión fiscal, como un Impuesto a las Transacciones Financieras, cambios en las SICAV y en las sociedades patrimoniales, reducir la dualidad fiscal de rentas del trabajo y del autónomo respecto de las rentas del capital y más control de los paraísos fiscales. Igualmente, reclama ampliar la limitación del uso de efectivo para operaciones superiores a 1.000 euros y que quien incumpla no pueda deducir el gasto en el IRPF, Sociedades e IVA.