La Generalitat no frenará ni un ápice la velocidad de crucero adoptada para suprimir las cuatro diputaciones provinciales por siete veguerías en la futura división territorial de Catalunya. Todo ello, según fuentes del tripartito, a pesar de que el Tribunal Constitucional está mirando con lupa los artículos del Estatut que lo hacen posible (el 90 y el 91), al considerarlos un epitafio de la provincia. Así lo dio a entender en los últimos días el conseller de Gobernación Jordi Ausàs, de ERC, que anunció que en otoño se aprobará la ley que hará posible el rápido tránsito de una estructura supramunicipal a otra.

Las veguerías, una institución enraizada en la Edad Media, se corresponden con el ámbito geográfico natural catalán. Las provincias del siglo XIX no lo han podido desdibujar. Durante la Segunda República, la Generalitat ya estableció nueve veguerías.

'No se propone la desaparición completa de la provincia, que continuaría existiendo como circunscripción electoral española; y además la Generalitat consensúa el proyecto con el Gobierno y con los presidentes de las diputaciones porque está obligado a aplicar el Estatut, que no deja de ser ley orgánica del Estado', afirmaron fuentes del departamento de Gobernación, reacias a variar su agenda por la penúltima filtración sobre el TC, o las reticencias del PSC, cada vez menores, a partir en dos la poderosa Diputación de Barcelona.

El jueves pasado, Ausàs se reunió con el vicepresidente tercero Manuel Chaves para allanar el camino. El proceso empezará a tomar forma este septiembre cuando el Govern presente el borrador de 500 folios de la ley de gobiernos locales. En este vademécum del nuevo despliegue territorial catalán se definirán al detalle la composición y alcance de los niveles de la administración dependiente del Ejecutivo autónomo, desde consejos comarcales y entidades municipales descentralizadas a las áreas metropolitanas pasando a la creación de municipios.

En una línea paralela avanza la ley de transición de diputaciones a veguerías, que delimitará no sólo sus competencias sino que entrará en el detalle de perfilar hasta el régimen laboral de los funcionarios subrogados (desde el mantenimiento de la antigüedad hasta compensaciones por traslados forzosos). El entramado se culminará con las modificaciones legales para garantizar su financiación combinando territorio y habitantes con parámetros correctores. Estos estarán influidos por la revisión de la ley de bases de régimen local que prepara el Gobierno.

Desde Gobernación aseguran que el diseño final de esta 'arquitectura administrativa' contemplaría el traspaso del dinero que el Estado destina ahora a las diputaciones a la Generalitat para que lo redistribuya a partir de su marco legal.

Con la ley aprobada, la'reestructuración más bestia del Estado en Catalunya', según fuentes del tripartito, se visualizaría a partir de las elecciones municipales del 2011 en la primera de las siete veguerías previstas avant la letre, la de las Terres de lEbre. En este caso se trata de una creación alejada de polémica, porque sus cuatro comarcas coinciden con la frontera provincial de Tarragona. Además, tampoco requeriría del anteproyecto de ley que necesitarán el resto de veguerías, porque se desarrollará al máximo un decreto del Gobierno de Josep Tarradellas que ya confería entidad administrativa propia a la zona sur de Catalunya.

Para garantizar el éxito del primer pilar de la futura fachada de Catalunya, Ausàs y Chaves negocian no sólo el cambio de límites provinciales sino también de partidos judiciales para adaptarlos a las fronteras comarcales y facilitar la elección indirecta de miembros de los consejos de veguería, que sustituirán a los plenos de las diputaciones.

El Govern precisa que la ley de gobiernos locales 'no especificará en ningún momento el número de veguerías en las que se dividirá Catalunya, por lo que futuras mayorías podrían añadir algunas o incluso modificar su composición'.