Bibiana Medialdea, profesora de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, expresa de manera muy gráfica y elocuente una duda que es al mismo tiempo una zozobra: '¿Por qué hemos de aceptar que un Estado venda su sistema sanitario para pagar sus deudas?'.

En esa pregunta está condensada la esencia de esta crisis que tiene a los ciudadanos 'aplastados por la deuda'. Pero como recuerda esta joven economista, la deuda no es la causa de la crisis, sino la consecuencia de unos años  en los que la economía española se entregó a 'una dinámica de crecimiento alocada e insostenible'.

Todo terminó por estallar y sobrevino una crisis de endeudamiento enorme que asfixia a la ciudadanía y la ha conducido al callejón sin salida de la austeridad. Y el poder político y financiero no hace nada: muy al contrario, trata con deferencia a los causantes de las crisis mientras penaliza a los ciudadanos.

Medialdea, que coordina el libro Qué hacemos con la deuda, una obra coral escrita por ella misma y otros cuatro economistas, aboga junto a sus compañeros por hacer una auditoría de la deuda tanto pública como privada para determinar cómo se contrajo esa deuda, quiénes son los acreedores y qué parte de la misma es ilegítima u odiosa y que, por tanto, no debe pagarse.

¿Qué saldría de una auditoría de la deuda?

La auditoría serviría para analizar la composición de la deuda: a quién debemos y por qué, y las condiciones en que se contrajo esa deuda. Se trata de acceder a la información para poder determinar con conocimiento de causa si hay razones para no pagar parte de la deuda. Creemos que hay indicios para sostener que una parte no se tiene por qué pagar. En el caso de la deuda pública pensamos que una parte de la misma se contrajo por razones que no son favorables al bien común y, por tanto, no tiene que responder toda la ciudadanía por ella. Pero también es importante auditar la deuda privada de las familias, la deuda hipotecaria. En este caso estaríamos hablando de unos prestámos concedidos en condiciones abusivas, con lo cual esa deuda podría considerarse ilegítima.

¿Qué es la deuda ilegítima?

Aquí hay dos cuestiones. Por una parte tenemos lo que el derecho internacional reconoce como deuda odiosa, que es aquella que directamente viola la legislación, la que se puede determinar que es ilegal. Por ejemplo, hay deuda privada hipotecaria que podría entrar en esa categoría. Y luego está la deuda ilegítima. En este caso la legislación no ampararía que no se pague, pero nosotros defendemos que por razones éticas y políticas se pueda no pagar.

¿La deuda es la causa o la consecuencia de la crisis?

La deuda es lo que nos ha explotado, el síntoma más visible de que al menos desde los años 90 la economía española entró en una dinámica de crecimiento absolutamente enloquecida e insostenible desde el punto de vista medioambiental y social. Hemos tenido unos años de mucho crecimiento en los que hemos generado condiciones laborales precarias y unos ingresos reales que crecían muy poco. Todo terminó por estallar y ha estallado por el lado de un sobreendeudamiento enorme. Ahora estamos aplastados por esta gran deuda, sobre todo deuda privada que sigue siendo mucho mayor que la pública.

'Los bancos están traspasando deuda al sector público: eso también es impagar'

¿Es partidaria de una quita de la deuda?

Ante el sobreendeudamiento que presenta la economía española una quita es algo inevitable. De hecho se está produciendo ya. Lo vemos cuando las empresas suspenden pagos. Los datos del Banco de España sobre liquidación de deuda así lo avalan: estamos en una crisis de insolvencia y vemos que las empresas están dejando de pagar. Los bancos están traspasando deuda al sector público: eso también es impagar. Impagos hay, pero la cuestion no es si somos partidarios o no de una quita: lo importante es hacer una auditoría que analice todo el tipo de deuda para que ese impago se reparta de una forma equitativa y sensata; es decir que no se paguen aquellas deudas que tienen más razones para no ser pagadas. No puede ser que el sector financiero privado genere impagos traspasando una deuda al sector público cuando ese sector financiero conocía las operaciones en las que se estaba metiendo y con las que tantos beneficios acumuló y, sin embargo, tengamos familias que firmaron contratos de hipotecas sin saber realmente que estaban firmando y no se les conceda ni una pequeña ventaja social como la dación en pago. Las familias son el único grupo que está pagando de forma íntegra sus deudas. Ni las empresas ni los bancos están pagando todas sus deudas. Eso no tiene mucho sentido.

Hay una cosa que mucha gente no comprende: ¿Por qué la deuda pública sigue aumentando a pesar los recortes?

La deuda pública se dispara porque no todo el gasto público se está recortando. El Gobierno recorta sobre todo en el gasto público social (vivienda, educación, dependencia, etcétera ), pero otras partidas se disparan. Tomemos el caso de los rescates bancarios: como mínimo un 13% o un 15% de la deuda pública española está provocada por las ayudas a la banca. Y a todo eso se le añade otro factor: los ingresos se han desplomado. Ese es el grave problema que tiene el Estado español con sus cuentas públicas en la actualidad. Tenemos un nivel de fraude social, un nivel de economía informal y un sistema fiscal tan regresivo que ahora mismo el Estado apenas tiene capacidad de recaudar. Y seguirá así hasta que no se decida a recaudar impuestos entre los grupos sociales que tienen más dinero. Ante unos gastos que crecen mucho y unos ingresos que caen, el Estado se encuentra bastante limitado a la hora de financiarse y no tiene más remedio que recurrir a un mecanismo de financiación que es muy perverso, crea problemas en un futuro y es, además, muy caro: emitir deuda en los mercados privados y tener que someterse por tanto a la prima de riesgo, a los movimientos especulativos y demás.

El año que viene la deuda pública alcanzará el 100% del PIB. ¿Tiene algún límite ese crecimiento tan brutal?

Por supuesto que tiene un límite, pero sólo si el Gobierno cambia de política. Con una economía que no crece y sobreendeudada, la austeridad ya no da más de sí. Los recortes de gasto en los que se empeña el Gobierno ya tienen poco recorrido. La dinámica previsible es que las cuentas públicas sigan empeorando. De hecho aún tenemos margen para empeorar: basta con ver los datos de deuda pública de otros países europeos para darse cuenta. El problema es que las consecuencias de ese deterioro fiscal son muy graves: cuanta más deuda pública tengamos, más cara será financiarla y dedicaremos más parte de nuestro Presupuesto a pagar intereses. Ya estamos destinando más dinero más a pagar intereses que a pagar subsidios de desempleo. Y esos intereses se los estamos pagando a las entidades financieras, que son quienes compran la mayor parte de nuestra deuda pública. Si seguimos por ese camino de aumentar deuda y de aumentar intereses, las transferencias de recursos resultarán aún mas injusta.

'En una situación de emergencia social como esta, el Estado debe ser soberano para establecer sus prioridades a la hora de gastar'

Ha dicho antes que el rescate bancario y las ayudas públicas han generado el 13% de la deuda pública. Sorprende este dato.

Según nuestros cálculos, el total de ayudas a la banca que han generado deuda pública llegan casi a 140.000 millones de euros, más del 13% del PIB. Estas cifras son un cálculo bastante conservador porque no incluyen ayudas públicas que de momento no han generado deuda pública, pero que es muy probable que la generen en el futuro porque son avales para activos tóxicos. Esos avales al final se van a tener que activar y cuando se activen generarán más deuda pública. El economista Carlos Sánchez Mato ha hecho un estudio en el que calcula que si se incluyen todas las ayudas públicas a los bancos estaríamos cerca del 50% del PIB.

¿Puede permitirse un país como España pagar cerca de 40.000 millones de euros al año sólo en intereses de la deuda?

Lo que planteamos en el libro es que mientras se audita la deuda debe establecerse una moratoria en los pagos. Habría que detener esa sangría enorme de recursos públicos. Los pagos son totalmente abusivos, sobre todo teniendo en cuenta que se están pagando unos intereses a unos bancos que están siendo subvencionados por el BCE para comprar la deuda pública que genera esos mismos intereses. Los bancos son responsables de la situación en la que se encuentra el Estado después del rescate financiero y no es justo que toda la ciudadanía tenga que abonar esos intereses porque así lo que estamos haciendo es pagar dos veces el rescate bancario. En una situación de emergencia social como esta, el Estado debe ser soberano para establecer sus prioridades a la hora de gastar. Igual es un poco exagerado, pero del mismo modo que es ilegal, porque viola derechos fundamentales, que una persona venda un órgano para hacer frente a una deuda, ¿por qué hemos de aceptar que un Estado venda su sistema sanitario para hacer frente a un recibo bancario? Vamos a hacer una ordenación de las prioridades un poco sensata.

'Habría que detener esa sangría enorme de recursos públicos'

No quiero dejar de preguntarle por la responsabilidad del BCE.

Uno de los problemas que tenemos, aunque no el único, es que estamos haciendo frente a una situación de sobreendeudamiento como si no tuviéramos un banco central. Tenemos un BCE que no financia al Estado. No se trata de darle a la máquina de hacer dinero a lo loco, pero se supone que un banco central en una situaciones de crisis como esta sirve para proveer de financiación pública en los momentos en los que hace falta. Al menos eso dicen los manuales de economía. Pero no ocurre eso, muy al contrario: el BCE presta al sistema financiero privado con unos intereses preferentes, pero sin embargo no da ese mismo tratamiento preferente a los Estados. Es algo completamente irracional desde el punto de vista de la gestión pública, aunque para la banca privada el BCE debe de ser un banco maravilloso. Estamos intentando gestionar una crisis de deuda sin uno de los instrumentos fundamentales.