Ir “desnudo o casi desnudo” por Barcelona conllevará una multa de entre 120 y 500 euros, según acordó este viernes el Ajuntament de Barcelona, en el último pleno del mandato. La prohibición se hará efectiva en 15 días. Para lograr el acuerdo, el PSC tuvo que prescindir de su socio de gobierno (ICV-EUiA) y aliarse con CiU, el principal partido de la oposición.

El texto aprobado justifica la prohibición con el objetivo de “proteger el derecho de las personas” a no tener que sufrir “molestias” por la “falta de respeto de las pautas mínimas”. Además de ir desnudo o semidesnudo, el texto prohibe ir “sólo en bañador o con otra pieza de ropa similar”.

La modificación de la ordenanza provocó hoy que el último pleno estuviera lleno de reproches, porque el resto de partidos consideran que se vulnera un derecho fundamental y que, además, la ley no es muy clara, ya que el concepto “casi desnudo” es muy “arbitrario”. En el otro extremo se situó el PP que se abstuvo en la votación porque se opone al último punto del texto, que obliga a la Guardia Urbana a llamar la atención antes de multar. El líder popular, Alberto Fernández Díaz, llegó a decir que es “un agravio comparativo” que se multe sin avisar a los conductores que cometen una infracción de tráfico y, en cambio, se avise antes de sancionar a quien “vaya en pelotas” por la calle.

El líder de ICV-EUiA, Ricard Gomà, socio de gobierno, criticó la medida y recordó que “vivir en una ciudad es respetar formas que a lo mejor no se comparten”. Gomà criticó que “no se puede sancionar más duramente ir en bañador que saltarse un semáforo en rojo”. Desde ERC, Jordi Portabella, denunció que el texto es de “una arbitrariedad extrema” y añadió que “hace 20 años esta ley hubiera prohibido la minifalda”.

La polémica traspasó las paredes del Ajuntament, y el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) se sumó a las críticas del cambio de ley como también hizo la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), una formación política que proviene de los movimientos sociales. En un comunicado, la CUP criticó que el Ajuntament ha adoptado “una moral retrógrada” y advirtió que estudiará presentar una denuncia.

Quien seguro que la presentará es la Federación Española de Naturismo (FEN), según explicó su portavoz, Ismael Rodrigo, a este diario. Rodrigo recordó que en 1988 se abolió el delito del escándalo público en España y que desde entonces no se puede sancionar a nadie por ir desnudo. Y menos un ayuntamiento. “Se trata de una ordenanza municipal que vulnera una ley orgánica”, dijo Rodrigo. La FEN ya ganó una causa parecida en Valencia y tiene un proceso abierto contra el Ayuntamiento de Cádiz por el mismo motivo.

El portavoz naturista explicó que su entidad no promueve ir desnudo por la calle, sino que sólo lo hace en zonas naturales como la playa o la montaña, pero remarcó que, aún así, “no se puede permitir que lo prohíban” ya que “el cuerpo humano no se puede criminalizar”.