En las últimas semanas, temiendo los efectos de la nueva normativa de saneamiento del ladrillo, los contactos entre los presidentes de los bancos y cajas españoles han sido frenéticos. Cualquier posible fusión se ha planteado. Pero eso no es nada comparado con lo que va a ocurrir a partir de mañana. El real decreto publicado ayer en el BOE establece que antes del 31 de marzo las entidades deberán comunicar al Banco de España sus planes para conseguir todos los saneamientos exigidos. Y eso supondrá que aquellos que necesiten una fusión para hacerlo tendrán que ponerle sobre la mesa sus opciones, que previamente habrán tenido que pactar con sus futuros socios.

El plan definitivo de fusión no habrá que presentarlo hasta el 31 de mayo, con lo que después tendrán otros dos meses para cerrar los flecos, o las cuestiones importantes, como el reparto del poder en la nueva entidad, pero de partida, en menos de dos meses tendrán que tener el boceto de la unión. Eso sí, es posible que algunos lleguen al Banco de España con más de una posible fusión para apurar el tiempo lo más posible, pero lo previsible es que buena parte del mapa futuro quede dibujado antes de empezar abril. El Gobierno ha planteado un periodo muy corto porque teme que las entidades den más vueltas de las necesarias para llegar a la misma meta. No obstante, desde el sector han alertado esta semana (incluso los bancos, que son los que más prisa han reclamado siempre) de que un proceso tan complejo y tan trascendente para el futuro de la economía se haga con más premura de la debida. El último en decirlo fue el presidente de BBVA, Francisco González, el jueves pasado, cuando aseguró que 'hay que hacerlo lo más rápido posible, aunque cuatro meses quizá es demasiado rápido. Un año es un plazo razonable'.

El Estado tendrá tres años para vender las cajas nacionalizadas, pero lo hará en breve

Con el plan del Gobierno, las fusiones tendrán que estar aprobadas por las asambleas de las cajas antes del 30 de septiembre y ejecutadas antes del próximo 1 de enero. En esos casos, podrán realizar los saneamientos del ladrillo con cargo a patrimonio en lugar de tener que hacerlo restando de los beneficios, y tendrán dos años para lograrlo y no uno como ocurre con las que no se fusionen.

En el plan de fusión presentado a las autoridades, las entidades deberán incluir un objetivo cuantificado de aumento de crédito a hogares y a empresas para tres años y también un plan de reducción de activos inmobiliarios.

El Banco de España y el Ministerio de Economía tendrán capacidad para decidir si las fusiones que se plantean son las adecuadas (por mucho que el ministro, Luis de Guindos, aseguró el viernes que 'no va a inmiscuirse') y, además, podrán opinar sobre el reparto de poder acordado para la entidad resultante de una integración. La normativa establece que la autorización de la fusión podrá depender de que haya un adecuado reparto y podrá pedirse que se modifique en caso de que no lo sea.

Los Presupuestos aportarán 6.000 millones al FROB y no será déficit

Para acelerar el proceso, el Gobierno también ha cambiado los plazos que hasta ahora estaban establecidos para las entidades nacionalizadas. De los cinco años que tenía hasta ahora para venderlas, los ha dejado en tres. Y, sobre todo, ha eliminado el plazo de dos años que tenían estas entidades (especialmente Novagalicia, que es la que lo está intentando) para recomprar las acciones que ahora posee el Estado y seguir en solitario. Por tanto, es previsible que en los próximos cuatro meses (antes del 31 de mayo) también se haya buscado una salida para estas dos entidades, cuyos compradores ya no recibirán dinero del Fondo de Garantía de Depósitos como sí ocurrió con la CAM y previsiblemente con Unnim y con Banco de Valencia. Sus adquirentes tendrán que pagar un tipo de interés cercano al 8% anual por las ayudas que reciban.

Ese apoyo financiero tendrá un plazo de duración de cinco años, pese a que se hará con bonos convertibles contingentes (cocos) que habitualmente no tienen plazo de vencimiento. Si pasado un lustro (puede llegarse hasta siete años) la entidad no es capaz de recomprar esos títulos, el Estado se convertirá en su accionista.

Las ayudas se tramitarán a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que aumentará su cuantía en 6.000 millones de euros, hasta 15.000 millones, aunque su posibilidad de dar apoyo seguirá estando en 90.000 millones. La nueva aportación del Estado se hará con cargo a los Presupuestos pero no generará déficit.