El Juzgado de lo Penal número 1 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, por prevaricación urbanística y administrativa relacionada con la construcción de un aparcamiento en el subsuelo de los Jardines de Monforte.

Así lo dicta en un auto hecho público hoy que, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, permite al Ayuntamiento personarse como perjudicado ante la posibilidad de que tenga que afrontar gastos derivados de la demolición del aparcamiento.

Esto deriva de la imposibilidad jurídica de pedir responsabilidad civil en una causa por prevaricación, y de la petición del Ministerio Fiscal de que el subsuelo protegido de los Jardines -declarado Bien de Interés Cultural- se restaure a su estado original.

Concretamente, emplaza al Consistorio para que pueda presentar escrito de defensa ante la posibilidad de la sentencia estime la nulidad de la resolución municipal que autorizó la obra, pedida por la acusación pública.

El juez decreta la apertura de juicio oral contra Bellver y cuatro funcionarios del Ayuntamiento que participaron en la autorización del aparcamiento por dos supuestos delitos contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y otro delito de prevaricación administrativa.

Señala además como órgano competente para "el conocimiento y el fallo de esta causa" al juzgado de lo penal, y rechaza abrir una pieza separada de responsabilidad civil.

Especifica también que no cabe "recurso alguno" contra esta decisión, salvo en lo relativo a la situación del acusado, al que se mantiene en libertad.

El magistrado da traslado de las actuaciones a la defensa de los acusados para que, en un plazo de diez días, presenten su escrito de defensa.

Bellver, en su declaración ante el juez, que tuvo lugar en junio del pasado año, aseguró que el aparcamiento contaba con todos los informes técnicos y biológicos necesarios para su autorización.

Según dijo, él se limitó a dar el visto bueno, porque la acumulación de informes favorables es "el mayor mecanismo de garantía de legalidad" y el "único".

El concejal presentó además un informe "ecotoxicológico" que señalaba que la construcción "no ha causado ningún daño" a las plantaciones del jardín.

Este aparcamiento subterráneo, situado en entre las calles de Severo Ochoa y Micer Mascó, se puso en funcionamiento en mayo de 2007, con una inversión de 5,5 millones de euros y un total de 463 plazas, diez de ellas para personas con movilidad reducida, repartidas en tres sótanos.