El colectivo en defensa de las trabajadoras del sexo Hetaira, se opone al anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, presentado por el Ministerio del Interior, que sancionará a quienes ofrezcan o contraten servicios sexuales cerca de los colegios, pues considera que las 'criminaliza'.

Además, critica que el estudio de situación sobre la prostitución que se comprometió a realizar en 2007 el Congreso de los Diputados 'jamás se ha llegado a poner en marcha' por lo que se sigue sin conocer aproximadamente cuántas prostitutas ejercen en España, ni cuántas de estas personas trabajan cerca de colegios.

Para el colectivo, 'multar' a las prostitutas es 'la peor iniciativa que podría tomar el Gobierno' en cuestiones de prostitución, pues las 'criminaliza' dejándolas 'en una situación de aún mayor vulnerabilidad'. Y cuando no puedan pagar semejantes cantidades, según precisa Hetaira, pero sigan trabajando en el mismo lugar, 'probablemente pasará lo que ya está pasando en otras ciudades, que la sanción administrativa se convertirá en delito de desobediencia a la autoridad'.

Hetaira denuncia que leyes como ésta 'castigan a las prostitutas que captan su clientela en la calle mientras favorecen los intereses de los empresarios de los grandes clubes que las obligan a trabajar en esos lugares donde carecen de cualquier ley que proteja sus derechos'.

'No existen programas realistas para quienes deseen abandonar la prostitución', lamenta Hetaira

Asimismo, pone de manifiesto que 'no existen programas sociales ni ofertas de empleo realistas para que quienes deseen abandonar el ejercicio de la prostitución puedan hacerlo con tranquilidad, con cierta cobertura social'.

Por otra parte, el colectivo dice estar 'cansado' de 'oír hablar de 'explotación sexual' sin que se sepa bien qué significa este concepto ni se ponga remedio a los abusos laborales que sufren las que trabajan en grandes clubes, dependiendo de terceros'.

En cuanto a las personas que sean víctimas de trata, considera que, si este proyecto de ley entra en vigor, 'difícilmente considerarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como aliados para denunciar su situación' sino que 'serán solo aquellos que las multan por ejercer'.