La Generalitat de Catalunya ha anunciado este martes que se reserva acciones legales ante posibles responsabilidades derivadas de los seísmos que relaciona con el almacén subterráneo de gas natural, el denominado Proyecto Castor, ubicado frente a Vinaròs, cerca del Delta del Ebro.

'No es razonable que unas actuaciones acaben derivando en movimientos sísmicos', ha subrayado el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, en la que ha subrayado que se están recabando toda la información sobre lo sucedido en la zona.

Homs ha remarcado que la Generalitat no tiene competencias en el Proyecto Pastor, ubicado en la Comunidad Valenciana y que compete también al Estado, pero ha asegurado que el gobierno catalán está dispuesto a 'actuar en defensa' de los ciudadanos de las Terres de l'Ebre, en el sur de Catalunya. Así, el ejecutivo catalán se dirigirá 'en las próximas horas a la compañíapara que dé información que por ahora no es muy precisa', ha afirmado Homs.

Antes de determinar acciones legales, el ejecutivo catalán quiere recabar toda la información sobre los últimos seísmos, percibidos por ejemplo en Sant Carles de la Rápita (Tarragona), para determinar de forma clara la relación entre estos fenómenos y el depósito de gas natural del Proyecto Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar para suministrar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema. Los expertos consideran que la inyección de gas puede haber provocado la oleada de seísmos (más de 300) que se han producido desde principios de septiembre, la mayoría de baja intensidad.

Vecinos y alcaldes de la zona han mostrado su rechazo al almacén de gas tras el aumento del número e intensidad de los seísmos, lo que obliga a mantener la alerta pues se trata de una situación 'no controlada', según el geógrafo Jonathan Gómez Cantero. 

Partidos como Compromís y EU han acusado al Ejecutivo valenciano de actuar 'con lentitud y sin contundencia' ante los seísmos. Por ello, han pedido que se actúe para que la empresa 'pague por todo el daño que se está produciendo al ecosistema marino y cese de manera definitiva su actividad'. Paralelamente, IU ha presentado en el Congreso una petición de comparecencia del ministro de Industria para que dé explicaciones inmediatas sobre este asunto, al tiempo que ha planteado varias preguntas en el Senado.

El delegado de la Generalitat en las Terres de l'Ebre, Francesc Xavier, ha exigido la 'paralización absoluta' de las actividades y que se investigue el estado del almacén para que no vuelvan a producirse seísmos.

Ayer, centenares de vecinos de la comarca del Baix Maestrat (Castellón) mostraron su rechazo al almacén durante una manifestación, mientras que los alcaldes de la zona están preocupados por las posibles repercusiones en el sector turístico. Pese a que descarta un seísmo de gran magnitud, Protección Civil ha advertido de que la zona es de un peligro sísmico no despreciable.