El juzgado de primera instancia 21 de Barcelona ha admitido a trámite la demanda civil planteada por la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, a raíz del presunto espionaje al que fue sometida. El juez ha acordado pedir a la agencia de detectives Método 3 que entregue su libro de registro, con los nombres de sus clientes, han explicado fuentes populares.

Además, el juzgado ha aceptado la otra medida cautelar solicitada por Camacho, por lo que prohibirá difundir el contenido de la conversación que ella mantuvo en 2010 con María Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol i Ferrusola, en el restaurante La Camarga de Barcelona.

La presidenta del PP catalán presentó este miércoles una demanda civil en el juzgado y una denuncia ante la policía tras saberse que su encuentro con la exnovia del hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol había sido grabada. María Victoria Alvarez ha denunciado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que su exnovio blanquó dinero que trasladó a Andorra en el maletero de su coche, distribuido en billetes de 500 euros.

Tanto el fiscal jefe de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, como los máximos responsables de la Policía, que se reunieron este lunes en Madrid con el director general, Ignacio Cosidó, a la cabeza, han manifestado que llegarán  'hasta el final'en la investigación de este turbio caso.

Rodríguez Sol, en una entrevista con TV3, ha opinado que la filtración de los informes de estos supuestos casos de espionaje se debe a que 'alguien quiere aprovechar para sacar dinero, pero no hay intención de atacar la intimidad de una persona en concreta, ni al proceso soberanista'. De ese modo, se desmarca de políticos nacionalistas que habían ligado estos espionajes con el movimiento independentista catalán de los últimos meses.

En ello ha coincidido Sánchez-Camacho, que en una comparecencia ante la prensa ha calificado de 'ridículo y victimista' vincular como ha hecho Artur Mas el espionaje con el proceso soberanista.