Los dos supuestos etarras detenidos el sábado en Portugal han quedado en prisión preventiva tras ser sometidos a un largo interrogatorio en el tribunal luso que decidirá su destino inmediato, que podría ser la entrega a España.

Garikoitz García Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz de Barron fueron interrogados durante más de cuatro horas en el Tribunal Central de Instrucción Criminal de Lisboa, al que la Policía los condujo a las dos de la tarde hora local (la misma hora GMT y una hora más en España).

El abogado portugués de los detenidos, José Galamba, informó tras el interrogatorio de que sus defendidos han quedado en prisión preventiva por orden del juez, Carlos Alexandre, que tomó esta decisión no sólo por los delitos, de poca importancia, que se les imputan en este país sino además por la información remitida por la policía española.

La presunta etarra Iratxe Yáñez abandonó la sede judicial pasadas las ocho de la noche, mientras su compañero permaneció una hora más, hasta las 21.15 hora local.

Ni las autoridades policiales ni las judiciales informaron sobre la comparecencia, pero Galamba dijo después a los periodistas a las puertas del tribunal que se habían 'apreciado' las acusaciones que pesan contra los detenidos y ordenada su prisión preventiva. El magistrado también tuvo en cuenta a la hora de ordenar la reclusión el posible peligro de fuga y la continuación de actividad criminal, según explicó el abogado.

Yañez y García fueron detenidos la noche del sábado a unas decenas de kilómetros de la frontera cuando huían de la Guardia Civil española tras ser sorprendidos en un control de carretera cuando participaban en el traslado de una furgoneta cargada con explosivos.

La justicia española ha cursado una orden de detención por presunta pertenencia a ETA

Según Galamba, a García -que supuestamente conducía la furgoneta y logró huir en el automóvil de los guardias civiles- ha sido recluido en prisión preventiva por las sospechas de robo y terrorismo que hay en su contra. En el caso de Yañez, que precedía a la furgoneta en otro vehículo, se le han apreciado los posibles delitos de falsificación de documentos y apoyo a actos terroristas.

De no haber tenido en cuenta la información suministrada a las autoridades lusas por las españolas, los dos presuntos etarras podrían haber quedado en libertad, aunque con cargos. En Portugal los delitos de los que se acusa a ambos son resistencia a la autoridad, robo de vehículo y porte ilegal de armas.

Pero la justicia española ha cursado una orden de detención por presunta pertenencia a ETA y participación en sus actividades terroristas. Según fuentes oficiales, la orden ya está en poder de la Policía Judicial lusa y el tribunal podría decidir su entrega a España por esta vía.

El abogado de los etarras manifestó que intentará evitar que sus defendidos sean enviados a España y aclaró que, por el momento no está planteada ninguna extradición, la cual debería tramitarse mediante un proceso específico en otro tribunal, el de Relación de Lisboa. Galamba también reveló que los dos detenidos fueron interrogados con la asistencia de un intérprete de castellano y se expresaron en esta lengua y no en vasco.

Ambos fueron trasladados el domingo a Lisboa desde la localidad lusa de Torre de Moncorvo, en cuyas inmediaciones les capturó la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal, que llegó a realizar disparos intimidatorios.

El abogado dice que por el momento no está planteada ninguna extradición

Antes de ser interrogados en el Tribunal Central de Instrucción Criminal de Lisboa los supuestos etarras esperaron al juez durante casi tres horas y tuvieron posibilidad de hablar con su abogado, que asumió el caso tras ser contactado el domingo por una letrada vasca.

Antes de la comparecencia judicial de los detenidos, el ministro de Justicia de Portugal, Alberto Martins, declaró que los dos podrían ser juzgados directamente en España, dada la orden europea de detención emitida por el juez de la Audiencia Nacional de España, Fernando Grande-Marlaska.

Pero el ministro luso, que rechazó las sospechas de que ETA pueda tener alguna base de operación en territorio luso, recordó que la aplicación de esos mandatos implica una deliberación previa de las autoridades judiciales portuguesas.