Elena Salgado completó ayer el suduku de la financiación autonómica iniciado por Pedro Solbes. El Gobierno presentó las reglas del juego del nuevo modelo sin facilitar cifras detalladas más allá de una cantidad global: 11.000 millones de euros, que el Estado central aportará gradualmente a las comunidades autónomas como recursos adicionales hasta el año 2012. El sistema distribuyó 114.357 millones de euros a los territorios en 2007.

La fórmula remitida a las comunidades autónomas permitirá ahora a cada territorio hacer cuentas antes de reunirse con el Gobierno el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fue convocado ayer debe hacerse al menos con 72 horas de antelación. Esa cita sentará en la misma mesa al Ejecutivo y a las 15 comunidades autónomas afectadas por la propuesta todas salvo Euskadi y Navarra, que cuentan con una fórmula específica.

La gestación del modelo ha estado precedida por tres reuniones del Consejo y una sucesión de desencuentros y plazos prorrogados en más de cien encuentros entre el Gobierno y las comunidades. El resultado final la aportación de 11.000 millones adicionales por parte del Estado confirmada ayer eleva en 2.000 millones de euros la propuesta inicial planteada por Pedro Solbes y consigue el visto bueno del territorio más implicado en su formulación, Catalunya, cuyos socios de Gobierno ERC e ICV son claves para sacar adelante la propuesta en las Cortes.

De hecho, el Ejecutivo ha esperado a confirmar el sí de la Generalitat y de las comunidades presididas por el PSOE para hacer público el alumbramiento de la propuesta. Los últimos contactos entre el Gobierno y las comunidades socialistas la propuesta cuenta de antemano con el rechazo del PP, que se ha sentido segundo plato en la negociación ha permitido in extremis convocar a los territorios antes del 15 de julio.

La vicepresidenta económica del Ejecutivo, Elena Salgado, presentó el nuevo modelo con una idea política central que los socialistas consideran el espíritu de la fórmula: todos los ciudadanos, residan donde residan, tendrán garantizada la igualdad de servicios públicos fundamentales.

¿Cómo? El Gobierno cree encontrar la respuesta en el denominado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, de nueva creación, que supondrá el 80% de las aportaciones en el nuevo modelo. Los servicios que alimenta esta partida son tres en su formulación teórica: sanidad, educación y servicios sociales. En la práctica, la ley impide al Estado comprobar el destino real de estas aportaciones. Las comunidades colocarán en esta cesta común el 75% de los fondos que recauden a través de los tributos que les cede por el Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales). Anteriormente el 100% estaba vinculado a esta caja de solidaridad. La reducción de este porcentaje se interpreta como un paso en clave federalista que satisface las exigencias recogidas en el Estatut catalán.

El nuevo modelo amplía notablemente el porcentaje de cesión de impuestos que recogía la fórmula anterior, ideada por el Gobierno de José María Aznar, y que entró en vigor en 2002. En el nuevo planteamiento, la Administración central cederá a las comunidades el 50% de lo que recaude a través del IRPF y el IVA el anterior modelo cedía el 33% del primer tributo y el 38% del segundo y un 58% de lo que el Estado obtiene de los impuestos especiales, que gravan alcohol, tabaco y carburantes. Este porcentaje era en la fórmula aún vigente del 40%.

El nuevo modelo se completa con otras tres herramientas: el denominado Fondo de Suficiencia Global, que ya existía, y con el que el Estado financia otras competencias transferidas que no tienen carácter prioritario. De nueva creación son los otros dos instrumentos, dotados con recursos adicionales que aporta el Gobierno y que completan la fórmula. El primero es el Fondo de Competitividad, que tiene como objetivo reducir las diferencias de financiación per cápita entre las distintas comunidades autónomas en la actualidad hay una distancia de 40 puntos entre la comunidad que más dinero destina por habitante y la que menos.Según el nuevo modelo, ahora será inferior a 30 puntos. La segunda herramienta se denominará Fondo de Cooperación, y sus recursos se distribuirán entre los territorios menos favorecidos para facilitar su convergencia con las comunidades más ricas.

Hasta aquí la teoría de un modelo que, según Salgado, es 'más solidario' y 'refuerza el Estado del Bienestar, al garantizar a todos los ciudadanos que la prestación de servicios públicos fundamentales va a contar con una distribución igual'. La aplicación hace más compleja la formulación. El modelo incluye decenas de variables que, combinadas, tratan de conseguir satisfacer a todas las comunidades autónomas sin que ninguna se sienta perjudicada.

Según el Gobierno, el criterio fundamental que originó la necesidad de reformar el modelo es la población. Por eso, la fórmula trata de ajustar las necesidades reales de gasto de las comunidades a los cambios demográficos registrados en la última década, en la que España ha crecido en casi siete millones de habitantes. El sistema vigente 'no hace mención explícita' al criterio poblacional, clave para atender una doble exigencia, la de las comunidades más ricas, en las que la pujanza económica ha atraído el fenómeno de la inmigración, y la de las más pobres, territorios en los que al envejecimiento de su población se une su gran dispersión.

El proceso de negociación está lejos de haber finalizado. El nuevo modelo únicamente está desbloqueado y por eso ha podido ser presentado en público. Ahora le espera un largo recorrido que se inicia el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que cada territorio hará oficial su primera valoración. Superada esa prueba, el Gobierno tiene que trasladar el modelo al formato de ley orgánica con el que será aprobado por el Consejo de Ministros, que lo remitirá a las Cortes e iniciará su tramitación parlamentaria.

Para su aprobación, el texto necesita 176 votos a favor, y el PSOE dispone de 169 escaños en un momento de suma debilidad parlamentaria sin el apoyo de las formaciones nacionalistas mayoritarias. En la última fase, cada comunidad acepta o no el nuevo sistema en una comisión bilateral con el Gobierno.

¿Qué es el sistema de financiación autonómica?
Es el método que garantiza los recursos necesarios para que las comunidades autónomas puedan desarrollar los servicios que prestan en función de las competencias que tienen transferidas. El modelo afecta a todos los territorios salvo el País Vasco y Navarra.

¿Por qué se cambia?
El modelo actual se aprobó en el año 2002. Según aseguró ayer la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, “cuando entró en vigor ya estaba atrasado y no podía actualizarse”, ya que, desde 2002, la población en España ha crecido en casi siete millones de habitantes.

¿Cómo se distribuyen los recursos?
Cuatro de cada cinco euros –el 80% de los recursos– se dedicarán, según el Gobierno, a “garantizar la igualdad” en sanidad, educación y servicios sociales. El resto, uno de cada cinco euros –el 20% de los fondos– se dedicará a cubrir otros gastos de las comunidades y reducir la distancia entre los territorios más ricos y los menos favorecidos.

¿De dónde salen los fondos?
El nuevo modelo cede a las comunidades un porcentaje mayor de los tributos estatales que ya recibían (IVA, IRPF e impuestos especiales). De esta manera, según explica el Ejecutivo, “se dota de mayor autonomía y corresponsabilidad” a los territorios. El sistema, además, aumenta la capacidad normativa de las comunidades para que puedan subir o bajar impuestos.

¿Cuándo recibirán el dinero?
Los recursos adicionales que aporte el Estado se distribuirán a las comunidades autónomas de forma gradual a lo largo de los próximos cuatro años, hasta 2012.

¿A qué comunidades beneficia el nuevo modelo?
El Ejecutivo asegura que no hay ninguna comunidad perjudicada, porque todas –“sin excepción”, según Salgado– obtendrán más recursos. Salgado no quiso precisar ayer las aportaciones que recibirá cada territorio. Sí reconoció que Catalunya “se situará ligeramente por encima de la media”, pero rechazó detallar cómo quedan el resto.

¿Cómo se mide el criterio de población?
El sistema emplea el concepto de ‘población ajustada’, que es el eje para calcular las necesidades de cada comunidad. El modelo combina cinco parámetros de ajuste: población, territorio, dispersión, insularidad y población mayor de 65 años y tiene en cuenta nuevas ponderaciones en el criterio de población al establecer siete grupos de edad diferentes, ya que cada uno tiene necesidades de gasto distintas.