La República de Guyana ha ofrecido a la comunidad internacional su vasta selva tropical a cambio de asistencia económica y técnica.

El presidente del país suramericano, Bharrat Jagdeo, que ayer visitó Londres, está tomando posiciones cara a la inminente Cumbre de Bali con una propuesta sin precedentes para afrontar el problema del cambio climático global.

“La deforestación tropical contribuye en un 80% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el acuerdo de Kioto contiene muy pocas premisas al respecto y, es más, incluye un perverso incentivo de forma que quien tala árboles, recibe asistencia, pero al que preserva sus bosques, nadie le ayuda”, protesta en una entrevista con Público en un céntrico hotel de la capital británica.

El más pobre de los Estados caribeños, vecino de Venezuela y Brasil, conserva una selva tropical del tamaño de Inglaterra que se extiende por el 80% de su territorio. “Una continua alfombra verde protegida por fuertes leyes forestales”, compara Jagdeo.

El presidente confía en negociar en Bali un acuerdo sucesor del de Kioto que acerque el mercado de emisiones de CO2 a países del tercer mundo. “El nuevo acuerdo debe consagrar los  mecanismos de mercado que nos permitan preservar nuestra selvas y crear alternativas de futuro para nuestras poblaciones”, advierte.

Kioto expira en 2012 y Jagdeo es consciente de la necesidad de actuar con urgencia. Por ello, en una fase intermedia, el Gobierno de Guyana propone colocar su selva tropical al “servicio de la comunidad internacional, a cambio de asistencia”.

“No cederemos la soberanía sobre nuestra tierra–subraya-, pero estamos dispuestos a trabajar con Reino Unido u otro grupo internacional a través de un mercado voluntario o de acuerdos bilaterales que nos ayuden a preservar la selva”.

Un consorcio internacional velaría por el cumplimiento de los pactos acordados. “No les transferimos ni les vendemos nada. Simplemente, aceptaremos su supervisión”, precisa.

El mercado de los gases de efecto invernadero está en auge. Alcanzará en 2010 en Europa 200.000 millones de euros, según un informe del Grupo Santander y del británico Climate Change Capital.

Hasta el 13 de noviembre, un total de 2.698 proyectos de todo el mundo estaban aceptados por el Consejo Ejecutivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU.

China, con 874 proyectos, encabeza el ranking mundial. Le siguen India, con 776, y Brasil, con 255. Suramérica en su conjunto es el mayor proveedor de proyectos de secuestro de carbono (un 49% en 2006, según la CEPAL). Chile, con 45 proyectos de MDL  aprobados apenas en 2005, es otro de los destacados.

Jagdeo intenta recabar la ayuda británica dada la herencia de su país como antigua colonia inglesa y actual miembro de la Commowealth. “Reino Unido ha tomado una posición de liderazgo en materia de cambio climático. Habla de la necesidad de ir más allá de Kioto y de abordar con soluciones concretas el problema de la forestación. Nuestra propuesta es una oportunidad para demostrar su compromiso o, al menos, para tomar una posición moral”, defiende.

El mercado [del carbono] existe en Europa, pero nadie ofrece nada a los países pobres para preservar su herencia forestal. No es justo que el mercado compense a las empresas europeas que practican una política ambiental sostenible, pero que no incluya ningún mecanismo de ayuda al Tercer Mundo, cuyas selvas contribuyen en gran medida a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero”, critica.

Mercado de créditos

A largo plazo, Guyana aspira a crear o expandir el mercado europeo de créditos de carbono en beneficio de los países en vías de desarrollo. Antes, sin embargo, quiere persuadir al Gobierno de Gordon Brown para que lidere una iniciativa pública o privada que haga posible implementar su propuesta de intercambio de recursos forestales por asistencia económica al pueblo de Guyana.

“Es una oferta. Todavía no hemos tomado una posición dura al respecto, pero sí estamos dispuestos a discutir los detalles con los interesados para garantizar el éxito del acuerdo”, explica.

“Lo importante”, continúa, “reside en qué haremos nosotros, no los extranjeros, con nuestra selva tropical. Nos comprometemos a practicar una política de forestación sostenible, a preservar la selva y a someternos a la supervisión de un consorcio internacional. Lo que no estamos dispuestos es a vender nuestra selva”.

Guyana tiene experiencia en la cesión internacional de sus recursos naturales. En 1989 regaló 360.000 hectáreas de terreno virgen para la creación del Programa Internacional de Selva Tropical de Iwokrana.

Este proyecto garantiza ayuda económica para estudios de preservación de la biodiversidad y de forestación sostenida, pero el resultado ha sido un fracaso, según denuncia el presidente Jagdeo: “La inversión fue mínima y en ocasiones hemos tenido que desviar dinero de nuestro limitado presupuesto anual para mantener en pie el programa. No estoy contento con esta experiencia”.

El cambio climático no era una cuestión candente entonces y parte de la inversión prometida por los países ricos se desvió a otros proyectos, como la lucha contra el sida.

El presidente de Guyana guarda ahora la esperanza de que la comunidad internacional reaccione por fin a la crisis de la deforestación, convirtiéndola en una causa tan popular como la cancelación de la deuda al Tercer Mundo.

Cazadores de oxígeno 

China, India y Brasil lideran los mecanismos para compensar las emisiones de los países más contaminantes.

A los organizadores del concierto Live Earth celebrado en siete ciudades del mundo el pasado 7 de julio para difundir la conciencia ambiental les salió el tiro por la culata: recibieron durísimas críticas sobre la contaminación producida por el evento. Pero todo estaba calculado.

A través del broker alemán 3C Market, la organización del Live Earth, compró créditos de carbono para compensar las emisiones del concierto de Nueva York, el más criticado.

Concretamente, los organizadores del concierto compraron créditos equivalentes a 60.000 toneladas de CO2 a la pequeña fábrica de cerámicas de São Judas Tadeu, localizada en el estado brasileño de Tocantins, cerca de la frontera sur de la Amazonia.

La fábrica, que está apoyada por la institución Ecológica, posee uno de los 255 proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que Brasil ha conseguido aprobar en la ONU.

Un pequeño cambio en la gestión (sustituir la madera de árboles cortados por cáscara de arroz en los hornos de la fábrica) ahorra a la atmósfera un total de 20.000 toneladas de CO2 por año.

Y eso tiene, cada día más, un precio. El potencial de Brasil es, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el más elevado de América. Y es también uno de los más altos del mundo.

“Gracias al cambio de la biomasa no renovable por renovable estamos consiguiendo que las pequeñas y medianas empresas brasileñas entren en los mecanismos limpios”, asegura Stefano Merlín, director de Ecológica.

Los Créditos de Reducción de Emisiones (CRE) negociados por Ecológica fluctúan entre los 5 y los 10 dólares por tonelada. Y permiten, en palabras de Stefano, que los pequeños propietarios y agricultores reciban un “incentivo económico para desarrollar prácticas ecológicas”.

Responsable de reducciones

Sólo Brasil es responsable del 7% de las reducciones de CO2 del mundo (269 millones de toneladas proyectadas, 36 toneladas anuales).

Aunque todavía está lejos de la cifra de China (2,05 billones de toneladas, el 50% de las reducciones del planeta), Brasil es puntero en el comercio mundial de emisiones gracias a los mecanismos creados en la Bolsa de Mercancías y Futuros de São Paulo (BM&F) y en la Bolsa de Valores de Río de Janeiro (BVRJ).

Y es que el mercado del aire cotiza al alza. El pasado mes de septiembre, el mismísimo ayuntamiento de São Paulo vendió por 18,65 millones de reales los “créditos de carbono” de la usina que produce electricidad a partir de la energía limpia.

Los créditos fueron comprados por el banco holandés Fortis Bank en el que fue la primera subasta mundial con certificado de la ONU hecha en el mundo. “Brasil emite por año 12,2 millones de CREs, lo que genera unos 162 millones de dólares por año”, afirma Gustavo Mozzer, asesor técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología.