Mataderos de BinéfarEl virus se prepara para reconquistar España desde Lleida y Binéfar

El bicho gana por goleada porque es como una hidra. Y junto a las fiestas y los botellones, unos pocos centros de producción de toda Europa occidental han sido responsables durante los últimos meses primero, de una parte significativa de los brotes y, ahora, de los rebrotes que amenazan con enviar al diablo los esfuerzos realizados por la gente durante los tiempos de la cuarentena. La mayoría de ellos tienen algo en común: eran casi todo mataderos, factorías de procesado de la carne o industrias agroalimentarias que se abastecen de mano de obra extranjera y, eventualmente, itinerante. La carne, como el virus, ama el frío. Pero la covid 19 también ama la pobreza. Luego llegó la fruta dulce e hizo el resto.

El argumento más extendido con el que la industria cárnica de España, Reino Unido, Norteamérica o Alemania se ha defendido de los ataques apela al hecho de que las bajas temperaturas y los sistemas de ventilación han favorecido el desarrollo y propagación del virus. Y es cierto. Claro que quedarse solo en ello equivale a sostener la casi inevitabilidad de los contagios. Hay un error de base muy notorio y evidente en esas tesis. ¿Por qué han sido solamente algunos mataderos donde se han producido los contagios más masivos?

En el caso de Litera Meat, en Binéfar, tanto Comisiones Obreras como la CNT coinciden en que parte al menos del desastre y de los 250 casos de contagios confirmados guardan relación con las deficiencias en la implementación del protocolo o, directamente, con la absoluta ausencia de medidas. Ambos dispensan de responsabilidad al otro matadero -el de Fribin, donde se registraron otros doscientos contagios. El juzgado de Monzón tendrá que dirimir si, tal y como sostiene la CNT en una denuncia, el presunto entramado delictivo italiano que gestiona Litera Meat -investigado en Europa por sus actividades criminales- llegó incluso a despedir a los enfermos o, como el PP y la CNT sugerían el pasado fin de semana, si se les echó también en plena pandemia de las viviendas que el Grupo Pini les alquilaba en la comarca. Si en efecto sucedió quedaron fuera del control de las autoridades sanitarias, al menos, de forma temporal.

Silencio sindical

Durante las primeras semanas de la cuarentena, imágenes de los trabajadores hacinándose en los vestuarios o en los comedores del Grupo Pini de Binéfar incendiaron las redes sociales. Y todo esto sucedía apenas unos días después de que los sindicatos españoles solicitaran, por ejemplo, el cierre inmediato de las cadenas de automoción para no arriesgar la vida de los trabajadores. ¿No era acaso importante la salud de los negros y de los magrebíes?

A diferencia de lo que sucedió en Alemania, Estados Unidos o el Reino Unido, nadie alzó la voz aquí por esos trabajadores africanos y árabes. Ni siquiera se clausuraron temporalmente las empresas afectadas tras descubrir la envergadura del contagio. La Administración fue igualmente incapaz de evitar las colas y los hacinamientos cuando efectuó los test a las plantillas. Parecía razonable atribuir todos los contagios que, eventualmente, se produjeron esos días al responsable de las montoneras, donde aguardaron cientos de "positivos" con el resto de sus compañeros sanos. Fue el culmen de los despropósitos, la chapuza por antonomasia.

Hasta la fecha, la prioridad ha sido mantener en funcionamiento la cadena, incluso si, tal y como sucedió con Litera Meat, una parte significativa de la producción se dedicaba a la exportación y, por lo tanto, no comprometía de forma significativa el abastecimiento del mercado nacional alimentario, que es la razón que se ha esgrimido para exponer la vida de los trabajadores. Eso es justamente lo contrario de lo que, recientemente, han hecho las autoridades alemanas, que han aprovechado también la coyuntura para pedir una reforma estructural del sistema de producción. El caso del matadero de Tönnies, en Gütersloh (Alemania), es un ejemplo de ello.

¿Se larvó parte del rebrote del Segrià en los mataderos catalanes y de Binéfar afectados? La Administración dice que no como si no osara trazar esa cadena hasta su verdadero origen. Pero el sentido común dicta lo contrario. Y lo que es peor, la cadena de fallos que acompañaron a los brotes de Binéfar y otras empresas de Cataluña podría estar a punto de replicarse, dado que, tal y como denunciaba ayer en este diario una activista de Fruita amb Justícia Social, Gemma Casal, hay 40.000 jornaleros en el Segrià, y varios miles más en la Franja de Huesca que se desplazarán dentro de unas semanas al Levante, el Penedés, La Rioja o Andalucía para trabajar en la vendimia, la campaña de cítricos y la aceituna.

Hay 40.000 jornaleros en el Segrià y en la Franja de Huesca que se desplazarán dentro para trabajar en la vendimia y la aceituna

Sus consecuencias podrían ser muchísimo más graves en conjunto porque hay grandes diferencias de escala. El asunto suscita más preguntas que respuestas. ¿Van a confinarlos de por vida? ¿Y quién les mantendrá, entre tanto, si no han sido capaces hasta la fecha de proveer de un techo a todos? ¿Se tomarán las medidas oportunas para que abandonen esas comarcas tras pasar una cuarentena y con la certeza absoluta de que no se han convertido en una bomba infecciosa de relojería?

Estaban advertidos

El día 1 de mayo, Público reproducía unas declaraciones donde se advertía, literalmente, que "la cadena de contagio alcanzaría, sin duda, el Segrià, el Cinca Medio y el Baix Cinca". La cifra aventurada por el diario de algo más de mil personas infectadas resultó muy conservadora porque se aplicaron ratios a la baja. No se estaba especulando. Lo que vino después confirmó que era cierto. Se proporcionaban argumentos incontestables. El principal es que los trabajadores de ambos mataderos comparten vivienda en varias poblaciones de la Litera, mezclados entre ellos y también, por supuesto, con otros africanos que abastecen las necesidades de mano de obra de las zonas fruteras y que, eventualmente, se relacionaron asimismo con los jornaleros de fuera. Y lo hicieron, además, en plena pandemia por razones completamente ajenas a su voluntad y de las que sería perverso responsabilizarles. No hay compartimentos estancos, como sugería hace unos días la regidora de Lleida, Sandra Castro. No hay un problema de los temporeros y otro de los mataderos. Ni hay un problema catalán y otro aragonés.

El asunto del alojamiento para los migrantes en La Litera y el Segrià es determinante para entender qué ha sucedido. Se da la circunstancia de que el anterior equipo de Gobierno de Binéfar dio su beneplácito al proyecto de Litera Meat a sabiendas de la grave carestía de vivienda que hay en la zona y del modo en que eso deterioraría las condiciones laborales y de vida de la plantilla. Eso iba a convertir a Lleida u otras poblaciones vecinas en ciudades dormitorio de Binéfar.

Porque, como este diario acreditó también la pasada primavera, una parte significativa de los empleados de esas empresas no vive en La Litera, sino en comarcas próximas como el Cinca Medio (Huesca), el Baix Cinca (Huesca) o el vecino Segriá, de donde cada día sale un autobús que traslada hasta Binéfar a trabajadores de Litera Meat desde Alcarrás (Lleida) y la propia Lleida. Antes de la cuarentena, eran ellos los que debían buscar sus propios medios para desplazarse a los centros de trabajo. Vistas las circunstancias, parecía oportuno rastrear las rutas del virus y cercenar los eslabones débiles de la cadena para evitar los contactos entre los trabajadores afectados. Pero eso nunca sucedió de manera eficiente. El sistema falló.

Cuando ahora hace más de tres meses, las autoridades aragonesas confirmaron que tan solo en los dos mataderos de Binéfar se contabilizaban 450 positivos, acompañaron el anuncio de lo que, a su juicio, debía interpretarse como una buena noticia: únicamente unos pocos casos eran activos. Una vez más, las interpretaciones de la Administración eran risibles. Lo que, en verdad, enmascaraban todos esos eufemismos es que cerca de 450 personas habían pasado semanas ajenas al hecho de que padecían la enfermedad y, por lo tanto, convertidas a su pesar en potenciales focos de contagio. Se sabe que otros ocultaron algunos síntomas leves para no perder su puesto de trabajo e incluso la vivienda. El coronavirus ha hecho aflorar muchas miserias que otros han transformado con eficiencia en la clase de prejuicios de las que se nutre el racismo.

No había nada que celebrar en los resultados de los test de los mataderos de Binéfar. El sistema de rastreo había fallado estrepitosamente, debido, entre otras cosas, a que, según la CNT, el Grupo Pini había ocultado de forma deliberada los casos que se producían en su planta o lo que es peor, había despedido a quien se ausentaba de la cadena. "Solo importa producir", se quejaba un trabajador. A partir de ese momento, aún se tendió un velo más opaco sobre la situación de esas empresas. Se sabe, por ejemplo, según fuentes sindicales, que han seguido realizando pruebas estos días pasados, pero se ignora, por ejemplo, si son controles rutinarios o se ha producido una reinfección que ha afectado a algunos miembros de la plantilla. La ocultación es sistemática, lo que alienta las especulaciones y los rumores.

Veinticinco días le tomó al Gobierno de Aragón enviar a los mataderos a catorce enfermeras para identificar a los contactos, desde que se detectara, a principios de abril, el primer indicio de brote. Según los sindicatos, la empresa hizo cuanto estuvo en sus manos para entorpecer la investigación de lo ocurrido e incluso manipuló la información proporcionada a los agentes de la Guardia Civil que se personaron en las instalaciones. Por esas mismas fechas, la Administración aragonesa advirtió a sus homólogos de Lleida para que llevaran el control de todos las personas que habían estado en contacto con los positivos. Pero para entonces, la cadena de contagio ya había extendido sus tentáculos más allá de cualquier margen razonable y probablemente, controlable. Se les había ido de las manos mientras los alcaldes de Binéfar y de Lleida intercambiaban improperios.

El sistema de rastreo catalán -inicialmente externalizado, y en manos de Ferrovial- fue igual o más ineficiente, aunque coincidieron circunstancias desbordantes como la llegada al Segrià de entre treinta y cuarenta mil trabajadores. Viajaron, a petición de la patronal, pero sorprendentemente, nadie había previsto sus especiales necesidades de alojamiento en tiempos de pandemia. Sobre la ciudad de Lleida se cargó con frecuencia la responsabilidad de todo lo ocurrido, pero fueron varios los municipios donde se reprodujeron los problemas. La patronal tampoco era ajena a lo que ocurría.

El convenio establece que corresponde a los payeses proporcionar alojamiento a los trabajadores empadronados a más de 75 kilómetros, pero eso nunca ha sido la costumbre para muchos. "Se nos está culpando", repetían ellos. Esta misma semana, la Marea Blanca del Ponent y Pirineus lamentaba que el anuncio del confinamiento domiciliario de Torra no haya ido acompañado ni de un refuerzo en los sistemas de rastreo y de salud ni, menos todavía, de las medidas sociales imprescindibles, a su juicio, para poner bajo control este rebrote. Según Gerard Sala, no se puede resolver con éxito el problema depositando toda la responsabilidad sobre la gente. Y lo que es más preocupante, el conflicto suscitado por las competencias, está provocando distracciones que todavía ayudan menos. "Hemos pasado de discutir el qué a hablar del quién", dice Sala a propósito de la controversia legal suscitado por el decreto del confinamiento.

En Alemania, lo tenían claro. Tan pronto como se confirmó que el número de empleados del matadero Tönnies superaba ya unos pocos cientos (ha alcanzado finalmente a más de 1.500), el Gobierno regional del estado de Renania del Norte y Westfalia, al oeste del país, encargó una investigación para determinar las causas del contagio y decretó el cierre temporal del matadero. Los 7.000 empleados -contagiados o no- de la fábrica de Gütersloh y todos sus contactos fueron puestos en cuarentena de inmediato.

Nadie ha dudado allí en apuntar hacia el matadero como origen seguro de toda la cadena de contagio que luego se extendió entre la población y realimentó, presumiblemente, nuevos focos de propagación. Simultáneamente, han crecido las denuncias de las brutales condiciones de trabajo de la mano de obra extranjera a la que la covid-19 ha visibilizado.

Otros mataderos de Francia, Alemania o Bélgica, entre otros países, se cerraron de inmediato al tiempo que se extremaban las medidas para aislar a los trabajadores afectados, en su mayoría, asintomáticos o con síntomas leves. Nunca ocurrió tal cosa aquí. Ni siquiera se planteó. Si la edad media de la plantilla de esos centros no fuera de unos cuarenta años, hubiese sido una carnicería.

Los brotes en la industria cárnica y agroalimentaria no se restringieron a los mataderos de Binéfar. No ha habido un único bing-bang, aunque esos pocos focos vinculados a la industria de la carne parecen claramente la antesala de los brotes posteriormente registrados entre los temporeros. A finales de mayo, se sabía también de la existencia de contagios diarios en cuatro empresas catalanas del sector a las que la Administración se negó a identificar. Bonarea aseguraba hace unos días que su actividad empresarial no es la causante del brote de Guissona.

Como norma general, se ha señalado sin dudar a los trabajadores extranjeros mientras se ha eludido mencionar las compañías donde se han registrado los contagios que acabaron provocando la transmisión comunitaria del virus, en conjunción con otros factores. En todas las industrias afectadas por el virus -españolas o europeas- han concurrido los tres mismos elementos: plantillas formadas en su mayoría por extranjeros; malas condiciones laborales y alojamientos precarios.

"Es verdad que la humedad y el frío son un factor de riesgo", dice una activista de la plataforma catalana Carnies en Lluita. "Pero los mayores riesgos han sido la precariedad y la falta de medidas de seguridad. Se han cerrado mataderos en todo el mundo excepto aquí. Aquí se han producido contagios masivos en Binéfar o en Osona. En Costa Food hubo incluso un muerto. Pero no se ha detenido la actividad en ningún momento a pesar de que la salud es un derecho, y no un negocio. Además, ha habido una ocultación sistemática en todo lo que respecta a esa industria por parte de los departamentos catalanes de Sanidad y Trabajo".

El pasado 23 de junio, la Administración aragonesa dictaba una orden para que las tres comarcas de La Litera, el Bajo Cinca y el Cinca Medio, todas ellas en Huesca, retrocedieran a la fase 2 de la desescalada. Se habían producido nuevamente brotes en Fraga, Monzón, Binéfar y Zaidín. Dos de ellos se hallaban vinculados a una fiesta de cumpleaños y un encuentro de una peña; el de Zaidín, una vez más, afectaba a una empresa hortofrutícola. Hace tres días, la orden fue ampliada a Huesca y Zaragoza mientras se daba a conocer otro brote entre jornaleros de Albalate, en el Cinca Medio.

Ambos Ejecutivos, catalán y aragonés, han desvinculado públicamente los rebrotes declarados entre los jornaleros de lo acaecido algunas semanas antes en los mataderos binefarenses y catalanes, lo que equivale a desestimar la hipótesis de que se hubiera generado un bucle de contagios y reinfecciones que se retroalimentara cíclicamente, debido a la movilidad y, sobre todo, la precariedad habitacional de esos trabajadores africanos aquejados por un problema estructural: su pobreza. Eso sería más notorio si un porcentaje significativo de la gente que ya ha padecido la enfermedad pierde la inmunidad transcurridas unas semanas.

De momento, el miedo ha vuelto entre la gente, aunque se halle desigualmente repartido.

No parecían temer por su salud o por su futuro quienes se hacinaron en las discotecas u organizaron un fiestorro a boca descubierta tan pronto como acabó el confinamiento o las docenas de familias que burlaron los cercos policiales establecidos en torno al perímetro de Lleida escabulléndose por las pistas alternativas de tierra en el intento de salvar sus vacaciones. Recuerda Nogay Ndiaye -catalana de origen senegalés, miembro de Fruita amb Justícia Social- que a esos no se les menciona cuando se culpa del desmadre a los negros y los magrebíes. Hay apenas un puñado de casos confirmados de jornaleros "positivos" que escaparon de los hoteles para regresar a pie de árbol y al menos varios cientos de "ciudadanos blancos" que se negaron a acatar el "nuevo orden" de Torra y abandonaron la ciudad por los caminos y las carreteras secundarias despejadas. Unos peleaban por su vida y los otros por sus vacaciones.

"A menudo, se ha confundido a las víctimas de un problema estructural -los migrantes- con su verdadero origen: los abusos laborales y la precariedad de los africanos y magrebíes a quienes se han estigmatizado". Esa es la tesis principal de Fruita amb Justícia Social, un grupo de activistas compuesto por militantes de la CGT y otros colectivos, de quienes casi nadie había oído hablar hasta hace dos meses, y a quién nadie se permite el lujo de ignorar desde mayo pasado, en cualquier información que hable de jornaleros. Fueron ellos quienes llamaron la atención sobre el racismo estructural que caracterizaba las políticas de muchos de los municipios fruteros de la zona, un racismo que, a menudo, no parecía ni parece capaz de reconocerse a sí mismo.