En España se denuncia una violación cada cinco horas, según datos del Ministerio del Interior. Pero esta cifra es solo la punta del iceberg: muchos de estos delitos ni siquiera llegan a la justicia porque no son denunciados. Y cuando lo son, no se consideran violencia de género porque nuestra legislación estipula que esta violencia solo es la que se ejerce en el seno de la relación de pareja.

Sin embargo, nuestro país ha firmado y ratificado tratados internacionales sobre derechos humanos en los que se compromete a actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de violencia de género, que en estos tratados sí incluye la violencia sexual. Dos ejemplos son la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificados por España en 1983 y 2014, respectivamente. Ambos deberían estar incorporados a la legislación española y aplicarse de forma integrada. Pero la realidad es que estamos muy lejos de cumplirlos.

Como han mostrado nuestras investigaciones periodísticas, la violencia sexual en España es un problema grave y acuciante. Las víctimas deben enfrentarse a procesos judiciales en los que con frecuencia los prejuicios y los estereotipos pasan por delante de los derechos humanos. Hay un vacío político y legal en el que se ven atrapadas y desprotegidas. Con frecuencia son obligadas a revivir el trauma, y no encuentran compensación ni reparación integral al delito sufrido.

Además, una gran mayoría de quienes administran justicia carecen de formación especializada para interpretar y abordar correctamente estos delitos, a pesar de que en el Pacto de Estado contra la violencia machista se incidía especialmente en este punto. Organizaciones y expertas internacionales han alertado y condenado a nuestro país en distintas ocasiones por no poner los medios para erradicar los estereotipos graves que impiden que las víctimas tengan justicia.

Por eso, en Público promovemos una campaña de recogida de formas para alzar la voz en defensa de las víctimas de la violencia sexual y de todas las formas de violencia hacia las mujeres por el simple hecho de serlo. Nuestra petición se dirige a la ministra de Justicia y al Gobierno para que cumplan los compromisos adquiridos y que articulen las medidas necesarias para proteger de forma integral a las víctimas de la violencia sexual. En Público pensamos que es hora de actuar. ¿Te sumas?