La Asamblea de Extremadura ha dado un paso importante para acabar con la violencia institucional. Este jueves aprobó por mayoría prohibir que cualquier organismo o servicio financiado con fondos públicos pueda hacer uso del  Síndrome de Alienación Parental (SAP), una patología inexistente que se utiliza en los juzgados para culpabilizar a las madres cuando denuncian violencia de género o abusos sexuales hacia sus hijos y que en muchas ocasiones acaban sin la custodia de los menores.

La propuesta, que fue presentada por Unidas por Extremadura y defendida por su portavoz Irene de Miguel, salió adelante con el apoyo del PSOE, pero obtuvo el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos.

"El SAP se basa en falsos estereotipos machistas como que las madres son unas manipuladoras, obstaculizadoras, unas histéricas vengativas que quieren evitar a toda costa la relación paternofilial. Este síndrome lleva operando años en nuestro país y en Extremadura utilizándose en procedimientos y en sentencias judiciales, intentando instaurar la idea de que el rechazo hacia el padre manifestado por los niños y las niñas era debido a una manipulación materna", ha afirmado De Miguel durante el pleno de la Asamblea. 

La portavoz ha recordado que no existe ninguna organización médica, psiquiátrica o científica reconocida que avale este supuesto síndrome, pero que "lamentablemente se sigue aplicando en numerosos procedimientos judiciales y evaluaciones, lo que supone una vulneración absoluta de los derechos procesales de las niñas y los niños a la vez que condena a sus madres a pasar por verdaderos infiernos judiciales". De Miguel ha recalcado que su uso ha "ha desacreditado el testimonio de los niños y de las niñas y se ha generado un marco de total impunidad".

Esta declaración llega justo cuando este viernes tiene lugar en Zafra (Badajoz) el juicio por la custodia de las hijas de Sara B. B., una madre a la que la justicia le quitó a sus hijas de forma violenta mediante una detención policial ilícita y que lleva más de dos años sin poder verlas ni comunicarse con ellas a pesar de no tener orden de alejamiento ni prohibición de comunicación. El juicio por la custodia definitiva de las niñas se celebra con cinco años de retraso y cuando dos instancias la han condenado a cuatro años de prisión y otros cuatro de inhabilitación de la patria potestad por delito de sustracción. El caso de Sara representa un claro ejemplo de la aplicación del SAP. 

"A Sara también se le aplicó el falso SAP y le han caído cuatro años de cárcel por sustracción de menores, después de que los jueces declararan el sobreseimiento provisional de los abusos sexuales del padre a su hija mayor y como les digo la hija menor no tiene filiación paterna reconocida", afirmó De Miguel durante el pleno.

Casas de Niños y revisión de casos

La medida aprobada por la Asamblea no se queda ahí. Otra de las propuestas es la puesta en marcha de las conocidas como Casas de Niños, un sistema integral de atención a niños y niñas víctimas de abusos sexuales dotado con profesionales de distintas especialidades. Se trata de un modelo nórdico y que supone un avance en la atención y el diagnóstico y la recuperación de los menores que hayan sufrido estas violencias.

También se ha acordado la creación de un comité que se encargará de revisar  los diagnósticos de abusos sexuales a menores hechos hasta ahora por las unidades hospitalarias especializadas o similares para detectar cuántos de ellos incluyen indicios de que en aquella evaluación se ha usado la teoría SAP, o alguno de sus derivados. Esta iniciativa ofrece una segunda revisión y diagnóstico para paliar "el impactos a veces ya irreversibles de los efectos sociales, judiciales y personales perversos que hayan podido causar aquellos diagnósticos iniciales".

Críticas al Partido Popular

El Partido Popular ha votado en contra de esta medida. Su diputada Inmaculada Sánchez Polo recriminó a De Miguel que no se hayan incluido nombres de menores asesinadas por sus madres, como el caso de Yaiza en Barcelona y aunque rechaza el SAP, afirmó que no acepta la existencia de una violencia institucional contra las mujeres en la justicia y en los servicios públicos. De Miguel lamentó que los Populares en Extremadura estén llenando el espacio de Vox.