La virulencia con la que a lo largo del último mes se han recrudecido los asesinatos machistas ha reabierto el debate sobre los posibles fallos del sistema de protección y cómo cerrar los "agujeros". En sólo una semana, la que fue del 17 al 23 de mayo, el terror machista dejó seis víctimas (cinco mujeres y el hijo de siete años de una de ellas). En lo que va de año se han reconocido 20 víctimas de violencia de género, 18 mujeres y dos menores, la mitad de las cuales lo fueron en el último mes. Desde que acabó el estado de alarma el pasado 9 de mayo, los asesinatos machistas se han duplicado.

Ante las primeras señales de esta "alarma machista", como la ha denominado el Ministerio de Igualdad, la ministra Irene Montero ha afirmado que su departamento se pondría manos a la obra para revisar y mejorar los protocolos para encontrar los fallos y mejorar la respuesta institucional. Afirma haber puesto en marcha un Plan de Mejora y Modernización de los mecanismos de atención a las víctimas de violencia machista, aunque hasta el momento no han desvelado en qué consiste. Tal como explicó Montero en una reciente comparecencia en el parlamento, "son muchas [las víctimas] a las que no hemos llegado, por todas ellas necesitamos fortalecer el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; necesitamos hacerlo a nivel social, político e institucional, precisamos de una mayor unidad feminista para hacer un cordón frente al negacionismo".

La ministra ha insistido en dos ideas clave. Por un lado la necesidad de "institucionalizar" al pacto de Estado para que no dependa "de colores políticos o de quien gobierne" y en la vocación de permanencia "como uno de los grandes consensos del Estado".

Diversas expertas en violencia de género han explicado a Público los principales cambios que precisa el pacto de Estado contra la violencia de género, un documento emanado del consenso de las distintas fuerzas políticas parlamentarias en 2017 que, sin embargo, sigue afrontando problemas en su ejecución y diversas sombras sobre su eficacia.

Conocer su alcance y eficacia no es tarea sencilla. Tal como afirma el propio pacto, los responsables políticos deberían emitir un documento anual resaltando los logros y avances en las más de 400 medidas que contiene el documento, pero estas evaluaciones no han visto la luz y la aplicación que hacen las distintas comunidades autónomas y entidades locales es muy dispar. Si bien algunas han puesto en marcha planes y proyectos a los que han aportado fondos propios, como es el caso de Valencia, en otras comunidades como Madrid, planea la duda sobre si estos fondos destinados a la lucha contra la violencia de género efectivamente se han ejecutado.

Mejorar los mecanismos de financiación

El financiero no es el único aspecto clave a revisar, pero sí el más urgente y eficaz. Según un documento elaborado por la Plataforma 7N contra las violencias machistas, que aglutina a varias decenas de organizaciones feministas y al que ha tenido acceso este diario, uno de los principales problemas que presenta el pacto es que no permite realizar gastos estructurales ni proyectos plurianuales (desarrollados en varios ejercicios), lo que tiene como consecuencia "que las acciones que se desarrollan por las administraciones no tienen un carácter transformador", apunta el documento.

Las normas también establecen que si los fondos no son utilizados en el año natural, lo no gastados debe devolverse. Pese a que en los últimos años ha habido excepciones a esta regla, el documento de las organizaciones feministas resalta que "pese a haberlo solicitado en diferentes ocasiones, no hemos podido conocer la cuantía realmente ejecutada en estos años de implementación del pacto de Estado y la cuantía que ha ido a financiar deuda del Estado por inejecución". Fuentes del ministerio de Igualdad refieren a las declaraciones de las responsables de Igualdad en el Congreso y el Senado en las que se enumeran algunos de los logros cuando se pregunta por estos documentos que fiscalizan los fondos del pacto de Estado, pero no a un documento en que se analicen logros y retos.

Algunas responsables de las áreas de Igualdad autonómicas han expresado a Público su decepción y su preocupación por la forma en la que se distribuyen los fondos, los plazos y, sobre todo, la dificultad a la hora de su ejecución. Entre las principales trabas figura que los fondos del pacto de Estado (100 millones anuales para las comunidades autónomas, 80 va a la administración central y otros 20 a los cerca de 8.000 corporaciones locales de España) llegan tarde. Este año (2021) el reparto de los fondos para las autonomías se aprobó en el pasado ocho de junio en el Consejo de Ministros, seis meses entrado el año y planificar en esas condiciones es difícil para muchos entes locales. 

"Los presupuestos contra la violencia de género son muy escasos en todas las administraciones. Los fondos del pacto de estado también son pocos pero lo peor son las condiciones de gasto. Por ejemplo, no se puede destinar nada de esos fondos al capítulo 1 que es el de personal. Tampoco se permite hacer proyectos plurianuales y un montón de limitaciones más que han convertido un instrumento en principio interesante, en algo poco útil en la lucha contra la violencia porque en realidad no se puede usar en políticas a medio plazo, en políticas públicas transformadoras", explica a Público Nuria Varela, responsable de Igualdad del Principado de Asturias.

Esta experta resalta que "esa es una constante en la administración, la falta de condiciones estructurales que consigan ir eliminando la violencia. Todo lo contrario, desde la ley de contratos del PP, aún en vigor, hasta las condiciones de contratación de Función Pública, pasando por la Aneca y los planes de estudios de las universidades, están diseñados como si la violencia de género no existiera". Varela abunda en que "parece que los distintos departamentos de la administración pública no se sienten realmente interpelados ante esta lucha. En la lucha contra la violencia, el personal especializado es determinante y actualmente es el mayor agujero negro. Los organismos de igualdad, algunos, han duplicado su presupuesto gracias al pacto de Estado pero sin tener más gente para gestionar. ¿Como se hace eso? No se puede hacer. De hecho, toda la administración, tanto europea como española, está contratando personal para gestionar los fondos europeos. Parece que las políticas de igualdad continuamos siendo las hermanas pobres de la democracia", añade Varela.

Algunas de las fuentes consultadas, que prefieren guardar anonimato, explican a este diarios que si la lucha contra la violencia de género es una política de Estado, los fondos tendrían que ser notablemente superiores. Ninguno de los fondos destinados a la igualdad en las comunidades autónomas, ayuntamientos o incluso administración del Estado, alcanza el 1% del presupuesto total de dichas entidades. Se quedan en el cero coma algo... Ni siquiera el presupuesto del ministerio de Igualdad alcanza el 1% del presupuesto total de los Presupuestos Generales del Estado. Abundan en que el pacto de Estado está mal diseñado para su ejecución y que que se pueda pasar remanentes de un año a otro salva la gestión, pero no acaba con la violencia de género, porque los fondos muchas veces no acaban siendo parches y no proyectos a largo plazo. 

Educación y formación en género, asignaturas pendientes

"Es imprescindible poner el foco en la educación y en la formación de profesionales a todos los niveles, desde los operadores jurídicos hasta los médicos o los cuerpos de seguridad del Estado, afirma Nina Infante, idepresidenta del Fórum de Política Feminista, una de las organizaciones que foraman la plataforma 7N.

Unas premisas que ya estaban en recogidas en la ley de contra la violencia de género de 2004 y en la ley de Igualdad de 2007, pero que no se han puesto en marcha. Por eso, esta experta duda de la eficacia de algunas medidas ya contenidas en las leyes. "Que estén en la legislación no es garantía de cumplimiento". Es necesario que se pongan todos los mecanismos necesarios en marcha para asegurar que se cumplan, afirma.

Que el pacto de Estado es una herramienta clave y necesaria no lo discute ninguna experta. Lo que sí han dejado claro es que necesita una serie de cambios y medidas para garantizar que funciona correctamente y que va más allá de los cinco años para los que fue diseñado y que concluyen el próximo 2022. 

Marisa Soleto, presidenta de Fundación Mujeres, se define con una fan del pacto de Estado. Considera que es un marco de trabajo que tiene que permanecer y que ha servido de instrumento capaz de garantizar la compleja gestión entre diferentes organismos públicos entre sí e incorporar las posturas de expertos y sociedad civil. Otra cosa, afirma, es cómo se ha ejecutado. Entiende que no se pueden dar por cumplidos algunos compromisos por el simple hecho de haber introducido un texto en la ley, por ejemplo. "Uno de los ejemplos más claros es el de Irune Costumero. Un lunes se aprueba la ley de violencia en la infancia que prohibe el uso del Sindrome de Alienación Parental (SAP), y al lunes siguiente la fiscal en el juicio defiende su existencia. Pero de que no se cumplan las leyes no tienen culpa el pacto de Estado", afirma Soleto.

No podemos pensar que el pacto de Estado son los 200 millones anuales o los 1.000 millones de euros en cinco años. Cambios como la introducción de la prohibición de visitas a padres maltratadores o del SAP en la ley de infancia no hubieran sido posibles si no hubiéramos tenido el marco del pacto de Estado. Ahora, que se cumpla la ley pasa porque los políticos hagan su trabajo", explica. Otra cosa a tener en cuenta, afirma Soleto, es que los 1.000 millones que se tienen que aplicar efectivamente se destinen a la lucha contra la violencia de género "y que las inejecuciones de fondos no vayan a pagar la deuda del Estado. Es necesario que se redistribuyan los fondos inejecutados y que no sea un agujero en la bolsa por la que se pierde el dinero".​