La agresión sexual en grupo denunciada por una mujer en Pamplona y conocida la semana pasada, podría no ser considerada una violación con el Código Penal en la mano, sino como abuso, un tipo penal menor que implica que en el delito no existió ni violencia ni intimidación a pesar de que no existiera consentimiento por parte de la víctima. 

Tal como ha transcendido a los medios de comunicación, la mujer afirmó en su denuncia haber sido drogada con alguna sustancia similar a la burundanga para anular su voluntad y haber sido violada por, al menos, cuatro hombres que la penetraron mientras estaba inconsciente. Según recoge nuestro ordenamiento jurídico, si no existe violencia e intimidación hacia la víctima, no puede ser considerada una agresión (un término que se asocia a la violación y que tiene penas más elevadas), sino un abuso. En este apartado (artículo 179) el Código Penal incluye los delitos no consentidos que se "ejecuten sobre personas que se "hallen privadas de sentido", así como "los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia...".

El hecho de que nuestras leyes estén basadas en la utilización de la fuerza o la intimidación por parte de los agresores y en la capacidad de la víctima en defenderse, en lugar de hacerlo sobre el consentimiento de ésta, implica que cualquier víctima de una agresión sexual que se cometa contra ella estando bajo los efectos de "alguna sustancia", sea considerado como un abuso sexual y no como una agresión.

La Manada lo cambia todo

El debate sobre la necesidad de regular el consentimiento en los delitos sexuales estalló tras la sentencia de La Manada y obligó al Gobierno (primero al del PP y posteriormente al del PSOE) a plantear una reforma del Código Penal. Para ello se puso en marcha una comisión especializada de juristas, que hicieron una serie de propuesta de modificación, que no llegó a materializarse debido al adelanto electoral. Entre las propuestas de los expertos figuraba la necesidad de eliminar el delito de abuso y unificar todos estos delitos bajo la denominación de agresión sexual o violación, así como endurecer las penas.

Estas recomendaciones fueron recogidas por el Gobierno socialista, que fue más allá y propuso incluir en el el Código Penal el consentimiento explícito, para asegurar de que si una mujer "no dice que sí, todo lo demás debe ser considerado como un no", incluido el silencio. Este compromiso, que no llegó a materializarse en la ley, se ha trasladado al programa electoral del Partido Socialista. También Unidas Podemos lleva en su programa una medida similar, que la ley cambie del "no es no" por el "sólo si es sí".

El pasado mes de diciembre el Partido Popular registró una Proposición de Ley para reformar el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, esta medida no está incluida ahora en su programa electoral. La propuesta suponía un endurecimiento de las penas para los delitos sexuales cometidos por dos o más hombres (como en el caso de la Manada) y en los supuestos de utilización de sumisión química para anular la voluntad de la víctima, cambiándoles la denominación de abusos a agresiones. Pero no ha habido un posicionamiento sobre introducir el consentimiento en las leyes.

¿Sólo un sí es un sí?

Hace unos días la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, escandalizaba a sus compañeros de tertulia en TVE (y a parte de la sociedad) al criticar la inclusión del consentimiento en las leyes. Y lo hacía con una serie de preguntas irónicas: "¿De verdad van a garantizar eso? ¿Penalmente? ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no, y una duda... ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?", interpelaba la candidata popular a la representante del PSOE María Jesús Montero. Las preguntas de la candidata del PP volvieron a pone sobre la mesa, en plena campaña electoral, el tema de regula el consentimiento de las relaciones sexuales dentro de las leyes.

"Es imprescindible tomar conciencia de la necesidad de este cambio del ordenamiento jurídico en relación al consentimiento. No hay más que ver cómo se está aplicando la ley en los tribunales", afirma Marisa Soleto, presidenta de Fundación Mujeres. El caso de La Manada es un claro ejemplo para esta experta, porque a pesar de que los hechos probados narran una violación, los jueces no interpretaron que hubiera intimidación ni violencia. Pero también pone de relieve otros casos que deberían encender todas las alarmas, como la decisión judicial que recientemente condenó a un octogenario a una pena de dos años de cárcel por abusar de una niña de cinco años, porque los jueces entendieron que la menor no se resistió. 

"Hablar del consentimiento como se está haciendo es una frivolización que dificulta el avance que necesitamos en este tema. Es fácil hacer discursos sobre estereotipos y fácilmente reconocible basándose en la maldad de las mujeres. Pero el ruido sólo va a retrasar los cambios que se necesitan", afirma Soleto.

"Si en la sentencia de La Manada primó la interpretación que los jueces hicieron de la ley, en el caso de la mujer agredida recientemente en Pamplona esta interpretación no es necesaria", afirma Pastora Filigrana, portavoz de Abogados Sociedad Coorporativa. "Porque la ley lo deja meridianamente claro: si estás drogada o en una situación en la que no puedes consentir, es abuso y no agresión sexual". 

Para esta jurista, el consentimiento tiene que ser tácito y no hasta el final, como ocurre con cualquier otro delito. "Cuando alguien te roba la cartera (a punta de navaja o no), nadie entiende que tienes que hacer una defensa de tu no consentimiento hasta el final, ni cuántas veces lo tienes que decir. El silencio en este caso no se interpreta como un sí.  En cambio en los delitos contra la violencia sexual no se entienden de la misma manera", explica Filigrana.

Por ello, para esta experta, las declaraciones de Álvarez de Toledo no sólo van contra la jurisprudencia, sino también van contra el propio sentido del consentimiento en el Derecho. "Supone la interpretación menos garantista de un bien jurídico como la libertad sexual, que ya de por sí está menos protegida que los delitos contra el patrimonio", añade.

A pesar de que nuestro país ratificara el Convenio de Estambul en 2014, poco o nada se ha avanzado en su puesta en marcha. Este tratado internacional emanado del Consejo de Europa, está considerado el instrumento más completo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, a la que considera como una violación de los derechos humanos. En su articulado, este tratado afirma que "el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes" y obliga a los estados a tomar medidas legislativas para garantizarlo.

Como todo tratado internacional que se ha ratificado, el Convenio de Estambul pasa a formar parte de forma inmediata del ordenamiento jurídico de nuestro país. Sin embargo, tras cinco años de andadura, los incumplimientos han sido múltiples, tal como denuncian la plataforma de organizaciones civiles que se han unido para hacer un seguimiento de estos cumplimientos.

"Nuestro código penal tiene que ser modificado" afirma Altamira Gonzalo, portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. "no sólo porque esté en contra de lo que dice el Convenio de Estambul, sino también para evitar interpretaciones que puedan alejarse de la finalidad de la norma teniendo en cuenta el momento social en el que se aplica. Y el reconocimiento del consentimiento explícito en la ley es clave".

Para esta jurista, el hecho de que te anulen el la voluntad mediante sustancias químicas o por otros medios, tiene la finalidad clara de mantener relaciones no consentidas, "pero esto aún está sujeto a las interpretaciones de los jueces y es algo que la reforma del Código Penal debe solucionar". 

"Esta filosofía de que cuando callamos otorgamos, es una filosofía machista y patriarcal. Si decimos si hay que decir sí", añade Gonzalo.

"Es evidente que tenemos un problema de tipo penal, que no coincide con a valoración de la gravedad de las violencias sexuales. No tiene ningún sentido que esté basado en la violencia que se ejerce contra la mujer o en la capacidad de esta para defenderse. Este es un debate que no afecta sólo a España, sino que está planteado en muchos países europeos, que en estos momentos están miran de qué forma introducir el consentimiento dentro de sus leyes. Lo importante es llegar a una buena definición de lo que es el consentimiento", concluye Soleto.