Violencia de géneroEn España se denuncia una violación cada cinco horas

Una denuncia por violación cada cinco horas. Eso es lo que han interpuesto las mujeres en nuestro país a lo largo de 2018. Así lo afirma el informe Balance de Criminalidad publicado por el ministerio de Interior y que corresponde al tercer trimestre del año, que recoge datos entre los meses de enero y septiembre de este año.

Lejos de decrecer, estas denuncias van en aumento y son un 23% superiores a las registradas en el mismo período de 2017, que a su vez eran un 10% más altas que las de 2016. 

De hecho, las agresiones sexuales con penetración (tal como se denomina a las violaciones), aunque no es el delito más numeroso, sí es el que más ha crecido. El segundo delito que más aumenta son las denuncias contra la libertad e indemnidad sexual (que incluyen agresión sexual sin penetración, corrupción de menores o incapacitados, pornografía de menores, entre otros). Durante los primeros nueve meses de este año, se han registrado 10.445 denuncias por este concepto, un 16,4% más que en el mismo período de 2017.

Tal como reconocen las expertas en este tema, las denuncias por violaciones son la punta del iceberg y no reflejan la realidad de estas violencias, puesto que "la mayoría de los casos nunca llegan a denunciarse", afirma Bárbara Tardón, experta en estudios de género. 

"El hecho de que aumenten las denuncias no significa que aumenten las agresiones sexuales. Lo que significa es que hay más mujeres que están sintiéndose identificadas por la mayor sensibilización que hay sobre este tema y que están optando por llamar a las puertas de algunas instituciones, como es el caso de la policía", afirma Tadrón. "Lo interesante sería saber qué sucede con esas denuncias, cómo prosperan y en qué lugar terminan", añade.

Esto es lo que se preguntaba el informe publicado por Amnistía Internacional el pasado 22 de noviembre. Bajo el título Ya es hora de que me creas, el informe denuncia las "deficiencia en la recogida de datos sobre la prevalencia y la magnitud de la violencia sexual, la escasez de servicios de atención integral a víctimas de violencia sexual, la falta de especialización profesional, sensibilización y capacitación de sectores como sanidad, justicia, policía o medicina forense, o la inexistencia de protocolos sectoriales de actuación frente a la violencia sexual, entre otro". Es decir, la falta de preparación y de protocolos de actuación hacia estas víctimas que acaban por revictimizarla.

Los diversos testimonios recogidos en el estudio de víctimas y supervivientes, así como de familiares de éstas, coinciden en resaltar "haber sido revictimizadas por un sistema y unas instituciones que no las han atendido ni protegido de manera adecuada".

Para Tardón es importante resaltar el hecho de que, aunque el número de denuncias está aumentando, nuestro país sigue a la cola de Europa", es decir, las denuncias por este tipo de delitos en España están muy por debajo de la media de nuestros vecinos. Esto no quiere decir, afirma la experta, que en nuestro país haya menos casos, "sino que se denuncia menos". Las causas, afirma, "hay que buscarlas en que las mujeres no confían en las instituciones, sobre todo en el sistema judicial. Todas las víctimas supervivientes nos han dicho en el informe realizado para Amnistía, que si llega a saber por lo que iban a pasar, no hubieran denunciado.

En nuestro país hay un déficit de análisis de los datos sobre este tipo de delitos. De hecho aún no son reconocidos oficialmente como violencias de género, categoría que está reservada a las mujeres que son agredidas por sus parejas o exparejas, tal como marca la ley integral de violencia de género de 2004.

Recientemente las instituciones (el Gobierno y el Observatorio de violencia doméstica y de género del CGPj) han afirmado que están comenzando a recopilar las estadísticas de violencias contra las mujeres que ocurren fuera de las relaciones afectivas. Sin embargo, sistematizar estos datos llevará aún algún tiempo. 

Las expertas afirman que no contar con datos analizables y comparables de este tipo de agresiones, impide avanzar en políticas públicas que las prevengan, subsanen y reparen el daño.