El violador reincidente Tomás Pardo ha reconocido este miércoles ante la Audiencia de Barcelona que en 2016 agredió sexualmente e intentó matar a cuchilladas a una mujer en Castellbisbal, en Barcelona durante un permiso penitenciario que se le concedió cuando cumplía condena por un ataque similar de 2002.

En la sección séptima de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado, a puerta cerrada a petición de la víctima, el juicio contra el conocido como violador de Martorell, en el que la Fiscalía ha mantenido su petición de 70 años de prisión por la violación e intento de asesinato de 2016, un caso que reabrió el debate sobre la rehabilitación de los agresores sexuales en la cárcel.

En su declaración ante el tribunal, Pardo, que fue detenido el 31 de octubre de 2016 a raíz de una llamada de emergencia que logró enviar la víctima, ha admitido el secuestro, violación e intento de asesinato que la Fiscalía le acusa de haber perpetrado el último de los tres días del permiso que le concedió la Generalitat, y que avaló la Audiencia de Barcelona.

Pese a haber reconocido uno por uno todos los hechos, con lo que podría beneficiarse de atenuantes, al término del juicio la Fiscalía ha mantenido su petición inicial de 70 años de cárcel para Tomás Pardo y el pago de una indemnización de 70.000 euros a la víctima por un delito de detención ilegal, otro continuado de agresión sexual, asesinato en grado de tentativa y robo con intimidación.

En declaraciones a la prensa tras el juicio, la abogada del procesado, Gemma Monera, ha detallado que su cliente ha reconocido todos los hechos porque "está arrepentido".

Por su parte, Mariano Marín, abogado de la víctima y acusación particular en el caso, ha explicado que se han visto "abocados a iniciar un proceso contencioso administrativo para reclamar la responsabilidad civil a las conselleries de Interior y Justicia de la Generalitat" por el permiso que se concedió al violador reincidente.

El Departamento de Justicia concedió el permiso a Pardo por haber superado con éxito el tratamiento de rehabilitación de agresores sexuales que siguió en prisión y sin que las salidas puntuales previas que se le autorizaron hubieran resultado problemáticas.

El juzgado de vigilancia penitenciaria le denegó hasta en trece ocasiones los permisos para salir de la cárcel, pero finalmente la Audiencia de Barcelona confirmó la decisión de la Generalitat de excarcelarle.

Por ese motivo, la acusación particular solicita una cantidad de 1.100.00 euros al procesado como responsable civil directo, aunque ha anunciado que si este no abona el pago se exigirá esa suma a la Generalitat.

Como el ministerio fiscal, la acusación particular pide 70 años de cárcel para Pardo por los cuatro mismos delitos citados, con las agravantes de reincidencia, actuar por razones de género y aprovechando un lugar y un momento que debilitaban la defensa de la víctima.

Según ha reconocido el acusado, el ataque de 2016 lo perpetró blandiendo una navaja ante la víctima y obligándola a conducir durante 53 kilómetros hasta llegar a una zona boscosa de Castellbisbal, en Barcelona, donde la violó repetidamente y le hizo entregarle las llaves de su coche y facilitarle el número PIN de su tarjeta bancaria, con el que un sobrino suyo extrajo después 1.000 euros.

Posteriormente, el procesado llevó a la mujer hasta un barranco junto al Torrent Bo, donde tras acuchillarla hasta en siete ocasiones, con el fin de acabar con su vida, la arrojó al vacío desde una altura de cinco metros y la tapó con ramas y con tierra para evitar que su cadáver fuera encontrado.

El juicio por este ataque se ha celebrado a puerta cerrada, a petición de la víctima, como medida para "proteger su intimidad", según ha argumentado la sección séptima de la Audiencia de Barcelona en un auto.

Mientras el juicio se celebraba en el interior de la Audiencia Provincial, en el exterior se han concentrado una cincuentena de personas para denunciar la "justicia patriarcal" y dar apoyo a la víctima.

Entre los concentrados figuraba la mujer a quien Pardo agredió y robó hace catorce años, quien ha expresado su indignación y ha denunciado que "es responsabilidad del sistema penitenciario que haya otra víctima".