Ha sido con toda seguridad la última batalla que Smahia Benjafel, temporera marroquí de 57 años, ha podido ganar. Una batalla del todo innecesaria, ya que nunca debió ser tan complicado poder disfrutar de los derechos laborales y asistenciales que marca la ley. En su caso, una prestación por incapacidad temporal y una atención sanitaria gratuita en Marruecos, con cargo a la Seguridad Social española.

En realidad, la pelea la han dado por ella su familia, las activistas de Jornaleras de Huelva en Lucha y algunos funcionarios de Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sevilla, que han movido cielo y tierra para que la mujer, aquejada de un cáncer terminal, pueda disfrutar los derechos que hasta ahora se le habían negado. "Ella está muy cansada, cada vez más débil. Casi no podemos hablar con ella, solemos llamar a sus hijos", explica Ana Pinto, portavoz de la organización, que hace poco pudo darles una buena noticia.

Smahia recibirá de forma retroactiva la prestación hasta ahora negada, la seguirá recibiendo durante los próximos seis meses y la Seguridad Social se hará cargo de los tratamientos paliativos en Marruecos, que hasta ahora tenía que costear con muchas dificultades la mujer.

Según informa el colectivo de temporeras onubense, el pasado noviembre, Smahia recibió en su cuenta la prestación por incapacidad temporal correspondiente a los meses de mayo y junio de 2022. Su salud no le dejó seguir recogiendo arándanos en las plantaciones de la multinacional Atlantic Blue, para la que había trabajado los últimos 15 años dentro del programa de contratación en origen que cada año trae a miles de trabajadoras marroquíes para las rentables campañas de los frutos rojos de Huelva.

La empresa no gestionó su baja por enfermedad entonces. La ley no le obligaba a hacerlo. Pero tampoco se preocupó por informarla, orientarla ni mucho menos acompañarla en esta gestión que Smahia, como todas estas trabajadoras, desconocía por completo, igual que el idioma. La mujer marchó sin poder cobrar esa prestación que tanta falta iba a hacerle en Marruecos, sin que se respetaran sus derechos laborales básicos. Una situación que, según varias fuentes consultadas, tiene que ser más habitual de lo que parece, dada la falta de información sobre sus derechos que se le proporciona a los contingentes de trabajadoras.

Hasta su partida, Atlantic Blue se limitó a mantener a la mujer aislada en un prefabricado de la finca, a donde tuvo que acudir una ambulancia debido al empeoramiento de su salud y a la preocupación de su familia en Marruecos. La mujer no podía apenas moverse, hablar ni comer debido a una miastenia gravis.

Jornaleras de Huelva en Lucha pudo sacarla de la finca y la Smahia fue ingresada en un hospital de Sevilla donde le informaron de que su cáncer de útero ya era terminal. Fue cuando decidió regresar a Marruecos, ya que su visado y su pasaporte estaban a punto de caducar. Solo quería pasar sus últimos días junto a su familia. Pero durante meses, Smahia ha tenido grandes dificultades para pagar la medicación que la ayuda a soportar cada día sus fuertes dolores.

Trabas burocráticas

Jornaleras de Huelva en Lucha intentó el pasado octubre solicitar esta prestación en su nombre en la oficina de la Seguridad Social en Huelva. Pero ni siquiera querían recoger su solicitud ni la documentación. Según adujeron, faltaba el expediente del médico de cabecera que autorizaba la marcha de Smahia a Marruecos, aunque esta sí contaba con un claro informe del servicio de Urgencias del hospital de Sevilla en el que fue entendida. Así, no es que se le denegara la prestación, es que ni siquiera se le permitía solicitarla, ya que esa baja se declaró alta por incomparecencia, al haberse ido del país.

Otro de los problemas que se planteaba era que Smahia no tenía una cuenta corriente en España en la que la Seguridad Social pudiera hacer ingresos. Los último tres años, la empresa había sustituido las cuentas bancarias por una tarjeta monedero de CaixaBank en la que se ingresaban solo las nóminas.

Las activistas decidieron denunciar el caso en los medios de comunicación, al tiempo que intentaron solicitar la prestación en una oficina sevillana en lugar de la onubense. Fuentes conocedoras del proceso explican que ha sido un caso complicado y tedioso, fruto de la desidia de la Administración y de lo aparentemente atípico de la situación. Pero era un ejemplo de "importante vulnerabilidad y desprotección" de una persona que había trabajado y cotizado en España durante 15 temporadas.

Según explican estas fuentes, "ha habido que insistir mucho y señalar todas las peculiaridades" para demostrar, por ejemplo, que no hacía falta tener una cuenta bancaria en España para percibir su prestación. También se ha aplicado el "Convenio sobre seguridad social entre España y el Reino de Marruecos" de 1982, que permite a marroquíes que hayan trabajo en España tener cobertura sanitaria.

Fuentes internas explican que el Instituto Nacional de la Seguridad Social en Huelva ha tenido que contactar con el Servicio Andaluz de Salud para que se eliminara el "alta por incomparecencia" de Smahia. Eso bloqueaba el inicio de cualquier expediente de incapacidad temporal y era clave para que siguiera recibiendo la prestación. Sin embargo, apuntan la mismas fuentes, ha tenido que ser una orden de Madrid la que forzara este trámite.

Desde Jornaleras de Huelva en Lucha llevan tiempo denunciado que el programa de migración circular, que tanto gobiernos como empresarios defienden como el modelo ideal de gestión migratoria, está lleno de irregularidades y de una total desprotección de mujeres extranjeras, muchas analfabetas que viven en total desconocimiento de sus derechos más básicos y de los trámites. El de Smahia, apunta Ana Pinto, es solo un ejemplo, un caso que se conoce y al que varias organizaciones le han dado un apoyo y una visibilidad sin que cual Smahia, como cualquier otra en su situación, no habrían podido ejercer sus derechos.