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Vertidos en Illas Atlánticas Dos décadas de vertidos generan una montaña submarina de fango en un área protegida de las Rías Baixas 

Tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno central llevan más de 20 años autorizando la descarga de dragados de puertos gallegos junto a la isla de Sálvora, en el Parque Nacional Illas Atlánticas. Pese a la lucha histórica de ecologistas y pescadores contra este vertedero bajo el mar, Feijóo planea depositar más de 300.000 metros cúbicos de nuevos residuos.

La isla de Sálvora, fotografiada con la isla de Ons al fondo.- EFE/Lavandeira jr (ARCHIVO)

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Una montaña de 25 metros de altura de lodo y otros residuos se acumula bajos las aguas del Atlántico, en la zona marina protegida de las Rías Baixas gallegas. Son el resultado de dos décadas de vertidos de los desechos procedentes del dragado de puertos de Galicia que el Gobierno Central y la Xunta han autorizado desde 1998.

Se trata de un vertedero submarino de desechos que contienen fango, áridos y, en ocasiones, metales pesados e hidrocarburos que lleva sedimentando en el fondo marino próximo a la isla de Sálvora, en una zona que a día de hoy forma parte de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, según ha informado El País.

A pesar de las denuncias durante años por parte de de grupos ecologistas y cofradías de pescadores de las rías, el Gobierno de Aberto Núñez Feijóo tiene previsto lanzar allí más de 300.000 de metros cúbicos de material procedente del dragado de la desembocadura del río Lérez, en Pontevedra.

La Consellería do Mar, encargada de ejecutar los dragados portuarios, insiste en que este sea el destino de los residuos ya que "no son lodos sino áridos” lo que se extraerá del Lérez, unos restos “inocuos” que no afectarán a la pesca ni a los mariscos. 

Sin embargo, desde hace años falta un consenso científico sobre la clasificación de los lodos, más aun teniendo en cuenta la especial sensibilidad de la zona donde se depositarán. El lugar está muy próximo al Parque Nacional Illas Atlánticas, declarado en 2002, cuatro años después de que se autorizara el punto de vertido donde ya residen casi 150.000 toneladas de fango. Está considerado Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de la Red Natura y desde 2015 y forma parte de la  Red de Áreas Marinas Protegidas de España, según el convenio internacional Ospar para la preservación del Atlántico Nordeste por la presencia de 32 especies protegidas. 

Pero este destino para los residuos no era el original, sino que se está estudiando después de las protestas desatadas al conocerse el lugar inicial, cerca de la isla de Tambo, en el fondo de la ría de Pontevedra. La idea de cambiar de ubicación los deshechos procedentes del dragado del Lérez no han tranquilizado a ambientalistas y pescadores a pesar de la legalidad del proyecto.

La Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa ya ha mostrado su preocupación por estos nuevos vertidos. Señala que, además de la proximidad a la isla de Sálvora, el punto de depósito de los lodos se encuentra en el canal de entrada de la corriente oceanográfica que produce la floración en la ría, lo cual afectaría a su riqueza y biodiversidad. 

Un informe de la propia Xunta de Galicia, realizado en 2016 por una consultora para Portos de Galicia durante la tramitación del dragado del puerto pontevedrés de Meira, en Moaña, estimaba en casi dos millones de metros cúbicos el volumen de la montaña de lodos ubicada próxima a Sálvora. Señalaba también que “hay además otros vertidos de los que no se tienen datos concretos sobre los volúmenes”, pero descartaba daños a los espacios protegidos y la fauna “al quedar la mayor parte del depósito dentro del área delimitada del vertido”. Sin embargo, ecologistas, pescadores y sindicatos aseguran que una parte de estos residuos ha acabado arrastrado por las corrientes hacia la ría donde se pesca y marisquea, actividades fundamentales para la economía de la zona. 

Por su parte, el BNG ha llevado el caso ante la Comisión Europea, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica mantiene, por el momento, la viabilidad del vertedero, aunque precisa que está tramitando un decreto que “obliga a hacer análisis de los espacios protegidos que hay en el entorno” y que “garantiza el mayor rigor posible (que antes no estaba tan protocolizado) para controlar cada uno de esos vertidos”, según recoge El País.

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