Los vecinos que resistieron y vencieron a las amenazas y presiones de un fondo buitre en Madrid

Con una sonrisa de oreja a oreja, Esperanza Aguirre, por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, entregó a Emilio Antón, que hoy tiene 49 años, las llaves de su casa. Cuando lo hace, le coge de las dos manos y, con un tono emocionado pero sin perder la compostura, le dice: "Esto es para toda la vida".

Era parte de un acto institucional celebrado el 1 de abril de 2007 que suponía la entrega de 116 viviendas de protección oficial que la Comunidad de Madrid había construido en distintas partes de Madrid. La de Antón estaba en el Ensanche de Vallecas.

Siete años después, la vendió a un fondo buitre.

Antes, a Antón y su familia les dijeron que poco menos que les había tocado la lotería. Fueron beneficiarios de una de las viviendas de lo que era el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), pues cumplían con los requisitos que pedía la Comunidad de Madrid para ayudar a independizarse a gente joven: eran menores de 35 años, tenían trabajo y estaban empadronados en la capital.

En el 2013, sin que nadie le notificará nada, Antón descubrió que su vivienda ya no era pública, sino que había sido vendida al fondo buitre Encasa Cibeles, perteneciente a su vez al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora. "Me enteré de la venta por los medios de comunicación", recuerda.

Antón jamás se imaginó que quien le había dado aquella casa en mitad de aquel acto tan solemne y tan celebrado, finalmente, se la quitaría sin mediar palabra. Este todavía se puede ver en un video de Youtube:

Durante el primer año, el fondo buitre no hizo nada con las viviendas. No obstante, en 2014 empezaron a subir los alquileres de los vecinos. Todos los días aparecía alguien de la empresa en el portal con amenazas: "O comprabas la vivienda o te ibas a la calle", recuerda Antón. "Hay vecinos que se han tenido que ir. Otros que han sido desahuciados. Muchas familias han luchado, pero otras han desistido", afirma Mercedes Revuelta, coordinadora de Vivienda Madrid.

Antón asegura que hay vecinos de su bloque que simplemente desaparecieron. Ante la vergüenza de no poder pagar la casa, simplemente se fueron para evitar a sus hijos tener que vivir una pesadilla que se ha prolongado durante ocho años.

Es un año más del tiempo que pudo pasar Antón en su casa tranquilo mientras recordaba las palabras que Aguirre había pronunciado el día en que por fin pudo entrar por primera vez en su casa: "Esto es para toda la vida".

Antón y su familia lograron resistir. Después de varios intentos de desahucio, subidas de alquiler y muchas noches llenas de incertidumbre, ahora por fin ha vuelto a respirar en paz, aunque todavía desconfía de lo que hará el Gobierno autonómico con su vivienda.

Una pelea de David contra Goliat

Durante ocho años, 2.835 familias estuvieron enfrentadas en los tribunales y en las puertas de sus portales al fondo buitre y a la Comunidad de Madrid para demostrar la ilegalidad de la venta de estas viviendas. Se organizaron en asociaciones y con el apoyo de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid consiguieron que estos les dieran la razón.

"Hemos estado ocho años en los tribunales recurriendo hasta la última coma. Agrupamos a los inquilinos en diversas promociones para que recurrieran estas sentencias, pero estas batallas también han sido en los portales. Hemos centrado toda nuestra actividad en ir parando cada desahucio afectado por la venta. En 2018 conseguimos la primera victoria que decía que la venta había sido irregular", afirma la abogada Alejandra Jacinto.

La Comunidad de Madrid vendió esas viviendas públicas para reducir el déficit presupuestario argumentando que estas ya no eran necesarias. Los tribunales han determinado que al proceder a la enajenación de esa parte de su patrimonio, el Gobierno regional no justificó, como exige la ley, por qué dejaban de ser necesarios los inmuebles, que cumplen la labor social de dar una casa digna a gente en una situación económica vulnerable. Como consecuencia, el Gobierno regional debe deshacer la operación.

Hace un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) reafirmó que la Comunidad de Madrid vendió ilegalmente en 2013 las 3.000 viviendas al fondo buitre.

Sin embargo, la sentencia no reconoce los derechos de las familias, de modo que ahora queda en el aire saber si todas las personas que vivían en los inmuebles en el momento de la venta van a poder beneficiarse. En este momento, solo quedan 1.721 de los 3.000 inquilinos originarios, algo más de la mitad de la mitad, un 53%.

"Recuperar estas viviendas públicas ha sido una enorme victoria, ha costado una dura pelea, muchas familias se han quedado destrozadas por el camino. En ellas pensamos ahora y por eso no vamos a permitir ni un abuso más en subidas de alquileres y no vamos a permitir que les pidan deudas ilegítimas de los últimos años de alquiler. Son familias que han sido estafadas", afirma Revuelta.

Desde el Gobierno autonómico dicen que se garantizará que todas las familias afectadas por la enajenación de las diferentes promociones del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) -actual Agencia de Vivienda Social (AVS)- seguirán viviendo en los pisos.

También ha anunciado que se creará un grupo de trabajo que se pondrá en contacto con las familias para citarlas y estudiar caso por caso las condiciones de sus contratos de arrendamiento. Sin embargo, la Comunidad entiende que su labor de registro debe limitarse a los actuales inquilinos. En cuanto a quienes se fueron a lo largo de estos ocho años, no está claro que vayan a poder volver a sus casas.

Por su parte, Encasa Cibeles reclamó este mismo mes a la Comunidad los 201 millones que pagaron por las viviendas más el pago de daños y perjuicios. A diferencia de lo que ocurrió con los vecinos durante ocho años, el Gobierno comandado hoy por Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado desde un primer momento comprensivo con la situación del fondo y abierto a negociar. A las ganancias de Encasa Cibeles habría que sumar la cuantía de los alquileres pagados a este fondo por los vecinos durante ocho años.

Los niños celebran no perder sus casas

El hijo de siete años de Antón no sabe lo que es vivir tranquilo en una casa. Hoy, sus padres al menos pueden celebrar poder dormir sin sentir la amenaza de poder ser desahuciados cualquier día.

En Móstoles, en el centro social La Cacica también se reunieron vecinos, niños y activistas de las plataformas de vivienda para celebrar esta victoria. "Lo hemos pasado fatal, todavía no estamos tranquilos, no sabemos qué va a pasar, esperemos que se mantenga la victoria. Vamos a seguir luchando porque no nos podemos fiar", afirma Ana, una vecina afectada.

Los niños han hecho dibujos de sus casas con mensajes como: "Quiero una casa como esta, Señora Ayuso" o "Esta victoria me dará sentido para seguir luchando". Los han colgado sobre una gran cartelera de colores sobre una pared del centro social esperando que sus deseos se hagan realidad.