Los vecinos de Carabanchel −distrito sureño de Madrid− continúan con las protestas por la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la falta de profesionales sanitarios en el Centro de Salud de Abrantes. Lo hacen después de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, dijera que la situación en el centro médico "está solucionada". 

Días antes, miembros de la Asamblea Popular de Carabanchel viajaron en bici hasta Ginebra para denunciar ante la ONU la falta de médicos que hay en el centro de salud y de la situación sanitaria en la región. Ahora, la asociación ha recogido en su cuenta de X (antes Twitter) varios testimonios de vecinos que denuncian la situación por la que llevan pasando más de cuatro años.

"Me han dado cita para el 30 de septiembre", ha explicado este miércoles un señor. Cerca de cuarenta días para asistir al médico de cabecera. "Aquí no dan solución, aquí necesitamos más médicos, más enfermeras y más atención", expresa. 

Otra de las personas afectadas, una mujer, expone que le han dado cita con el médico de familia para dentro de dos meses, pero cuando se trata de una consulta con el especialista, no le han podido dar "ninguna" fecha. 

Las esperas suceden tanto con las revisiones presenciales como con las telefónicas, pues a un señor del barrio Carabanchel, le han dado cita a distancia para el 17 de septiembre, es decir, más de 25 días para recibir asistencia sanitaria. 

El Centro de Salud de Abrantes asiste a más de 30.000 personas y, por ley, debe tener al menos 17 médicos de familia, pero actualmente no llegan a la "mitad" y solo hay dos pediatras −ninguno para el turno de tarde−  señala la Asamblea de Carabanchel. Los vecinos llevan cuatro años y más de 140 manifestaciones para reivindicar los derechos de la sanidad pública.

Hartos de esta situación, cuatro miembros de la Asamblea de Carabanchel pusieron rumbo desde Madrid a Ginebra, en bici, el pasado 26 de julio, con el objetivo de denunciar ante la ONU la falta de médicos en el centro de salud. Allí, tuvieron reuniones con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Como respuesta, la institución internacional ha iniciado procedimientos especiales para abordar el problema sanitario de la Comunidad de Madrid.