La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas ha informado este jueves sobre la presentación de una demanda contra la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, también conocido como banco malo) por la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler social.

La acción legal ha sido iniciada por una residente del distrito madrileño de Puente de Vallecas que lleva tres años como alquilada en una vivienda de la Sareb. Según la vecina, el banco malo le reclamó una deuda de 10.000 euros tras el primer año de contrato, a pesar de haber abonado puntualmente todas las mensualidades.

La PAH ha denunciado que las cláusulas que permiten incrementos encubiertos en los alquileres y reclamaciones abusivas de deuda se encuentran en todos los contratos que la Sareb incluye en su llamado "perímetro social de viviendas". "Esta demanda es solo la primera de muchas", ha declarado Sonia García, miembro de la PAH Vallekas, durante una rueda de prensa. Según García, estas cláusulas demuestran que, para la entidad y el Estado, estas viviendas son tratadas como activos financieros, en lugar de ser el inicio de un parque de vivienda social.

La demanda se fundamenta en la presunta violación por parte del banco malo de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la normativa de protección al consumidor. Giselli M., la inquilina que interpuso la denuncia, firmó estas cláusulas, pese a conocer su ilegalidad, debido a que la Sareb ofrece estos contratos en medio de procesos de desahucio sin retirar las demandas, tanto en casos de viviendas okupadas que han sido regularizadas como en los de inquilinos cuyas propiedades han sido transferidas a la entidad. Según la campaña Plan Sareb, a la que pertenece PAH Vallekas, estas cláusulas afectan a todos los inquilinos actuales y futuros de las 14.000 viviendas que el banco malo incluye en su "perímetro social de viviendas". La entidad ha informado que ya ha firmado 10.000 contratos dentro de este marco.

"Firmé mi contrato de alquiler en 2021, tras detener en dos ocasiones mi desahucio al unirme a la PAH", cuenta Giselli, quien había okupado una vivienda vacía de la Sareb. Un año después, recibió un burofax de la entidad que le informaba, sin previo aviso, de una deuda de 10.000 euros, a pesar de haber pagado puntualmente cada mes. Según informa a Público la portavoz de la PAH, esta situación se debe a una cláusula de bonificación de renta que permite aplicar incrementos inesperados, una práctica que califican como "sistemática". "Todos los contratos que hemos firmado con la Sareb en los últimos dos años han tenido este problema", ha afirmado García.

"Los contratos se firman bajo la presión de un desahucio"

"La ley es clara y no permite subidas de alquiler dentro de un contrato, por lo que la Sareb y otros grandes propietarios incluyen una supuesta 'bonificación' cuya retirada, en la práctica, implica un aumento del alquiler", explica. La demanda sostiene que estos contratos carecen de transparencia y no se firman de manera libre, ya que se realizan bajo la presión de un desahucio. En algunos casos, el banco malo y sus intermediarias presentan estos contratos el mismo día en que se ejecuta el desahucio, según se denuncia.

"Animamos a todos los inquilinos a sumarse a la campaña Plan Sareb para eliminar estas cláusulas y luchar por contratos legales y estables", ha declarado Sonia García. "El objetivo final debe ser que el 100% de estas viviendas salgan del mercado y se integren en un verdadero parque de vivienda pública y social", ha añadido. La campaña ha anunciado la próxima publicación de un dossier que incluirá un análisis detallado de las políticas del banco malo, el papel de las mediadoras privadas en la gestión de su cartera de alquileres precarios, y un listado completo de las malas prácticas y desahucios por parte del banco malo, según ha informado la PAH.

La PAH señala que las condiciones de la bolsa precaria de alquileres sociales del banco malo exigen que los inquilinos participen en un programa de acompañamiento social, independientemente de su situación laboral o si están cuidando a otras personas. "La continuidad del alquiler social está sujeta a esta participación, lo que permite a la Sareb rescindir el contrato si considera que el inquilino no colabora, como en el caso de negarle el acceso a la vivienda", explican. Según la portavoz de la plataforma, "estas cláusulas solo justifican el gasto que el Estado realiza en las empresas mediadoras de la Sareb y permiten a los accionistas y clientes de la entidad creer que estas viviendas pueden ser fácilmente comercializadas en caso de ser necesario".

Un reflejo de las políticas progresistas de vivienda

En abril de 2023, el Gobierno anunció la inclusión de 50.000 viviendas de la Sareb en su plan de vivienda asequible. De ese total, 21.000 están destinadas a la venta a comunidades autónomas y ayuntamientos, mientras que 15.000 serán gestionadas por empresas privadas bajo el denominado Plan Viena, que ha sido reducido a 10.600 viviendas, según ha informado a este diario la portavoz de la PAH. "Además, 14.000 de esas viviendas están ya habitadas, de las cuales la Sareb asegura haber regularizado 10.000, aunque con contratos que, según denuncias como la de Giselli, contienen cláusulas ilegales", explica. 

La campaña Plan Sareb denuncia que "el 54% del listado de viviendas del banco malo anunciado por el Gobierno en 2023 no será destinado a vivienda pública ni asequible". Según Sonia García, el Plan Viena, a través del cual la entidad gestionará parte de estas viviendas, fija precios de alquiler que llegan hasta los 1.000 euros mensuales, mientras que el más bajo, de 500 euros, sigue siendo inaccesible para una gran parte de la población. Además, la portavoz de la PAH asegura que el resto de las viviendas incluidas en el plan son "alquileres precarios" o inmuebles que comunidades y ayuntamientos rechazan adquirir debido a su mal estado y elevados costes de gestión.

"Las 183.000 viviendas que el Gobierno ha presentado como asequibles incluyen 10.000 que provienen del Fondo Social de Viviendas creado bajo el mandato de Rajoy, junto con otras operaciones aún poco detalladas, como la operación Campamento o las viviendas de iniciativa privada que el Ejecutivo avalará con 6.000 millones de euros en ayudas", explica García. La portavoz de la asociación concluye que "el problema no se limita a la Sareb, sino que refleja el enfoque general de las políticas progresistas de vivienda, que en lugar de desmercantilizar este bien esencial, garantizan el beneficio privado de empresas, mediadoras, constructoras y propietarios del suelo".