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SEVILLA.- Santiago Romero, el catedrático de la Universidad de Sevilla condenado a seis años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de tres profesoras de su departamento, tenía clases esta mañana en la Facultad de Ciencias de la Educación. De 9.30 a 10.20 horas impartía clases teóricas de su asignatura, Voleibol, para alumnos de primer curso del Grado de Educación Física, y entre las 10.30 y las 11.30 horas, daba las prácticas en el centro deportivo de la facultad.
Sin embargo, Romero se enteró ayer por la prensa (antes que por su propio abogado) de que el Juzgado de lo Penal número 2, que había iniciado una investigación sobre una denuncia contra él por abusos sexuales hacía siete años, acababa de declararle culpable, condenándolo a prisión, y a pagar una indemnización global de 110.000 euros a las víctimas.
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El catedrático, que fue decano de la Facultad de Educación durante 13 años, envió un email a sus alumnos de Voleibol anunciándoles que se suspendían las clases de este martes, sin dar más explicaciones.
Lo que Santiago Romero tampoco sabía entonces es que el pasado lunes fue su último día como docente en activo de la Universidad de Sevilla, después de 40 años como profesor. Tras serle notificada la sentencia, el Rectorado de la Hispalense ha suspendido al catedrático de toda actividad académica con carácter inmediato (su asignatura la impartirá ahora otra persona) y, como medida cautelar, le prohíbe acceder a las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación que él mismo dirigió durante más de una década (otra persona tendrá que recoger sus pertenencias de su despacho).
La Universidad de Sevilla guardó silencio el lunes durante todo el día, mientras las redes sociales se hacían eco de la sentencia publicada en los medios de comunicación. Este martes por la mañana emitió un breve comunicado denunciando la “alarma social” que había generado la difusión de esta “supuesta sentencia”, que aún no se le había notificado oficialmente, a pesar de que la institución académica es parte perdonada en la causa. Fue la Hispalense, después de una investigación interna a raíz de la denuncia de las tres profesoras contra Santiago Romero, la primera en elevar el caso a la Fiscalía. Aunque la Universidad también ha sido condenada a indemnizar de forma subsidiaria a las tres víctimas, en caso de que el acusado se declare insolvente para hacer frente a la sanción de 110.000 euros que le ha impuesto el juez.
El claustro de la Universidad de Sevilla, reunido en la mañana del martes de forma ordinaria, no tuvo más remedio que abordar la condena a Romero, aunque no estaba previsto en el orden del día. La institución prefirió esperar a recibir la notificación oficial de la sentencia antes de iniciar el procedimiento para la expulsión del catedrático, aunque ya entonces fuentes de la directiva confirmaban que el Rectorado iba a “proponer que se reabriera el expediente de expulsión contra exdecano”.
El catedrático fue experimentado en 2012, cuanto culminó la investigación interna cursada por la propia Universidad, pero el procedimiento administrativo quedó paralizado cuando se abrió la vía judicial.
Susana Díaz: “Este es un rostro más del machismo, del acoso y de esa desigualdad real de quienes aún piensan que las mujeres son de su propiedad de ellos”
La expulsión del condenado por abusos no había sido todavía confirmada por el Rectorado, cuando la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, decidió intervenir durante un acto público en el que no estaba previsto que hiciera declaraciones (sólo habían sido convocados medios gráficos).
Díaz tildó de “intolerables” los abusos sexuales sufridos por tres profesoras a manos del catedrático y exigió “contundencia” y “ningún tipo de tibieza” a la Universidad de Sevilla, reclamándole que “ponga cuanto antes todas las medidas para que ese señor no vuelva a estar en un aula nunca más”. “Este es un rostro más del machismo, del acoso y de esa desigualdad real de quienes aún piensan que las mujeres son de su propiedad de ellos”, ha añadido Díaz.
La presidenta admitió desconocer las medidas que estaba planeando la Universidad de Sevilla en su autonomía, pero apremió a reaccionar con “firmeza para que este señor no vuelva a pisar ninguna otra universidad de nuestra tierra”.
Ha seguido dando clases
Santiago Romero fue apartado del departamento que dirigía, pero continuó y a día de hoy continua dando clases. “Si yo fuera madre de una alumna de primer curso, con 18 años, no permitiría que este profesor se acercara a ella”, relata Raquel, una de las víctimas que denunció las agresiones sexuales y que ahora habla tras un nombre falso. Los abusos, que la sentencia considera probados, tuvieron lugar hace nueve años, entre 2006 y 2010, pero las tres profesoras lo denunciaron hace casi siete.
Según el fallo, el acusado amenazaba a las víctimas con que perderían su puesto de trabajo, les impedía leer sus tesis o apuntarse a los grupos de investigación, les exigía aparecer como coautor de lo que ellas publicaban y les amedrentaba con represalias si no hacían lo que él les pedía.
La sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, describe cómo Romero aislaba a las víctimas, causándoles miedo, y cómo les practicó tocamientos dentro de su lugar de trabajo. “No puede obviarse la situación de superioridad a la que se viene haciendo referencia en relación a personas cuya mayor ilusión es la de desarrollar su carrera académica en la Universidad de Sevilla hecho este que, incuestionablemente, hace que las perjudicadas soporten sin denunciar situaciones que posiblemente en cualquier otro ámbito de sus vidas no hubieran aguantado ni un solo instante”, reza la sentencia.
El expediente de expulsión supone la retirada inmediata de empleo y sueldo, y además permitirá que dos de las tres profesoras que fueron víctimas de sus abusos (y que continúan en la Universidad) puedan recuperar su actividad académica normal. Actualmente sigue en vigor el plan de prevención que el Rectorado puso en marcha en 2012 para evitar que agresor y agredidas coincidieran en el mismo edificio, repartiendo los horarios de sus clases al 50%, para que él fuera por las mañanas y ellas por las tardes. Este protocolo se renueva dos veces al año, puesto que tiene vigencia para cada cuatrimestre del curso. En febrero tocaba volver a cuadrar los horarios de Romero con el de las profesoras víctimas, pero ya no será necesario.
Los abogados de las víctimas lamentan que la Universidad de Sevilla se negase hace siete años a expulsar a Romero de forma cautelar, manteniéndole en su puesto, algo que perjudicó psicológicamente a las tres mujeres. Todas ellas han estado de baja, durante más o menos tiempo, por ansiedad y depresión.
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