El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico hace un llamamiento a la calma y asegura que el Real Decreto de Envases que se está tramitando no pondrá en riesgo el cumplimiento de la Ley de Residuos. Según fuentes del gabinete dirigido por Teresa Ribera, el proyecto normativo que ahora está en el Consejo de Estado se ha elaborado para incorporar "los mecanismos necesarios para la implementación y el control de acciones, datos y objetivos" para reducir los desperdicios plásticos.

Este llamamiento llega después de que las organizaciones ecologistas hayan manifestado algunos temores por algunos aspectos del decreto, como la forma en la que se recabará la información sobre recogida de envases plásticos y sobre los índices de reciclaje. Según el decreto, serán los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) –Ecoembes es uno de los más poderosos y conocidos– quienes tengan capacidad de autoevaluar sus sistemas de contabilidad y reciclaje, y los datos recabados serán la referencia estatal y autonómica sobre recuperación de envasado.

Este punto es el que más preocupa a los grupos ecologistas españoles, así como a Unidas Podemos, pues consideran que los datos de Ecoembes distan de la realidad, ya que su contabilidad habla de un 87,3% de tasa de reciclaje, frente al 40% de los datos oficiales de Transición Ecológica.

Fuentes ministeriales aseguran a este diario que la contabilidad y los datos no estarán regidos por los intereses de los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor y del lobby del plástico, sino que dependerán de auditorías externas que garanticen la independencia de los datos. Transición Ecológica entiende que esto mejorará la transparencia del sector.

Sistema de Devolución y Retorno (SDDR)

El decreto que prepara Teresa Ribera servirá para establecer las bases metodológicas que regulen las estadísticas oficiales sobre reciclaje. La Ley de Residuos aprobada el pasado mes de abril establecía algunos objetivos de reciclaje y proponía alcanzar un 70% para 2023. Si este porcentaje no se alcanzaba, el Estado debería impulsar un Sistema de Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo similar al que ya funciona en la hostelería española con algunos envases de crista. Este mecanismo, que es un reclamo histórico de los colectivos ecologistas, permite que por los envases se devuelvan a los comercios una vez usados para después de su reacondicionamiento volver a ser utilizados y reducir así el número de residuos arrojados a los contenedores.

Los ecologistas creen que el modelo de contabilidad propuesto por el Real Decreto distorsionará y elevará las cifras de reciclaje a más del 70% en 2023 y que por tanto no se instaurará el modelo de devolución y retorno. Desde el Ministerio, sin embargo, señalan la necesidad "de mejorar la implementación de recogidas separadas y el tratamiento de residuos, para posteriormente evaluar datos y cumplimiento de objetivos, y en caso de no alcanzarlos, impulsar el citado modelo SDDR".

"El Proyecto de Real Decreto hace énfasis en la transparencia de los datos incorporando, entre otras medidas, la creación de la sección de envases en el Registro de productores de producto, que obligará a los envasadores a remitir anualmente la información sobre puesta en el mercado de envases, y la obligatoriedad para los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de remitir memorias e informes auditados tanto de datos como de gestión financiera también con carácter anual", recalcan desde el gabinete de Ribera.