Las trabajadoras gallegas de atención domiciliaria se rebelan contra la precariedad y las privatizaciones

Las trabajadoras gallegas de los servicios de atención a domicilio −Servizos de Atención no Fogar, SAF, en gallego− se manifestaron este sábado en la localidad lucense de Chantada reclamando condiciones laborales dignas así como la readmisión de sus compañeras despedidas por la empresas a la que el ayuntamiento, gobernado por el PP, ha subcontratado la prestación de esas tareas. En los últimos meses, varios ayuntamientos de la comunidad han anunciado su intención de emprender acciones similares.

Las trabajadoras denuncian que la privatización sólo persigue el lucro de los propietarios de las compañías beneficiarias de las privatizaciones, mediante la reducción de sus salarios y el correspondiente aumento de los márgenes de beneficio de aquéllas, en un sector que sólo se desarrolla y nutre de ingresos mediante los servicios que están obligados a prestar las administraciones públicas locales y cuya competencia, en último término, corresponde a la Xunta de Galicia.

"Los incumplimientos del convenio que padecemos son totales y absolutos", denuncia Rita Gallego, fundadora de la Plataforma Servizo de Atención no Fogar SAF Galicia y portavoz del colectivo. Gallego explica que tras la aprobación de la Ley de Dependencia en el año 2006, y con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia de la Xunta en el 2009, el Gobierno gallego fue impulsando la privatización de los servicios de atención domiciliaria, al igual que sucedió con las residencias de mayores.

Los beneficiarios de ese proceso privatizador serían empresas como Clece, la filial de ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, y como ServiSar, plataforma de servicios sociales del grupo Domusvi, en cuyas residencias en Galicia han fallecido centenares de personas durante la epidemia de Covid 19 −más de 2.000 en todas las que tiene en España, según algunos cálculos− y cuya gestión de la crisis sanitaria ha sido duramente cuestionada y criticada por la oposición gallega, que responsabiliza directamente a su consejera delegada en Galicia, Josefina Fernández, a quien relaciona con el entorno afectivo del presidente de la Xunta y del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.

Según explica Gallego, las trabajadoras de los servicios de atención a domicilio, mayoritariamente mujeres y a quienes se exige una titulación específica para desarrollar su trabajo, se enfrentan a una situación de precariedad y explotación inadmisibles. No llegan al salario mínimo interprofesional porque trabajan "por peonadas" por las que apenas ingresan entre 5 y 6 euros brutos por hora; no se les abonan los gastos de desplazamiento cuando tienen que moverse de un domicilio a otro; no se les proporcionan los medios necesarios para desarrollar un trabajo muy físico del que no pueden jubilarse hasta los 67 años y que no cuenta con catálogo de enfermedades profesionales pese a que suele provocar numerosos problemas músculoesqueléticos... "Ni siquiera podemos coger una baja por Covid-19 que se entienda como enfermedad laboral, a pesar de que somos personal sociosanitario y el segundo colectivo más afectado por la epidemia", señala gallego, quien advierte además de que se trata de un sector con una enorme incidencia de casos de acoso sexual para los que no cuentan ni con procolos ni con la ayuda o apoyo de sus empresas.

Por si fuera poco, las trabajadoras están viendo aún más constreñidas sus condiciones laborales cuando los ayuntamientos para los que trabajan subcontratan la prestación del servicio y se la entregan a empresas privadas, que no tardan en despedirlas si ven que con ello pueden reducir costes y, así, ganar más dinero.

Es el caso de Ángeles Poyán, una de las despedidas en Chantada. Primero trabajó en precario durante años para el Ayuntamiento, hasta que tuvo que recurrir a los tribunales para que una sentencia judicial declarara que era trabajadora indefinida. Poco después de aquello, el alcalde decidió privatizar el servicio y subrogarlas, a ella y a sus compañeras, a Samaín Servicios, una filial creada ex profeso para Galicia por Clece, la firma de Florentino Pérez −el Samaín es el equivalente gallego del Halloween anglosajón−.

"El alcalde [Manuel Lorenzo, del PP] nos vendió la moto de que íbamos a estar mejor, pero era mentira", explica Ángeles. Ella y sus compañeras, que cobran un salario neto que no llega a los mil euros mensuales, convocaron una huelga para tratar de evitar la privatización, pero la Xunta de Galicia salió en auxilio del alcalde y de Samaín Servicios para establecer unos servicios mínimos del 96%. No es la primera vez que el Gobierno de Feijóo ve cómo la justicia lo condena por dictar servicios mínimos desproporcionados para actividades que dependen de su competencia y cuyos trabajadores convocan paros. Pero lo cierto es que sigue haciéndolo consciente de que esa condena es meramente verbal, y de que, más allá de una nota en la prensa local, le compensa ese mínimo precio porque logra el fin que persigue: impedir que las trabajadoras ejerzan su derecho a la huelga de acuerdo a las condiciones que establece la ley.

Poco antes de que entrara en vigor la subrogación desde el Ayuntamiento de Chantada a Samaín Servicios, Ángeles sufrió un accidente doméstico que le provocó una lesión traumatológica que le impedía moverse. Sufragó un tratamiento acelerado de su bolsillo porque no le hacía gracia empezar así con la nueva empresa y quería empezar a trabajar cuanto antes, pero a principios del pasado mes de marzo la compañía le envió un burofax anunciándole que la despedía supuestamente porque su "rendimiento" había bajado. Samaín alegan algo imposible, puesto que ella se encontraba formalmente de baja desde antes de que la subrogación fuera efectiva. "Ni la empresa ni su mutua se preocuparon nunca por cómo estaba ni por lo que me había pasado", cuenta Ángeles. Poco después, una compañera suya fue despedida de igual forma y por idéntico motivo. Aunque, en su caso, se encontraba de baja por un accidente laboral, la empresa también decidió prescindir de ella.

"Además de irregular y de constituir como mínimo motivo de improcedencia, esa actuación es una medida para amedrentar al resto del personal, evitar que coja bajas y escarmentar a quien se atreva a reivindicar sus derechos", asegura la Confederación Intersindical Galega (CIG) en una nota de prensa. El sindicato califica el proceso de privatización como "una sucesión de despropósitos, hasta el punto de que la subrogación del personal se hizo sin ningún tipo de garantía ni para las trabajadoras ni para la prestación del servicio".

El diputado de Unidas Podemos por A Coruña Antón Gómez Reino, presidente de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Servicios Sociales y Migraciones del Congreso de las Diputadas, acaba de enviar una carta al alcalde de Chantada y a la consejera de Política Social de la Xunta, Fabiola García, en la que les advierte de que los despidos de las dos trabajadoras se han realizado "en circunstancias que pueden suponer una vulneración de sus derechos laborales".

"A los presuntos incumplimientos de las condiciones del convenio por parte de la empresa, tenemos que sumarle un exceso en las rotaciones del personal que influye en la temporalidad, parcialidad y precarización del trabajo, lo que provoca en muchos casos el deterioro de la salud y la aparición de patologías derivadas de las condiciones laborales", señala el diputado, quien añade que éstas son "cuestiones que repercuten no solo en las vidas de las trabajadoras, sino que también afectan a la calidad de la atención que reciben las personas en situación de vulernabilidad cuyo bienestar depende de este servicio".

Pocos días después de esos despidos, la consjera de Política Social de Feijóo, Fabiola García, alabó la labor de las trabajadoras de los servicios de atención a domicilio durante la pandemia en un acto convocado para homenajearlas en el municipio pontevedrés de Mos, gobernado también por el PP. Pero no se refirió a las demandas planteadas por el colectivo.

Tras la concentración de este sábado, las trabajadoras, alrededor de 5.000 en toda la comunidad según la plataforma que defiende sus derechos, se manifestarán de nuevo la semana que viene en Ourense.