Las asociaciones vecinales de Madrid vuelven a tener otro frente de batalla abierto. La pandemia trajo primero las fiestas ilegales en los pisos turísticos y ahora el foco está puesto en las terrazas: la proliferación de las mismas en las calles de la capital durante el último año está afectando seriamente a la paz y la tranquilidad de los vecinos, hartos ya de sufrir a diario el ruido, la falta de espacio en las aceras, las broncas, la suciedad, la ocupación del espacio urbano e incluso el vandalismo.

Aunque en realidad ya llueve sobre mojado. "Con la llegada de la pandemia se ha agudizado un problema que ya sufríamos antes", apunta Víctor Rey, presidente de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, en pleno corazón de la ciudad.

En la ciudad de Madrid, según cifras publicadas por el Ayuntamiento, hay 6.276 terrazas a día de hoy. Con la llegada de la pandemia, y tras el final del confinamiento de la primavera de 2020, el Ayuntamiento de Madrid tuvo claro desde el principio que había que salvar a la hostelería y para ello qué mejor que ampliar muchas de las terrazas y dar licencia a otras nuevas. Un año después, en las calles madrileñas hay 953 licencias terrazas más y otras 2.000 se han ampliado. Unas 3.000 en total, entre terrazas ampliadas y de nueva creación, según reconoció el pasado 14 de mayo la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís.

Fue precisamente Villacís quien cortó una cinta de forma simbólica el pasado 25 de mayo de 2020 para escenificar el apoyo a la hostelería. Comenzó entonces una expansión al aire libre de los bares y restaurantes madrileños impulsada por la bonificación al 100% de la tasa municipal de terrazas del años 2020 y 2021 y las facilidades burocráticas para obtener las licencias. Además, se permitió y aún se permite, instalar terrazas en zonas donde antes estaba prohibido: sobre plazas de aparcamiento, esquinas y zonas terrizas además de que se dio luz verde a sobrepasar incluso la extensión de la fachada del local. Medidas extraordinarias en tiempos de pandemia que se han ido prorrogando sucesivamente hasta que termine el año 2021.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que el 1 de enero de 2022 expiran estas medidas extraordinarias y que trabaja en una nueva normativa. Sin embargo, han surgido las primeras grietas: mientras que Villacís es partidaria de ampliar las medidas anticovid más allá del comienzo del año que viene, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, más contemporizador, afirmó tras reunirse con las diferentes asociaciones de hosteleros de Madrid, que su equipo trabaja en "la modificación de la ordenanza para garantizar la convivencia vecinal y dar un marco de estabilidad".

Pero entre las asociaciones de vecinos empieza a cundir el hartazgo y la impaciencia. "En estos momentos, las terrazas en Madrid están fuera de control. Se incumplen a diario las ordenanzas, los horarios y el nivel de ruido es francamente insoportable", afirma Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Villalobos denuncia la impunidad de buena parte de las terrazas que pueblan las calles de Madrid. "Los incumplimientos y los abusos están sucediendo en toda la ciudad y a cualquier hora, no sólo en el centro. El sector hostelero cuenta con el respaldo de las autoridades y tiene la sensación de que haga lo que haga no le va a pasar nada. Nadie está haciendo esa labor de control y seguimiento", abunda el representante vecinal.

De hecho, Villalobos afirma que ahora la mayoría de los establecimientos hosteleros "tienen un número de mesas superior al que tenían antes de la pandemia". Lo explica así: "Primero se sacó la actividad fuera, pero la actividad en el interior se ha recuperado también algo, por lo que si suman las mesas de dentro y de fuera vemos ahora que tienen más mesas que antes".

Víctor Rey introduce un matiz y señala que no todos los establecimientos incumplen las normas, pero coincide con Villalobos en que hay mucha impunidad. "La hostelería es un sector muy homogéneo. Hay diferentes pequeños establecimientos que muy vecinales, muy de barrio, que sí suelen cumplir. Los peores son los más grandes, los que suelen pertenecer a algún grupo empresarial, que practican un hostelería expansiva y agresiva".

Tanto Rey como Villalobos coinciden en que "las terrazas están condicionando la vida de muchos vecinos". El presidente de la FRAVM hace un rápido pero contundente repaso de los abusos: "Cualquiera que se dé un paseo verá cómo las terrazas tienen mesas y sillas por encima de lo autorizado, incluso con las medidas extraordinarias de la covid. Las terrazas se instalan impidiendo el acceso a mobiliario urbano como bancos públicos; el propio mobiliario de la terrazas se deja almacenado en la vía pública a cualquier hora encadenado al mobiliario urbano, cosa que no permite la ordenanza. Al día siguiente, la suciedad acumulada es brutal. Esto son cosas menores, pero si empezamos a mirar con con más detenimiento vemos que se junta mesas, se pone música a todo volumen y se ponen hasta televisores en plena calle. Todo ello genera un ruido insoportable que afecta al derecho a la salud y el descanso de los vecinos".

Ante este escenario, Villalobos lamenta que, mientras el alcalde Almeida se reúne "sin ningún tipo de problema" con las principales asociaciones de hostelería de Madrid, los vecinos apenas son escuchados. La interlocución con el Ayuntamiento está cogida por los pelos. Hemos tenido un par de conversaciones con Borja Carabante, el concejal-delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Todavía no se ha abordado ningún problema concreto, más allá de que hay que intentar que esto mejore y que no vaya a más, pero no nos hemos sentado como tal a negociar una solución. Está claro que la hostelería se reúne con Almeida y Villacís como y cuando quiere, pero desde luego hoy por hoy los vecinos no tenemos ese lujo".

De las conversaciones con Carabante apenas ha salido un compromiso de reportar al Ayuntamiento un listado de las calles donde más se sufre el problema. En ese listado estará sin duda la calle Ponzano, en el distrito de Chamberí, verdadero epicentro del conflicto. Pilar Rodriguez, portavoz de la Asociación Vecinal El Organillo y vecina de Ponzano, describe lo que se vive en esa calle como "un desmadre total".

Rodríguez, una de las más críticas con las terrazas, asegura que el diálogo con el Ayuntamiento "es cero" pese a que en el distrito de Chamberí es "donde más terrazas se han abierto durante la pandemia, un 32% del total". La portavoz vecinal apunta directamente a Javier Ramírez, el concejal del distrito, "que es quien autoriza las nuevas terrazas y no se ha reunido con nosotros". 

Rodríguez asegura que en El Organillo están dispuestos a hablar, "pero no desde la situación actual, sino desde la ordenanza que había en mayo de 2020", aunque tampoco quiere negociar una nueva ordenanza con los hosteleros. "Eso deben hacerlo los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Madrid, que representan a todos lo ciudadanos, los que están a favor y en contra. Nosotros solo queremos que se nos escuche", afirma Rodríguez.

La representante vecinal de Chamberí sostiene que el problema de las terrazas es un problema integral que afecta a muchos colectivos, no solo a los vecinos y los hosteleros: "Están los comerciantes, el transporte, los servicios de emergencias y otros".

Rodríguez explica que en su calle las terrazas han ido ocupando un espacio cada vez mayor, hasta bloquear entradas en los portales y en los comercios, además del ruido que se produce en "la juerga continua que hay entre jueves y domingo, aunque hay ahora hay lío todos los días". Rodríguez asegura que hasta algunas discotecas tienen terrazas.

Cuando se le pregunta a Rodríguez si la presencia de la Policía Municipal sirve para algo, al menos en su calle, su respuesta es tajante: "Para nada". "Tenemos todos los días dos coches patrulla y los agentes acaban cabreados a más no poder porque están todo el día dando vueltas por el barrio y no les vale para nada. En Chamberí la Policía Municipal ha puesto miles de propuestas de sanción, pero quien tiene que ejecutar es la Junta de distrito, el concejal Javier Ramírez, y éste no hace nada".

Rodríguez apunta otro problema: el de la incapacidad de la Policía Municipal para hacer frente al alud de llamadas por ruido en la calle. "Intenta llamar al 092 un viernes o un sábado por la noche. Si tienes la paciencia de esperar 10 ó 15 minutos a que te atiendan, te dicen que no dan abasto". El pasado mes de abril, la Policía Municipal realizó 2.2295 inspecciones en locales públicos y propuso 3.850 denuncias para sanción. Cifras importantes pero insuficientes.

Para solucionar el descontrol actual, Villalobos cree que "todo lo excepcional tiene que desaparecer". "Nosotros abogamos por que se cumpla la ordenanza actual y por que se cumplan íntegramente las llamadas Zonas de Protección Acústica Especial. Para ello es imprescindible que se aumente la vigilancia y el control y hace falta que, por ejemplo, la Policía Municipal haga cumplir la ordenanza de terrazas". El problema, en cualquier caso, no parece fácil ni inminente. "Es lo que hay", concluye con resignación Pilar Rodríguez.