Era una antigua reivindicación de las organizaciones sindicales —y del sector agrario en particular— que la reforma laboral del Gobierno de coalición ha hecho posible. La mayor parte de los contratos temporales han sido sustituidos por ley por fijos discontinuos y, entre los trabajadores del campo, este cambio normativo llevó aparejado nuevos derechos hasta ahora negados.

Esos mismos derechos empiezan ahora a regir para las más de 10.000 temporeras marroquíes que llegan cada año a la campaña de recolección de frutos rojos de Huelva, donde son habituales las irregularidades, la desprotección y el desconocimiento de las condiciones por las trabajadoras. Es uno de los mayores avances en materia laboral para este colectivo tan invisibilizado y desprotegido.

El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social informó esta semana de que ya han llegado a la provincia andaluza 3.888 trabajadoras en el marco del programa de migración circular de Gestión Colectiva de Contratación en Origen (GECCO). Se espera que este año, el contingente de empleadas vuelva a batir récord, con unas 16.700 jornaleras extranjeras, también procedentes de Ecuador y Honduras. Además, el programa se extiende este año a las provincias de Albacete y Segovia, a donde llegaran otras mil trabajadoras para empleos en el sector agrario.

La normativa, especifica el Ministerio, ahora obliga a las empresas a que sus contratos sean fijos discontinuos en lugar de eventuales, lo que en la práctica debería garantizar varios aspectos fundamentales para este colectivo, tradicionalmente sometido a la incertidumbre en cada temporada y bajo el temor a no ser llamadas al año siguiente por diferentes motivos.

"No tenía sentido garantizar la estabilidad del empleo en el sector agrario y dejar fuera a los trabajadores que vienen del extranjero, en especial a las trabajadoras, porque es un sector muy feminizado y son pieza esencial del modelo productivo a través de la contratación en origen", asegura a Público Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social.

La última encuesta de población activa ya reflejó una reducción del 15,6% en la temporalidad del sector agrario español, "en línea con el resto de Europa", precisa Pérez.

El departamento de Yolanda Díaz siempre mostró especial interés por dotar de más protección al colectivo de jornaleras marroquíes, y los nuevos contratos avanzan en esa línea. "Suponen equiparar completamente a las trabajadoras extranjeras y a los españoles en cuanto a que tiene una relación laboral fija, pero también creemos que tendrá un impacto indirecto en la protección ante posibles abusos, laborales o de otro tipo", apostilla Rey. "Se acaba el modelo de usar y tirar, porque serán las mismas trabajadoras las que, por ley, tendrán que volver al año que viene", precisa.

La patronal agraria, sobre todo la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASJA) se mostró muy combativa con esta consecuencia de la reforma laboral de Díaz, aunque no parece que haya frenado la contratación de trabajadoras en origen. Si el año pasado llegaron 12.300, esta campaña serán casi 5.000 más.

"El cambio es sustancial porque las convierte en indefinidas y, por lo tanto, la empresa está obligada a contratarlas al año siguiente salvo que haya una causa justificada", explica Julia Perea, secretaria general de CCOO de Huelva. Según esta experta, la nueva normativa hace prácticamente innecesario el proceso de selección que se lleva a cabo en Marruecos, totalmente opaco y condicionado a que las trabajadoras tengan cargas familiares que las obliguen a volver una vez acabada la campaña.

Antigüedad y despido más caro

También acumulan antigüedad, un criterio que debe regir en las empresas a la hora de contar con ellas cada año. Las empleadas que más tiempo lleven tienen que ser llamadas en primer lugar para trabajar y también son las últimas en cesar en caso de que haya causas justificadas para extinguir contratos.

Además, ahora el despido se encarece con una indemnización según convenio y días de trabajo por cada año. Hasta la entrada en vigor de la reforma laboral, bastaba con finalizar el contrato para dar por extinguida la relación laboral. "En resumen, este cambio da estabilidad y seguridad en el empleo a estas trabajadoras. Les hace más fácil organizarse y planificar su economía y su tiempo. Y también les debería dar más confianza a la hora de reivindicar sus derechos o denunciar irregularidades", considera Perea.

Es el miedo a perder el empleo, junto a la falta de información sobre las condiciones, lo que lleva a que muchas de las temporeras a no denunciar incumplimientos flagrantes de los contratos. El colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, que ejerce de pequeño y combativo sindicato a pie de finca, atendió en 2022 a 56 trabajadores marroquíes (41 de ellas contratadas en origen). Entre las irregularidades denunciadas estaban el incumplimiento de la jornada laboral y el pago de horas extra como horas ordinarias. También se les descontaban de la nómina gastos suministro eléctrico y de agua y casos en los que no se pagaba el salario mínimo, entonces en 51,12 euros por jornada.

Perea recuerda que, junto a la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo ha introducido cambios en la ley que regula la Inspección de Trabajo, modificando las sanciones por irregularidades detectadas en empresas. "Si en una inspección se detectaba que había 25 contratos en fraude de ley, se contabilizaba como una única irregularidad y así se sancionaba. Ahora, en el mismo caso, serían 25 irregularidades con multas que pueden llegar hasta los 2.000 euros cada una", explica Perea.

Por otra parte, también ha habido novedades en la orden GECCO del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social que se unen a la reforma del Reglamento de Extranjería del año pasado. Las temporeras contratadas en origen tendrán un permiso de residencia en España de cuatro años de duración. Cada año pueden trabajar hasta nueve meses ininterrumpidos, siempre en el mismo sector laboral, pero con el compromiso de que volverán a su país antes de esos nueve meses de permiso. Es decir, que pueden encadenar contratos con otras empresas una vez que están en España hasta que agoten el tiempo de permanencia.

Si cumplen con el retorno obligatorio a su país durante las cuatro campañas, después pueden acceder a un permiso inicial de residencia y trabajo por dos años prorrogables, siempre que tengan un contrato con determinadas condiciones. 

Para el secretario de Estado, 2023 será clave para analizar el impacto de esta medida en el colectivo de temporeras marroquíes. Para los sindicatos, uno de los mayores retos siguen siendo el mismo: la información. "Siempre detectamos que estas mujeres vienen sin conocimiento de sus salarios y sus condiciones. Aunque se les tiene que dar un precontrato en Marruecos y una copia del contrato en España, en la mayoría de casos no nos consta", asevera Perea.